?Miles de defensores de los Derechos Humanos soportan campañas de hostigamiento, agresiones, detenciones irregulares e incluso homicidios?, explica Miguel Ángel Basés, portavoz de Amnistía Internacional (AI) en Aragón, que este martes ha presentado en las Cortes autonómicas la campaña Valiente, con la que la oenegé pretende denunciar el acoso y las amenazas que sufren esos activistas y reclamar que desde los gobiernos ?se les permita trabajar en un entorno más seguro?.
El informe distribuido a los parlamentarios, que recuerda cómo ?hoy se incumplen abiertamente tanto el espíritu como la letra de la declaración? de la ONU que en 1998 señaló a los defensores de los derechos humanos como ?agentes del cambio?, pese a que los Estados miembros se comprometieron a apoyar su labor ?y a permitirles trabajar sin obstáculos y sin temor a represalias?, considera ?esencial, por tanto, que se les conceda protección efectiva contra la violencia, incluida la violencia sexual, y la discriminación?.
Agresiones en nombre de otras empresasSin embargo, la batería de 28 medidas que promueve en la campaña no van únicamente dirigidas a las instituciones públicas. Hay un apartado específico para las empresas, a las que llama a ?implementar procesos adecuados de diligencia debida? para ?garantizar que se respetan los Derechos Humanos de las personas y comunidades? afectados por sus actividades o las de ?sus filiales, subcontratistas o proveedores?.
La propuesta no es para nada infundada. De hecho, el último dictamen del relator de la ONU sobre la situación de los activistas documenta los vínculos de grandes compañías con ?violaciones de los derechos humanos, que van desde la restricción de las actividades legítimas de las personas defensoras para limitar el ejercicio de sus derechos hasta agresiones perpetradas por empresas de seguridad privadas en nombre de otras empresas?.
