La investigación involucra a un total de 29 compañías. Entre ellas figuran los dos gigantes brasileños del mercado interno y externo: JBS y BRF. Mauricio Moscardi, jefe de la Policía Federal de Brasil, destacó que las empresas utilizaban "ácidos y otros productos químicos, incluso cancerígenos, para disimular las características físicas del producto podrido y su olor". Por su parte, los responsables de las dos compañías rechazan todas las acusaciones.
Moscardi ha revelado que los productos "caducados, en mal estado y en algunas ocasiones cancerígenos" eran destinados también a varias escuelas públicas estatales del sur de Brasil, y "un sinnúmero de niños" se vieron afectados sólo "para satisfacer el interés económico de esta poderosa banda criminal".
El secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Eumar Novacki, ha asegurado que los ciudadanos de Brasil no deben preocuparse por el consumo de carne. Novacki ha afirmado que se trata de "casos aislados" que "no ponen en riesgo la salud pública de la población brasileña". La investigación también ha desbaratado una red de corrupción en la que supuestamente están implicados decenas de inspectores agropecuarios del Ministerio de Agricultura responsables de certificar los productos.