El relator de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Michael Lynk, acusó al Parlamento de Israel de querer "robar" propiedad privada de los palestinos al aprobar un proyecto de ley para legalizar los asentamientos judíos en esos territorios.
El relator se mostró "profundamente preocupado" por el proyecto de ley -aprobado en primera lectura en el Parlamento el pasado 16 de noviembre- de legalizar más de 100 asentamientos judíos temporales establecidos ilegalmente en tierras privadas palestinas en Cisjordania, en contra de las órdenes del Tribunal Supremo israelí.
Hasta ahora, esas colonias son consideradas ilegales para la ley israelí y "su ?legalización? retroactiva será otro tornillo en el ataúd de la solución de dos Estados", se lamentó el experto.
El proyecto de ley promovido por el Ejecutivo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intenta, entre otras cuestiones, impedir la evacuación a finales de año del "protoasentamiento" de Amoná, en Cisjordania, como ha establecido el Tribunal Supremo israelí tras dictaminar que está construido en tierra palestina privada.
Link advirtió de que, si el borrador de ley se adopta definitivamente, permitirá que el Israel se apropie de tierra privada palestina y la regularizará para que la usen los colonos judíos, algo prohibido por la ley internacional.
"Estos asentamientos socavan el derecho de los Palestinos a la autodeterminación; violan sus derechos a la propiedad, libertad de movimientos y de desarrollo; les sigue confinando en porciones de territorio cada vez más pequeñas y no contiguas en su propio territorio", indicó.
Lynk recordó que un poder ocupante no puede transferir su población civil al territorio ocupado y que esta medida viola la cuarta Convención de Ginebra, así como múltiples resoluciones de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad.
El relator alertó de que varios miembros del Ejecutivo hebreo estén activamente promoviendo dicha legalización y otras anexiones en Cisjordania, y no acatando la sentencia del Tribunal Supremo que pidió la evacuación de Amona antes del 25 de diciembre.
"La comunidad internacional debe ser muy clara con el Gobierno de Israel. La anexión de territorio ocupado sería una profunda violación de la ley internacional. Si Israel procede, la comunidad internacional debería estar preparada no solo para condenar esta acción, sino también para adoptar medidas adecuadas para revertir estas violaciones", concluyó Lynk.
El Gobierno israelí viene realizando acciones totalmente provocativas, como el anuncio de la apertura en el mes de julio de un concurso público para construir 800 nuevas viviendas en asentamientos judíos en territorio palestino ocupado y el anuncio de construir un muro subterráneo en Gaza para evitar que los palestinos realicen túneles por donde poder cruzar.
Fuente: La Izquierda Diario