La UE decidió incluir a esos mercenarios en su selectiva lista negra, que implica la prohibición de invertir o tener relaciones comerciales o financieras con cualquiera de los 27 países miembros del club europeo.

¿Por qué se tomó esa decisión particularmente con Wagner y no con las otras decenas de corporaciones privadas militares, que operan en el mundo desde hace décadas, estadounidenses, británicas, israelíes, sudafricanas, canadienses?

Parece evidente, esta no responde a los intereses europeos ni a los de EEUU. Es rusa y, según la UE, tiene una estrecha relación con el Kremlin y defiende los intereses de Rusia en el exterior, ya sea protegiendo personalidades o infraestructuras estratégicas, proporcionando entrenamiento militar a milicias o fuerzas armadas de países aliados, o sea participando directamente en los combates contra el enemigo de turno. La ideología cuenta poco.

La UE asegura que esa poderosa organización de mercenarios que desde hace años ha intervenido con cientos -y hasta con miles- de hombres en conflictos bélicos como el de Ucrania, Libia, Mali, Siria, Sudán o República Centroafricana, es responsable de torturas y crímenes de guerra en los frentes que ha actuado.

En el BOE del pasado 13 de diciembre y bajo la firma de Josep Borrell -en nombre del Consejo de Europa-, se publicaban las fichas de esos miembros de Wagner sancionados.

Un ejército privado al servicio del Kremlin

El primer nombre de la lista es el de Dimitry Valerievich Utkin, a quien se describe como «fundador y comandante del Grupo Wagner«, «ex agente del Servicio de Información Militar (GRU) ruso» y «responsable de la coordinación y planificación de operaciones para el despliegue de mercenarios del Grupo Wagner en Ucrania».

Otro de los incluidos en la lista de la UE es Denis Yurievich, «jefe adjunto regional de la sección de Astracán de la ‘Unión de Voluntarios de Dombás'», de quien se asegura que combatió como mercenario en el batallón separatista Steppe, derribando un helicóptero ucraniano y dos aviones Su-25, y que fue condecorado con la orden de la Federación de Rusia a los ‘Servicios prestados a la Madre Patria’.

Junto a él aparece también Sergey Vladimirovich, «trabajador independiente del GRU ruso» que también habría combatido en Dombás «para las fuerzas separatistas prorrusas como miembro de una unidad militar del sistema de misiles antiaéreos portátiles, integrado también en el batallón separatista prorruso Steppe«.

Otro de los altos cargos del Grupo Wagner incluidos en la lista negra de la UE es Sergeevich Kuznetsov, de quien se dice que es «comandante de la 1ª Compañía de Ataque y Reconocimiento del Grupo Wagner«, y a quien se acusa de ser máximo responsable en Libia de los mercenarios de ese grupo que apoyan al Ejército de Liberación Nacional Libio. Según la UE, «Kuznetsov es responsable de las actividades del Grupo Wagner que amenazan la paz, la estabilidad y la seguridad de Libia».

Vladimir Putin ha negado cualquier relación del gobierno ruso con el Grupo Wagner, a pesar de que todo parece indicar lo contrario, tanto por el origen de varios de los jefes del grupo -ex miembros de la Inteligencia Militar rusa-, como por las condecoraciones recibidas posteriormente de manos de la Federación Rusa por sus actuaciones en carácter de «voluntarios» junto a los separatistas ucranianos prorrusos. En esos y otros frentes bélicos actúan defendiendo inequívocamente los intereses del Kremlin.

Papel clave en la anexión de Crimea

La presencia de cientos de mercenarios de Wagner se hizo especialmente notoria en el conflicto de Ucrania en 2014, cuando cientos de aquellos misteriosos «hombres de verde», fuertemente armados y respaldados por decenas de blindados y helicópteros sin identificación ni bandera alguna, hicieron irrupción en la península de Crimea en apoyo a los separatistas prorrusos, presentándose simplemente como «voluntarios».

Oficialmente las fuerzas armadas rusas no participaron en aquella insólita operación, que se convertiría en una pieza clave de apoyo a los referendos celebrados por los separatistas prorrusos y que terminaría posteriormente con la anexión de Crimea a la Federación de Rusia.

