La maldición de los recursos y el caso extremo del Congo

La República Democrática del Congo es el país más grande del continente africano después de Sudán. Es considerado un país megadiverso, ocupando partes de los Grandes Lagos de África o de la Selva del Congo, y albergando uno de los mayores índices de biodiversidad del planeta, si bien tan solo un 12% de su territorio está protegido según datos oficiales. El país es además muy rico en recursos minerales diversos como el oro, el diamante o el cobre, entre otros, y dispone del 80% de las reservas mundiales estimadas de coltán, un compuesto estratégico para el avance tecnológico gracias a sus propiedades, con aplicaciones en los campos de la telefonía móvil, la fabricación de ordenadores, videojuegos, armas inteligentes, e incluso en medicina, industria aeroespacial o la levitación magnética, y que constituye una de las causas principales de los conflictos bélicos que tienen lugar en el centro del continente africano. Siendo uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, se encuentra a la vez entre los menos desarrollados (ocupa el penúltimo puesto en el Índice de Desarrollo Humano). Esta aparente contradicción es comúnmente conocida como la "maldición de los recursos" o la ?paradoja de la abundancia?.

Algunos indicadores socioeconómicos

En primer lugar, queremos hacernos una idea de la capacidad del estado de proveer bienestar a sus ciudadanos tras 40 años de régimen de Mobutu y dos guerras especialmente devastadoras para las estructuras del país. Pese a la gran riqueza de recursos que posee su territorio, su PIB per cápita es el más bajo del mundo, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del CIA World Factbook también es uno de los países más desiguales del mundo. Mientras el 20% más rico acapara más del 50% de los ingresos del país, el 20% más pobre se queda en un 5,5% según datos del BM en 2006. A la hora de cubrir las necesidades más básicas de su población como son la alimentación, la sanidad o la educación, el estado de la RDC se muestra claramente incapaz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lo considera como uno de los países con déficit alimentario, y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) cifra ese déficit entre un 30 y un 40% con respecto a la producción del país. El acceso a la sanidad está restringido para una gran mayoría de la población en un país especialmente azotado por epidemias como el sida, el ébola, la malaria o el cólera. La escasa inversión del estado, la escasez de personal preparado, el sistema de recuperación de costes que requiere el pago por parte de los pacientes de la atención sanitaria que reciben y las largas distancias que tienen que recorrer para llegar a un centro de atención, dan como resultado un escenario deficiente, en el que la esperanza de vida es de 48,7 años (PNUD 2013) y la mortalidad infantil (menores de 5 años) se encuentra cercana al 20%. El acceso a la educación constituye otro de los grandes fallos del estado congoleño. La educación primaria no es obligatoria, ni gratuita ni universal, por lo que una gran mayoría de la infancia se ve privada de ella. Las infraestructuras energéticas también presentan graves deficiencias, haciendo imposible el suministro a buena parte de su población. Las redes de comunicación son escasas y tienen carencias importantes debido a la falta de inversión, haciendo muy difícil el desplazamiento de los ciudadanos dentro de su territorio. Pese al crecimiento del PBI desde 2010, en parte gracias a la condonación de una parte importante de su deuda externa por parte del FMI, a las misiones del propio FMI y el BM para elaborar un plan económico viable, y la importante inversión por parte de empresas estatales chinas en infraestructuras, el nivel de vida de su población se encuentra muy lejos de mejorar de manera efectiva. La existencia de una élite que sigue usurpando la riqueza de la nación para depositarlos en el extranjero impiden de manera recurrente sus posibilidades de desarrollo.

Una situación de inseguridad permanente

Los conflictos internos de la RDC están muy relacionados con la riqueza de recursos naturales del país y los intereses que distintos actores tienen sobre la explotación de los mismos. Las llamadas Primera y Segunda Guerra del Congo fueron financiadas con la extracción ilegal de minerales como el coltán, casiterita o diamantes. La primera para echar a Mobutu del poder, y la segunda para afianzar a los rebeldes, han creado un clima de conflicto continuo desde 1996 que ha revertido en una inseguridad endémica para su población. Pero los conflictos no solo atañen a actores internos. El interés de gobiernos y empresas occidentales juega un papel clave en la financiación del conflicto, ayudando a perpetuarlo. Además, sus vecinos africanos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la segunda guerra, llegando en algunos casos a desarrollarse conflictos paralelos como es el caso de Uganda, que financiado por EEUU tomó el control de zonas mineras de la RDC en 1998, y actualmente sigue exportando importantes cantidades de coltán y otros minerales robados. Otros estados como Zimbabue y Uganda también explotan minerales dentro del territorio de la RDC. En este escenario de guerra permanente, la capacidad del estado de proporcionar seguridad a sus ciudadanos es prácticamente nula. Desde la caída de la dictadura en 1996 el saldo de la Guerra Civil es de más de 5 millones de muertos según estimaciones de International Rescue Comitte. Las agresiones sexuales se usan de manera sistemática como otra arma más del conflicto. Es complicado encontrar datos del número de refugiados desplazados huyendo de la violencia y las continuas violaciones de derechos humanos en las zonas de conflicto, pero según cálculos de Acnur, han asistido a casi 3 millones de personas hasta el año 2013. El papel de las ONG ha sido clave para que las consecuencias humanitarias no hayan sido aún más dramáticas. La riqueza de recursos naturales, lejos de haber servido al estado para proporcionar bienestar a sus habitantes, ha sido una fuente continua de conflictos e intereses opuestos especialmente durante las últimas décadas.

