Más de medio siglo después de la puesta en marcha de uno de los programas más aberrantes de la dictadura pinochetista, Chile puso en marcha un plan piloto para agilizar la búsqueda de unas 700 víctimas de adopciones ilegales cometidas durante el último régimen militar. La justicia chilena estima que el número total de niños y niñas adoptadas sin el consentimiento de sus madres y padres en ese periodo podría llegar hasta 20 mil. La iniciativa piloto anunciada esta semana por el gobierno chileno tendrá una duración de un año y ofrecerá acompañamiento a las familias de 700 víctimas de adopciones ilegales. Además, facilitará el acceso a toma de muestras de ADN de víctimas que viven en el extranjero. Aún así las heridas están lejos de cerrar.
Primeras pistas
Cuando en 2014 una serie de denuncias de familias apuntaban a la responsabilidad del sacerdote chileno Gerardo Joanon por su rol como intermediario en las adopciones ilegales, la problemática de las apropiaciones de niños y niñas llegó a la prensa de Chile a través del informe del Centro de Investigación Periodística de Chile (Ciper). Según el Ciper, se usaron tres tipos de maniobras para realizar el robo de bebés y niños: hacer que las madres firmen documentos que no entendían, mentirles informándoles que sus hijos nacieron muertos o declarar a las mujeres incompetentes para la crianza de sus hijos.
En 2017 la Corte Suprema chilena designó a Mario Carroza, un destacado magistrado especializado en derechos humanos, para que asuma la investigación. En 2019 Carroza sacudió al país con el resultado: “podríamos llegar a una cifra de 20 mil niños” entre 1970 y 1999, año en el que según el magistrado también fue registrado un aumento en las adopciones de niños chilenos. Carrizo además había precisado que todavía falta determinar si salieron de manera irregular “con documentos que no eran correctos”. Entre los destinos de los miles de niños y niñas chilenas estaba Suecia, Italia, Francia y Estados Unidos.
Una política de Estado
Según explica Karen Alfaro, investigadora de la Universidad Austral en su investigación Niños y niñas chilenos adoptados por familias suecas. Proximidad diplomática en tiempos de Guerra Fría (1973-1990), los primeros reportes de la Policía de Investigaciones de Chile apuntaban la responsabilidad de las adopciones irregulares al Centro Sueco de Adopción donde sus empleados (principalmente trabajadores sociales) participaron como “captadoras de los niños y niñas, principalmente de familias pobres”. Sin embargo, la trama de tráfico de niños también contó con la complicidad de hospitales públicos, médicos, hogares infantiles, y guarderías.
Alfaro estudió documentación diplomática de la embajada de Chile en Estocolmo, entre ellos informes descriptivos sobre la difusión de la imagen de Chile y su infancia en medios suecos, y la reacción de las autoridades del régimen militar ante la llamada “campaña antichilena” de la comunidad de exiliados chilenos que denunciaban las violaciones a los derechos humanos de la dictadura militar de Pinochet.
En su investigación, la historiadora plantea que “la adopción transnacional de niños y niñas chilenos pobres a Suecia fue valorada por la dictadura militar como un mecanismo de proximidad diplomática y política, pues permitía establecer vínculos con instituciones y sectores de extrema derecha en Suecia.”
Reconstruir la historia
En los últimos años aumentaron las denuncias sobre adopciones ilegales que tuvieron lugar durante la última dictadura chilena. En algunos casos, las denuncias fueron iniciadas en Suecia por los niños y niñas separados de forma ilegal de sus padres, hoy adultos que intentan reconstruir su historia personal. Además, en octubre de 2021 el gobierno de Suecia anunció que empezaría a investigar más de 2.000 adopciones irregulares de niños chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
Para Maria Diemar, la investigación de 2017 del documentalista chileno Alejandro Vega fue uno de sus primeros pasos para conocer las circunstancias de su adopción. Diemar le pidió a Vega que revisara sus documentos de adopción y el periodista le confirmó su sospecha: los papeles de Diemar tenían errores y omisiones. El film de Vega consignaba que la mayoría de las mujeres que eran separadas de sus bebés eran pobres y en algunos casos también pertenecientes a comunidades indígenas mapuches. Como la madre de Diemar, según relató al matutino británico The Guardian.
Un negocio lucrativo
Tanto la investigación de Alfaro como la de Vega coinciden en que las adopciones ilegales se convirtieron en un negocio altamente lucrativo. Vega describe las adopciones como un “muy lucrativo negocio en un periodo sombrío”. El periodista además accede a los formularios en los que los padres y madres adoptivos eligen las características fenotípicas de los niños que buscaban adoptar: oscuro, marrón, marrón suave, blanco.
De acuerdo con Alfaro, los padres y madres adoptivos en Europa y Estados Unidos pagaban a las agencias internacionales de adopción sumas que iban desde los 6.500 dólares a 150.000 dólares por cada niño. Una parte de los honorarios estaba destinada para los profesionales chilenos que ayudaban a identificar a los niños ‘aptos’ y a separarlos de sus padres. En las denuncias que llegaban a medios chilenos, las madres que finalmente tenían la oportunidad de reencontrarse tras más de 30 años con sus hijos revelaban que no habían aceptado dar en adopción a sus bebés y que no habían firmado ningún documento porque en ese momento no sabían leer ni escribir.
«Las agencias de adopción internacional tenían representantes en Chile que armaron redes de intermediarios pagos, en su mayoría funcionarios públicos, para proporcionar niños para la adopción», afirma Alfaro a The Guardian. «Había trabajadores sociales pagados para emitir informes falsos de abandono de niños, y había dinero para que médicos y enfermeras generaran certificados de nacimiento que dijeran que el bebé había muerto al nacer, y jueces pagados para aprobar la transferencia de la custodia.»
Foto: AFP
Fuente: Página 12