Fue en realidad la peculiar e inesperada forma con la que Moscú respondió a ese burdo e irresponsable plan de EEUU, la OTAN y la UE para derrocar con el violento Euromaidan de fines de 2013 y 2014 al prorruso gobierno del oligarca Viktor Yanukóvich.

El detonante fue que Yanukóvich, por presión de Moscú, anunció en noviembre de 2013 su decisión de no firmar el Acuerdo de Adhesión a la UE previsto para una semana después y negociado desde hacía mucho tiempo. Suponía un golpe duro para los planes estratégicos económicos y militares de la UE, EEUU y la OTAN, y una victoria para Putin y su plan de convertir la Unión Económica Euroasiática -con varias ex repúblicas soviéticas- en una seria competidora de la UE.

Occidente alentó irresponsablemente las protestas callejeras pro europeas que adquirieron cada vez más y más violencia, donde asumieron un papel protagónico milicias ultranacionalistas y neonazis ucranianas impregnando la revuelta de rasgos abiertamente xenófobos contra la población oriental rusoparlante. Así se pudo aupar al poder a otro oligarga, el dócil Petro Poroshenko, tan corrupto como su predecesor, pero pro occidental.

La acción del Euromaidan supuso esta vez un sorpresivo golpe para Rusia. Con su golpe de mano en Ucrania Occidente se apuntó sin duda un tanto importante; pretendía empujar sus fronteras hasta las puertas mismas de la Federación Rusa, complementando el plan que ya se venía llevando a cabo desde 1997, con el ingreso en la OTAN de Polonia, República Checa y Hungría, a los que seguiría un goteo de otros once países de la ex Europa del Este y los Balcanes. Ucrania alberga además en la Península de Crimea la importante base militar de la Flota del Mar Negro rusa, la única base de la Federación Rusa en el exterior. El golpe era completo.

Los ucranianos pro occidentales ya se veían a corto plazo dentro de la UE y de la OTAN. Pero las cosas no salieron tal como estaban previstas.

Las regiones del este y sur de Ucrania fronterizas con Rusia, con una población de 15 millones de habitantes rusoparlantes -el 30% de la población ucraniana- se rebelaron y se autoproclamaron repúblicas independientes, pidiendo apoyo a Rusia. La violencia estalló, se desencadenó la guerra. La agresividad de esa operación de Occidente y la implicación de la OTAN, con la instalación de plataformas de misiles y otras infraestructuras militares y el despliegue de miles de soldados en la frontera con la Federación Rusa, pusieron en máxima alerta a Moscú.

Treinta años después de la atomización de la Unión Soviética, Putin se esfuerza por contener esa ampliación política, económica y militar de la OTAN y la UE e intenta recuperar áreas de influencia en la región y también en otras zonas del mundo, en Siria y otros países de Oriente Medio, África y América Latina.

Moscú ya no pretende exportar su modelo de Estado y de sociedad como en épocas de la URSS, o como sigue haciendo EEUU en tantos países; hoy Rusia es un país capitalista que defiende férreamente los intereses de la oligarquía rusa, y que busca recuperar su rol como potencia mundial, ampliar sus inversiones y vínculos comerciales, energéticos, políticos y militares en distintas zonas del mundo.

El Kremlin ha exigido este mes a la OTAN garantías jurídicas claras de que Ucrania en ningún caso se incorporará a esa alianza militar, que ya cuenta con treinta miembros, buena parte de ellos ex miembros del Pacto de Varsovia.

Condiciona también la retirada de los casi 100.000 soldados rusos y la maquinaria bélica pesada que mantiene en la frontera con Ucrania a que la OTAN haga lo propio con la infraestructura militar y las tropas que tiene desplegadas en la zona.

La UE, preocupada por la presencia de Wagner en conflictos que le afectan

El hecho de que la UE haya decidido sancionar precisamente ahora a altos cargos del Grupo Wagner es también una advertencia a Moscú de que conoce su juego y que se enfrentará con contundencia a ese ejército privado que sirve a sus intereses y es utilizado cuando se quiere evitar una presencia oficial de las fuerzas armadas rusas.

