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Opinión
Macri imputado por aumentar tarifas del gas: ¿Buscó beneficiar a corporaciones amigas?
Por Gabriel Fernández | La Señal Medios |
Interesa ir al fondo de la denuncia. Síganos hasta el final, por favor. Como se sabe, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía Juan José Aranguren fueron imputados en una causa en la que se investiga si el aumento de tarifas en el servicio del gas aplicado el año pasado buscó favorecer a empresarios del rubro energético cercanos al gobierno, entre los cuales figuran Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin. El fiscal federal Franco Picardi pidió al juez Sebastián Casanello que desarrolle la investigación surgida de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones administrativas que orienta Sergio Rodríguez: en 2016 advirtió sobre un posible caso de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho.
¿Por qué? La familia Caputo tiene el 23 por ciento de la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), la segunda generadora del país, con intereses también en el eslabón de la distribución eléctrica y gasífera. En generación, la firma cuenta con acciones en Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración, mientras que en distribución posee intereses en Edesur y controla Ecogas, principal accionista de Gas Cuyana y de Gas del Centro. Otra de las beneficiadas fue Pampa Energía, presidida en Argentina por Marcelo Mindlin, bajo la órbita del grupo Tavistock de John Lewis, el magnate británico en cuya casa Macri pasó Semana Santa el año pasado.
Entre los accionistas de Sadesa figuran además Carlos Miguens Bemberg, con el 33,9 por ciento de las acciones; Caputo con el 23, Guillermo Reca, con el 22,5; los empresarios Escasany, con el 13,6; y los hermanos Ruete Aguirre, con el 7 por ciento. El presidente de Sadesa es Miguel Reca, un ex ejecutivo de Merrill Lynch, otro amigo de Mauricio Macri que suele frecuentar la quinta de Los Abrojos para los partidos de fútbol con el equipo del Cardenal Newman.
El aumento de tarifas fue acordado entre Macri y Pampa. Pampa Energía, la mayor empresa del mercado eléctrico, es amiga del gobierno liberal conservador: Luis Caputo, actual ministro de Finanzas, fue su gerente general durante diez años. A su vez, Pampa adquirió recientemente la firma Iecsa, que estaba en manos de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. El ascenso de Calcaterra a jefe de la banda familiar en 2007 coincidió con el lanzamiento político de Macri en la ciudad de Buenos Aires.
Las sociedades controladas por Calcaterra, Iecsa y Creaurban, se convirtieron ese año en el Grupo ODS cuando la firma italiana Ghella entró como accionista y socia del empresario. El holding ahora quedó en manos de Pampa. La empresa de Mindlin tiene a su vez participación de Lewis, el millonario que obstaculizó los ingresos al Lago Escondido tras construir una mansión de 8 millones de dólares, alojó en su casa a Macri y su mujer cuando acompañaron al sur al entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama. Por entonces Lewis obtuvo una licitación del gobierno de Río Negro para construir una represa energética en el Río Escondido, que proveerá de electricidad a la zona de El Bolsón.
Bien; en realidad la cuestión ya no es si se realizó un alza en los precios del gas para favorecer a empresas cercanas, aunque resulte bienvenida cualquier decisión que facilite una revisión de los aumentos, sino en la misma incompatibilidad entre la función pública y la privada por parte de los que ejercen el funcionariado. No está mal la presentación judicial, pero es ostensible que al menos Macri y Aranguren no están habilitados para formar parte de un gobierno constitucional por el vínculo que tienen con corporaciones particulares. Tomando el hilo de razonamiento expuesto por la propaganda mediática durante dos años ?y adoptado como bueno por una parte del Poder Judicial- hasta la ligazón entre un presidente y su chofer puede acarrear investigaciones? ¿qué decir de quienes directamente tienen intereses en firmas que necesitan extraer recursos y determinaciones ligadas a los recursos del Estado?