¿Cómo se organiza políticamente?

La RDC se define en su propia Constitución como un ?estado de derecho, independiente, soberano, unido e indivisible, democrático y laico?, pero está muy lejos de poder ser considerado una democracia. En el índice de democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit, ocupa el puesto 159, con solo 8 estados por debajo, y queda enmarcado dentro de los países reconocidos como regímenes autoritarios. Algunos de los indicadores más relevantes de este índice miden, por ejemplo, si las elecciones nacionales son realmente seguras, libres y justas, el nivel de influencia del exterior sobre las políticas gubernamentales, la capacidad real de los funcionarios civiles de implementar políticas, o la transparencia del funcionamiento del gobierno. En las últimas elecciones de noviembre de 2011, según la Misión Electoral de la Unión Europea en la RDC se produjeron múltiples atentados contra las libertades, especialmente la libertad de expresión y de manifestación. La Misión de Observación Electoral de la UE constató que se produjeron discriminaciones de voto a las mujeres, a pesar que en su Constitución la RDC consagra el sufragio universal directo y el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Por otro lado, Amnistía Internacional ha documentado casos en los que se ha intimidado, amenazado o detenido arbitrariamente a periodistas. En la RDC existe una corrupción sistemática documentada por el Grupo de Expertos de la ONU encargado de investigar la explotación ilegal de recursos y que incluye sobornos, fraude fiscal, violación de sanciones, malversación, extorsión, opciones de compra empleadas como comisiones o bonificaciones y desvío de fondos públicos. En el índice de corrupción elaborado por la firma Maplecroft Global Risk Analytics la RDC ocupa el primer puesto en la lista mundial. Algunos autores han documentado las conexiones que existen entre compañías multinacionales y el tráfico ilegal de coltán, y se ha denunciado que la problemática reside en los intereses de la comunidad internacional en el mantenimiento de regímenes corruptos en el poder para favorecer los beneficios que les ofrece la explotación ilegal de recursos en el país. Todos estos datos en su conjunto nos muestran a la RDC como un estado fallido. No es de extrañar pues, que según el índice de estados fallidos elaborada por la ONG Fund for Peace, que contiene muchos de los indicadores citados aquí, la RDC encabece la lista junto con Sudán.

Llegados a este punto, ¿hay algo que se pueda hacer?

Sin una voluntad real del gobierno, y del resto de actores internacionales implicados, de acabar con la corrupción, se hace difícil plantear una salida a los problemas políticos, sociales, económicos y ambientales que sufre la RDC. Una posible tregua a la explotación ilegal de coltán puede llegar a través de la investigación de nuevas tecnologías como el grafeno, un material sintetizado artificialmente, abundante y económico, y que se prevé que pueda substituir al coltán en el futuro. Pero la mejora de la situación en la RDC pasa por su estabilización política y la adopción de instituciones y procesos realmente democráticos que posibiliten a la fragmentada sociedad civil congoleña elegir sin injerencias e intereses externos. Un estado con tanta diversidad étnica y cultural podría organizar mejor la gestión de sus recursos de una manera descentralizada y apegada a las necesidades locales de su población. La estabilización política, así como un pacto con sus estados vecinos que establezca el monopolio de la explotación de los recursos dentro de su territorio por parte del estado congoleño, son condiciones necesarias para que el gobierno desarrolle las estructuras necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar económico de su población. Sin la fuerza suficiente por parte de las autoridades estatales no será posible garantizar el cumplimiento de la ley, ni el respeto a los derechos humanos, además de hacer imposible la correcta redistribución de las riquezas del país para combatir la situación de extrema pobreza y conflicto social en la que se encuentra sumergido. La comunidad internacional tiene un papel importante a la hora de hacer cumplir la legalidad internacional y hacer respetar la soberanía de la RDC sobre la explotación de las riquezas en su territorio. A pesar de todas estas dificultades, si se consigue que los recursos se destinen a mejorar las infraestructuras del país, se lucha por respetar la ley en todos los niveles sociales y se potencia la calidad democrática de las instituciones, se creará un escenario propicio para que la RDC pase de una condición de estado fallido a ser un estado débil que poco a poco pueda desarrollar las características de un estado fuerte. Los recursos naturales, que debían ser parte de la solución como fuente de riqueza para la nación y sus ciudadanos, se convierten en esta especie de maldición por la cual se suceden los conflictos entre las élites internas y entre multitud de agentes externos -principalmente países vecinos y empresas multinacionales -, por la gestión y explotación de los mismos. En este sentido, la comunidad internacional es clave para dar el impulso, apoyo y seguimiento necesario a la RDC y exigir el cumplimiento del derecho internacional a los actores implicados. A nivel interno, el refuerzo de las instituciones democráticas, debería establecer el escenario adecuado para que el gobierno se sitúe fuera del control de las élites corruptas. Fuente: http://bit.ly/1vpMP96