La UE es el principal inversor en África, muy por delante de EEUU y de China, un continente en el que desde enero pasado cuenta con el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, que reúne a más de 50 países y 1.200 millones de habitantes. Es un mercado apetitoso por lo que la «injerencia» rusa, china o de cualquier otro actor, es motivo de preocupación y competencia.

Las sanciones a Wagner por parte de la UE no se limitan a su presencia militar en el este de Ucrania, sino también a países como Libia, donde esta fuerza apoya al Ejército Nacional Libio (ENL) del mariscal Jalifa Haftar -respaldado por Rusia, Egipto y Emiratos Árabes- quien desde 2014 libró una guerra contra el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) encabezado por Fayez al Sarraj, apoyado a su vez por la ONU, Turquía y Qatar.

Diez años después de la intervención militar occidental que acabó con el régimen del coronel Muamar el Gadafi y con su linchamiento, convirtiendo a Libia en el estado fallido que es hoy, en octubre pasado se alcanzó un alto el fuego.

La última Conferencia de Berlín sobre Libia reclamó en 2021 la salida de ese país de los 20.000 combatientes y mercenarios extranjeros presentes, entre ellos los miembros del Grupo Wagner. Ante las dudas sobre la solidez del alto el fuego alcanzado, el mariscal Haftar se ha mostrado reacio a prescindir de su colaboración, aunque no la reconoce oficialmente.

Haftar, formado en los años 70 y 80 en instituciones militares de la URSS, visitó Moscú en 2018 y se entrevistó con el ministro de Defensa ruso, Sergéi Shoigú y con Yevgeni Prigozhin.

A Prigozhin, conocido como «el chef de Putin» se le considera uno de los máximos directivos del Grupo Wagner y es acusado por la CIA y la Justicia estadounidense desde hace años de ser uno de los jefes del grupo de trolls y hackers que intervinieron en las redes sociales a favor de Trump en las elecciones presidenciales de 2016 que le dieron el triunfo al magnate republicano.

Los mercenarios de Wagner están también presentes en República Centroafricana. El 15 de diciembre pasado, dos días después de la publicación en el BOE de la resolución de la UE sancionando a altos cargos de Wagner, la Misión EUTM RCA de la Unión Europea -destinada a entrenar a las fuerzas armadas de la República Centroafricana- anunció la congelación «temporal» de su trabajo al constatar que esas fuerzas recibían también apoyo de los mercenarios rusos. «La presencia de mercenarios de Wagner en la República Centroafricana es motivo de grave preocupación para la UE, en particular para la EUTM», decía el comunicado.

Pero, aunque le pese a la UE, los servicios de este ejército privado son muy solicitados. Es el caso de Mali, cuyo primer ministro, Choguel Kokalla Maiga, acusó a Francia durante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado de haber abandonado a su país, acosado por el terrorismo yihadista, tras decidir de forma unilateral reducir ostensiblemente el número de militares franceses en Mali. Por eso, según el primer ministro maliense, se vieron obligados a recurrir a «otros socios», solicitando al Grupo Wagner que envíe unidades de combate a su país.

En esa misma Asamblea de la ONU el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, justificó la decisión de Mali «ante el fracaso de Francia» para combatir a los yihadistas, aunque -aseguró- Moscú no tiene nada que ver con los negocios de esa empresa privada rusa.

Limbo jurídico que preserva la impunidad de los mercenarios

La Unión Europea lo tiene difícil. Ese tipo de corporaciones militares privadas -las llamadas eufemísticamente «contratistas»- que facturan miles de millones de euros al año, juegan con sus mismas reglas, las del sacrosanto libre mercado, de oferta y demanda, y hay mucha demanda de sus servicios.

La UE, como EEUU, se están mordiendo la cola como una pescadilla. Ni la UE, ni EEUU ni la ONU han llegado nunca a consensuar de forma clara las leyes por las cuales se deben regir a nivel mundial estos ejércitos privados; nadie parece querer pillarse los dedos y se ha mantenido una gran  ambigüedad jurídica sobre el tema. A pesar de que existe numerosa legislación al respecto, sigue habiendo muchas zonas grises que permiten a los mercenarios preservar su impunidad.

