Chile se levanta contra el ajuste de Kast
El pueblo chileno tomó las calles de manera masiva y diversa a lo largo de todo el territorio nacional para expresar su rechazo absoluto al plan de ajuste económico neoliberal que el régimen de ultraderecha de José Antonio Kast intenta imponer por la vía parlamentaria.
Las movilizaciones populares denuncian un fuerte recorte presupuestario de unos seis mil 800 millones de dólares, diseñado en paralelo a una injusta rebaja de impuestos destinada a beneficiar a las grandes empresas y a sus propietarios.
Estudiantes, trabajadores de la educación y funcionarios de la salud, protagonizan las jornadas de lucha que comenzaron con fuerza tras la presentación de la cuenta pública de Kast ante el Congreso.
Las manifestaciones se intensificaron con millares de manifestantes en las calles convocados por agrupaciones estudiantiles universitarias y de enseñanza media, decididos a defender las conquistas sociales conquistadas históricamente en las calles.
El plan de austeridad del Ejecutivo pretende restar casi 600 millones de dólares al Ministerio de Educación, lo que golpea de forma directa a los trabajadores de las escuelas secundarias y a los programas de alimentación destinados al estudiantado de menos recursos.
Asimismo, la administración ha paralizado los fondos de infraestructura educativa, congelado las becas de postgrado en el extranjero, restringido la gratuidad universitaria a un límite de 30 años de edad y pausado la entrega de computadoras en colegios subvencionados.
En la capital, Santiago, la movilización alcanzó su punto más alto con más de 50 mil manifestantes que coparon la Alameda, eje central de la ciudad.
La jornada registró escaramuzas frente al palacio presidencial de La Moneda, donde la policía reprimió la protesta legítima utilizando gases y carros lanzaagua, dejando un saldo de una veintena de personas arrestadas.
Representantes del Consejo Nacional de Federaciones Estudiantiles de Chile (Confech) ratificaron que la salida a las calles responde a la necesidad imperiosa de exigir respuestas concretas ante las demandas populares.
Persecución a la protesta y desmantelamiento de los derechos sociales
La indignación popular también apunta contra un proyecto de ley anunciado por Kast para la creación de un denominado "registro de vándalos".
Al respecto, la presidenta de los estudiantes de la Universidad Diego Portales, Sofía Ávila, y la máxima dirección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Laura Mlynarz, denunciaron que esta medida represiva busca criminalizar y desactivar la movilización social, castigando a quienes protesten con la pérdida de derechos esenciales como la gratuidad universitaria, las becas de alimentación y el acceso rebajado al transporte público.
Mlynarz denunció con fuerza que las políticas impulsadas por el gobierno de Kast y Jorge Quiroz precarizan de forma directa la vida de las familias trabajadoras.
Las protestas se replicaron en todas las capitales regionales, desde Arica hasta Punta Arenas, anticipando una escalada de las movilizaciones.
Asimismo, agrupaciones de derechos humanos convocaron a una jornada nacional para frenar los intentos gubernamentales de otorgar indultos o excarcelaciones a los represores de la dictadura, así como para rechazar los recortes en los programas de promoción de derechos humanos.
Por el lado del sistema sanitario, a pesar de las promesas de la administración, el Ministerio de Salud sufrió una severa reducción presupuestaria de 420 millones de dólares, comprometiendo la operatividad, insumos y medicamentos de unos 80 hospitales públicos.
Dirigentes de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud manifestaron que las marchas representan un freno al desmantelamiento programado de los derechos sociales.
A la par, las organizaciones sindicales adscritas a la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores (CUT) se sumaron al reclamo generalizado contra el elevado costo de la vida, el desempleo creciente y las reformas que pretenden desregularizar el mercado laboral en perjuicio de la clase obrera.
Fuente: Al Mayadeen