No obstante, Washington teme ahora otro fracaso aún mayor, la victoria del ex presidente Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, que fortalecería el proceso de unidad e independencia latinoamericana frente a EEUU. Todas las encuestas dan ahora una cómoda ventaja a Lula frente al actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, cuya popularidad se ha hundido por su catastrófica gestión de la pandemia de la Covid-19, el fuerte incremento del desempleo y la extensión del hambre, que afecta ahora a 20 millones de brasileños. Brasil ocupa este año el 26º puesto en lo que respecta al desempeño económico, mientras que era el 6º durante el mandato de Lula.

Al darse cuenta de que el regreso de Da Silva significa la reactivación del modelo inspirador que impulsará el proyecto de liberación en el sur del continente, Washington ya ha comenzado a trabajar en una estrategia política y mediática -y tal vez de seguridad, si es necesario- para debilitar al Partido de los Trabajadores y a Lula. Pero este último, que sabe que la batalla no será fácil, parece comprometido con lograr la victoria, que cree que le abrirá la puerta para trazar un nuevo proceso de gobierno, en el que no hay lugar para los esbirros de Washington.

La experiencia de la izquierda en América Latina no fue perfecta y no escapó a la comisión de algunos errores políticos, pero los resultados de los gobiernos de derecha en la región han dejado una estela de desigualdad social y sometimiento al poder estadounidense que han mantenido vivo el movimiento en pro de la justicia social, que se ha extendido por el continente, incluso en los países de una tradición política conservadora. Cabe recordar aquí la actuación de Mauricio Macri, que destruyó la economía argentina hipotecándola a la tutela del Banco Mundial, y Sebastián Piñera, quien causó estragos en la economía chilena así como a la golpista Janina Anez, que organizó un golpe militar contra el ex presidente Evo Morales con la complicidad de la embajada de EEUU en La Paz, por no hablar del falso “presidente” Juan Guaidó, que no dudó en ponerse al lado de las sanciones estadounidenses contra el pueblo venezolano, esperando auparse a un poder que nunca le llegó.

Los brasileños recuerdan la experiencia de Lula como un período en el que la pobreza se redujo en decenas de millones y en que tuvo lugar una revolución en las relaciones exteriores, cuando Brasil se unió al BRICS, junto a potencias como Rusia y China, y se abrió a la cooperación con países catalogados como hostiles por EEUU.

A pesar de la confrontación explícita de EEUU con Cuba y Venezuela, la guerra real estuvo en Brasilia, donde la CIA reclutó a élites políticas, judiciales y de seguridad para expulsar a Lula y el PT del poder, creando un falso proceso por corrupción contra el presidente, cuyos detalles ahora ya han visto la luz, y generando operaciones mediáticas llevadas a cabo por grandes medios. La Embajada de EEUU en Brasilia ha estado equipada desde 2007 con un equipo de expertos especializados en la realización de golpes y la generación de conflictos internos.

Los estadounidenses saben que Bolsonaro es incapaz de derrotar a Lula y han buscado un figura diferente cuya lealtad política esté garantizada. Han seleccionado para ello a la figura del ex ministro de Justicia, el juez Sergio Moro. Según la publicación estadounidense The Intercept, Moro y su amigo, el fiscal general, Daltan Dallagnol, mantienen abierta una línea de comunicación con el FBI, que supervisa las investigaciones de los primeros en temas como la corrupción y el terrorismo. Moro participó en un encuentro financiado por el Departamento de Estado de EEUU en 2007, con la participación del FBI y los Departamentos de Estado y de Justicia. Allí se acordó establecer un comité judicial especializado y encabezado por Karen Moreno Taxman, que se especializa en combatir el blanqueo de dinero y el terrorismo. Ella trabaja ahora en cooperación con varios jueces brasileños.

Tras su participación en la acusación contra Lula y su expulsión de la carrera presidencial en 2018, Moro consiguió como premio el Ministerio de Justicia y a través de él los estadounidenses buscaron abrir casos legales contra la compañía de petróleo nacional de Brasil, Petronas, para debilitarla. Mientras, Bolsonaro prometió dar a las compañías estadounidenses una prioridad en las inversiones con el fin de comenzar a privatizar la compañía. Moro suscribió también un acuerdo con EEUU para proporcionar a este último los datos y huellas dactilares de ciudadanos brasileños “sospechosos”. The Intercept ha publicado documentos que prueban los contactos bilaterales entre Moro y las agencias de seguridad estadounidenses. Moro dimitió poco después de su puesto con el pretexto de la injerencia de Bolsonaro en los nombramientos de la policía federal.

La Célula de Acción de la Embajada de EEUU en Brasilia inició un abanico de contactos políticos con varios partidos e instituciones de seguridad para promover la candidatura de Sergio Moro. La hoja de ruta dependía inicialmente de debilitar a Jair Bolsonaro al patrocinar campañas contra él lideradas por su ex aliado, el jefe del ejército brasileño Edson Pujol, quien lo acusó de causar una gran cantidad de bajas como resultado de sus políticas imprudentes. Pujol recordó a las decenas de miles de soldados brasileños que habían estado en la línea del frente, arriesgando sus vidas para combatir la pandemia, mientras el presidente se burlaba insistentemente de la enfermedad y la vacuna.

El movimiento de Washington no se limitó al intento de liquidar políticamente a Bolsonaro en favor de su “hijo mimado” Sergio Moro, sino que buscó extender los contactos políticos con los opositores a Bolsonaro, el más importante de los cuales era el gobernador del estado de São Paulo, João Doria, quien fue convocado a Washington en un intento estadounidense de evitar que se postulara para la presidencia y para lograr que cediera su apoyo electoral a Moro.

Asimismo, algunos analistas afirman que EEUU puede buscar reabrir sus expedientes judiciales contra dirigentes del Partido del Trabajo. Dado que el comportamiento de Washington y su historial de interferencia a través de expedientes judiciales fabricados se mantienen las advertencias de que este proceso podría continuar a través de jueces vinculados a la Embajada de EEUU en Brasilia. Sin embargo, juristas descartan que EEUU y sus aliados podrán convencer a la opinión pública brasileña del mismo escenario anterior.

Frente a este escenario, parece que la guerra sucia de EEUU se desatará en los próximos meses, apoyándose en una serie de medidas y planes, y un torrente mediático sin precedentes contra Lula y el Partido de los Trabajadores. En cuanto a este último, se encamina a formar el mayor bloque político con sus aliados de izquierda y centroderecha, a través de la posibilidad de nominar a Geraldo Alckmin como adjunto de Lula. Esta vez, la victoria será de otro sabor y un punto de entrada para diferentes políticas, en particular para cerrar las vías a la dominación estadounidense en el país y trazar un nuevo mapa gobernante según el cual los esbirros de Washington serán expulsados de las instituciones judiciales y de seguridad y las administraciones públicas.

Fuente: Al Manar