Supuestamente son fuerzas «auxiliares» que colaboran en temas de seguridad, en protección de personalidades e infraestructuras de valor estratégico, oleoductos, gaseoductos, minas, centrales hidroeléctricas, sedes diplomáticas, convoyes, que dan formación y entrenamiento para operaciones especiales a fuerzas militares -muchos de sus miembros son ex militares- y un sinfín de tareas más, pero no son fuerzas de combate.

Sin embargo, en la práctica, sus tareas van mucho más allá que las descritas, tanto pueden cumplir el rol de carceleros como de interrogadores-torturadores, como francotiradores o fuerzas que combaten en primera línea de frente. La línea que divide una función y otra para una de estas empresas es muy difusa.

Para el Derecho Internacional Humanitario el mercenario no cumple las condiciones para ser considerado con el estatus de un combatiente en un escenario de guerra, y tampoco puede llegar a ser reconocido como prisionero de guerra según las Convenciones de Ginebra de ser capturado por su enemigo.

La figura del mercenario se remonta a la Antigüedad y el debate sobre el papel que cumplen las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP) tiene también una larga historia. Una de las principales referencias que se toma en las últimas décadas es el artículo 47 del Protocolo Adicional I de las Convenciones de Ginebra, en relación a la protección de las víctimas de los conflictos armados, aprobado el 8 de junio de 1977. Desde entonces ha habido más de un centenar de resoluciones de la ONU sobre el tema, tanto de la Asamblea General como de su Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos.

En 1987 la comisión de Derechos Humanos nombró por primera -y única vez- un Relator Especial sobre Mercenarios, el peruano Enrique Bernales Ballesteros. El 4 de diciembre de 1989, tras nueve años de debates la Asamblea General de la ONU aprobó -sin votación- la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.

Sin embargo, hasta la fecha la han ratificado menos de 40 países, entre los cuales no se encuentra Rusia, pero tampoco EEUU o Reino Unido, dos de los países que tienen más empresas privadas militares y que más mercenarios han utilizado en los frentes bélicos en los que han estado involucrados como países. Muy pocos de los países que han ratificado la Convención son europeos.

La UE debatió en numerosas ocasiones el tema de estas compañías. En mayo de 2017 la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo emitió un proyecto de resolución en el que se sugería a la Comisión Europea que se contratase «únicamente aquellas empresas de seguridad privadas que tengan su base en Estados miembros de la UE», y que hubiera una supervisión sobre su actuación; se pedía que hubiese normas más estrictas para contratarlas, «que podrían basarse, por ejemplo, en las normas estadounidenses» y se pedía que hubiese un criterio común y vinculante en el seno de la UE. Tal criterio común y vinculante aún no existe.

Ese mismo año 2017 tenía lugar un debate también en la 36º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que la UE y EEUU, con justificaciones burocráticas similares votaron en contra de una resolución sobre el tema en la que se denunciaba la utilización de mercenarios como medio de violación de los derechos humanos y obstaculización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que fue aprobada finalmente por 32 votos a favor y 15 en contra.

Según la organización defensora de los Derechos Humanos suiza Réseau Internacional des Droits Humains (RIDH) precisamente Estados Unidos y la Unión Europea ocupaban ese mismo año el primer puesto y el segundo respectivamente en el mercado global de este tipo de empresas militares privadas y de seguridad. En sus territorios se encuentras las sedes del 70 por ciento de esas corporaciones, según RIDH.

Muchas de ellas, llamadas genéricamente Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP), operan -como veremos en la segunda parte de este análisis- incluso desde mucho antes de que se fundara el Grupo Wagner, la única organización que parece preocupar seriamente a la UE y contra la que ha decidido ahora tomar medidas punitivas.

Roberto Montoya. Periodista y escritor. Forma parte del Consejo Asesor de viento sur

Fuente: https://vientosur.info/la-ue-sanciona-a-empresas-de-mercenarios-pero-solo-si-son-rusas/