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Opinión
¿Por qué 150,000 muertos no son suficientes para sancionar internacionalmente a México?
Para nadie es noticia que México es uno de los países más violentos del mundo, y que la estrategia de seguridad militarizada que inició Felipe Calderón ha provocado la muerte a más de 150,000 personas asesinadas, 300,000 desplazadas y cerca de 30,000 desaparecidas.
Es una cifra mayor a la de países que viven o padecieron conflictos considerados en su momento como históricamente sangrientos.
Un ejemplo es la Guerra de Los Balcanes, en los años 90. El principal responsable, el ex presidente de Serbia Slobodan Milo?evi?, fue juzgado por genocidio en la Corte Penal Internacional de La Haya.
El conflicto, reseñado en películas, documentales, libros y reportajes provocó la muerte de 100,000 personas. Un saldo menor al saldo que provocó Calderón con su ?guerra contra el narco?.
Pero en México nadie ha sido sancionado como Milo?evi?. Y no por falta de herramientas jurídicas.
Porque desde 1949, cuando nació la Organización de Naciones Unidas, el Estado mexicano ha firmado 210 convenios, protocolos, acuerdos, declaraciones, actas, estatutos, convenciones, conferencias y enmiendas internacionales sobre protección a derechos humanos.
Prácticamente todos coinciden: quienes firmen los acuerdos están obligados a garantizar la vida de las personas dentro de su territorio.
Ciertamente, algunos convenios son enunciativos, es decir, depende de la voluntad del Estado para aplicarlos, o se refieren a temas muy específicos.
Pero otros incluyen sanciones, como el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos.
El primer artículo del convenio establece: ?El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo?.
Si México no cumple con este principio elemental la Unión Europea puede cancelar el tratado que se firmó en 1996, y cerrar la puerta a un mercado de 500 millones de personas.
Pero no lo ha hecho, a pesar de que en los últimos años varios eurodiputados han denunciado la violencia creciente en el territorio de su socio comercial.
El único que ha sancionado al Estado mexicano es Estados Unidos, con base en la Iniciativa Mérida, vigente desde 2008.Se trata de un programa de asistencia militar y de inteligencia para combatir el tráfico de drogas en México.
Una de sus cláusulas establece que el 15% de los fondos asignados cada año están sujetos al respeto a los derechos humanos en el país. Si esto no ocurre la entrega de esa parte del dinero se cancela, como ocurrió en 2015.
Ese año, el gobierno del entonces presidente Barack Obama no pudo confirmar que su vecino cumplió con los criterios internacionales en el respeto a la vida de las personas.
Algo difícil en ese momento: el 30 de junio de 2014 el Ejército ejecutó a 22 personas en un rancho del municipio de Tlatlaya, Estado de México. Y casi 15 meses después, el 26 de septiembre de 2015, desaparecieron en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Son dos de los casos más graves en violación a derechos humanos en la historia reciente de México, pero la sanción estadunidense al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue menor al tamaño del escándalo.
Por eso, en octubre de 2015, el Senado de Estados Unidos retiró cinco millones de dólares del presupuesto asignado a la Iniciativa Mérida, que fueron reasignados a Perú.
La cancillería mexicana rechazó ?cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en el país?. Pero hasta allí. En términos reales el ?castigo? estadunidense no afectó para nada las operaciones contra el narcotráfico.
Cuando se implementó, el Congreso de ese país asignó 1,600 millones de dólares como presupuesto durante toda la vigencia del Plan Mérida. Pero tan sólo en 2015 México gastó 13,000 millones de dólares en sus operaciones contra la violencia y el tráfico de drogas.
La decisión de cancelar cinco millones de dólares parece muy lejana a una sanción real, aunque a Obama le sirvió para enviar el mensaje ?interno y externo- de que estaba atento a la situación de derechos humanos con su segundo socio comercial.
Para el presidente Peña Nieto representó una oportunidad de reivindicar la histórica posición mexicana anti intervencionista, aunque realmente en política interna le granjeó pocas décimas de popularidad en su imagen.
Nada nuevo. Maniobras políticas como ésta son una de las claves de la navegación que a México le ha permitido sobrevivir a la crítica diplomática por décadas. Con un añadido que se incorporó desde 1994: el dinero.