En el informe se detalla cómo se utilizó el poder del Estado para implementar un plan sistemático de espionaje político ilegal, que fue diseñado con premeditación.

“Las maniobras muestran claramente la complicidad del poder político, el Poder Judicial y los medios concentrados de comunicación, con el fin de perseguir dirigentes políticos, opositores, referentes sindicales y sociales y a un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil. Fueron espiadas aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales, gremiales y religiosas entre otras, 307 ciudadanos y ciudadanas, lo que generó distintas situaciones de hostigamiento, persecución y criminalización. Se armaron causas penales que tuvieron como consecuencia la prisión ilegal de dirigentes políticos, sociales, sindicales, ex funcionarios y empresarios”, describieron en un comunicado luego de la reunión.

“Expresamos una enorme preocupación ante estos hechos, que involucraron a las más altas autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires, que incurrieron en prácticas ilegales que ponen en peligro el Estado de derecho y las instituciones democráticas”

“Es mucho lo que ha perdido nuestra patria en los períodos en que se violentó la democracia, sistema en el que la mayoría de los y las argentinas hemos decidido vivir y que nuevamente se pone en peligro ante estas prácticas, a las que ya les hemos dicho NUNCA MÁS”, sintetizaron.

El texto lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S Regional Capital; Asamblea Permanente por los Derechos; Humanos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Matanza; Centro de Estudios Legales y Sociales; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Consultado por Canal Abierto, Luis María Alman Bornes, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y de ATE Nacional, opinó: “La importancia del informe de la Comisión Bicameral que nos presentó el diputado Moreau nos brinda un detallado testimonio de la violación a los derechos humanos perpetrados durante los últimos años utilizando nuevas y sofisticadas formas de persecución política”.

“Nos preocupa como MEDH la presencia de resabios ideológicos de la última dictadura cívico-militar en instituciones de un Estado de derecho, que se reintroducen como una herramienta al servicio del lawfare contra los movimientos sociales, eclesiales y sindicales identificados con el campo popular”, agregó el dirigente.

Más repudios

Hace algunos días, la Comisión Provincial por la Memoria se expresó duramente en contra del espionaje ilegal de Cambiemos, en relación al último capítulo revelado de la saga, en un comunicado titulado “Nunca más GESTAPOS, nunca más persecución al sindicalismo, nunca más inteligencia ilegal”  

 “La CPM manifiesta su más enérgico repudio a las operaciones ilegales para perseguir judicialmente al sindicalismo y a los dichos de Marcelo Villegas, Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Lo que se ve y oye en el video que trascendió en las últimas horas tiene una profunda gravedad institucional porque pone en evidencia prácticas ilegales, violentas y autoritarias de funcionarios a cargo de la administración del Estado en plena democracia”, escribieron.

“Los gremios son la expresión de una trayectoria de lucha y organización del sindicalismo en Argentina que está íntimamente ligada con el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora. Se trata de conquistas históricas que no pueden ser desconocidas por ningún funcionario público y mucho menos puestas en el foco de la persecución”, agrega.

Además, en su afán de consolidar una embestida contra los gremios, el ex ministro Villegas recurre a la figura de la GESTAPO, la policía secreta oficial de la Alemania nazi, manifestando su deseo e intención de contar con una fuerza que cumpliera esta función. La Gestapo, tenía facultades que la eximían de cualquier control legal, judicial o administrativo. Entre sus atribuciones y prácticas estaban la de detener sin procedimiento legal alguno, alojar en campos de concentración, torturar y asesinar a los considerados por el gobierno “enemigos del Estado”. Ninguno de los presentes en la reunión contradijo o se horrorizó frente a los dichos del Ministro”, sintetizan desde el organismo bonaerense.

Macri, la AFI y la Gestapo

En abril de 2021 la Comisión Bicameral de Inteligencia denunció que durante el Gobierno de Mauricio Macri se montó un “Estado paralelo, clandestino y secreto” de espionaje ilegal y pidió crear una comisión para investigar a los jueces, fiscales y miembros de la Corte que pudieron haberse apartado del Estado de derecho.

La Bicameral se reunió el pasado 28 de diciembre para debatir sobre el fallo emitido por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi que, a pesar de las pruebas, rechazó la existencia de una asociación ilícita durante el gobierno de Cambiemos para espiar a dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Sin embargo, reconocieron que hubo agentes de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal que, según entendieron los jueces, por su cuenta hicieron espionaje ilegal. De acuerdo a Llorens y Bertuzzi, esos ex espías de la AFI “utilizaron sus posiciones y recursos del Estado para intentar obtener dinero por su cuenta o compartir información”, en beneficio de “intereses particulares”, descartando “la idea de un plan transversal a la estructura del Estado”.

Consultado por la reunión de Villegas con el intendente de La Plata Julio Garro y ex autoridades de la AFI por la cual se destapó la investigación sobre la “Gestapo antisindical”, Leopoldo Moreau señaló que el hallazgo de ese video “corrobora que quienes participaban en este plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política no eran cuentapropistas, como sostiene el fallo de Bertuzzi y Llorens”.

“Esto corrobora la existencia de una mesa judicial que recogía todas estas informaciones obtenidas ilegalmente y las transformaba en causas judiciales con pruebas falsas, testigos guionados y con falsos arrepentidos”, advirtió.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández también reclamó que “la Justicia debe investigar sin demoras” la Gestapo macrista.

El mandatario destacó la denuncia que hizo la AFI por las persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores durante el gobierno anterior.

“Se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros”, resaltó, y luego se preguntó: “¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?”

Fuente: Canal Abierto.