Este es un recuento de los hechos que no se vivían en el país desde hace casi medio siglo, una continuidad de la ola de conflictos sociales iniciada en Chile y que recorrió toda la cordillera de los Andes.
Si 2020 dejó en Colombia una herida a causa de los 14 muertos en las protestas contra la Policía del 9 y 10 de septiembre a raíz del asesinato de Javier Ordóñez a manos de agentes policiales, nadie imaginaba que la violencia en este 2021 alcanzaría nuevas cotas en el marco del paro nacional, en un país que ya había llegado al límite del umbral de dolor de la sociedad.
El 28 de abril de 2021 se despertó una crisis social y económica, que ya venía afectando a los colombianos por cuenta de los efectos de la pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento social y congelamiento de la economía para contener el virus.
Además del miedo de salir de los hogares por la represión policial que se presentaba en las calles, en donde civiles eran víctimas del aparato estatal, también a los ciudadanos de todos los estratos socioeconómicos les afectó el desabastecimiento de productos de la canasta familiar, pues una de las estrategias de la movilización social fue el bloqueo de vías nacionales y del Puerto de Buenaventura, el principal del país, ubicado en el suroccidente.
 

Pero estar dentro de la tranquilidad del hogar tampoco fue garantía de supervivencia. La señora María Jovita Osorio, de 73 años, murió asfixiada luego de que una cápsula de gas lacrimógeno del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) cayera dentro de su casa en Cali, donde jóvenes se enfrentaban con la fuerza pública.

¿Por qué se convocó a un paro nacional?

En 2020, durante la pandemia y cuando las personas más sufrían por cuenta de la parálisis en la economía y la incertidumbre de hasta cuándo se extenderían las medidas de confinamiento, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, prometió que no haría una reforma tributaria. Sin embargo, la realidad fiscal del país cambió y para el primer trimestre de 2021 se le escuchó asegurar en medios de comunicación que sí se necesitaría un saneamiento en las finanzas estatales.
Las propuestas a cuentagotas a través de la radio, prensa y televisión —no hubo una debida divulgación oficial por parte del Gobierno— generaron enojo en la ciudadanía. Algunos de los polémicos puntos eran el cambio de productos exentos a excluidos en el IVA, como carnes, pollo y huevos; declaración de renta para salarios mensuales mayores a $2,4 millones de pesos (603 dólares); IVA a servicios funerarios —ni siquiera la muerte era una excepción para tributar— e impuestos a pensiones mayores de $4,8 millones de pesos (1.204 dólares).

Con un panorama que pintaba más regresivo para las clases populares, las centrales obreras y estudiantes convocaron a un paro nacional el 28 de abril. A la par, el país entraba al tercer pico de muertes asociadas al COVID-19. Al finalizar el mes, la cifra ascendía a casi 500 fallecidos por día. Por ello, el Gobierno y los centros de salud hicieron el llamado de no salir a las calles, sin embargo, no había vuelta atrás. La única condición para frenar el llamado era que el Ejecutivo retirara el proyecto del Congreso. Y eso no pasó y por eso culparon al presidente Iván Duque y al exministro Carrasquilla de ser los responsables de lo que el país viviría.

Cali, la cuna del estallido

La capital del Valle del Cauca tiene un olor peculiar, a frescura de una brisa veraniega, incluso, en algunos sectores, a mango verde con sal. Pero en abril todo cambió, y oler, curiosamente, fue complicado, pues los gases no lo permitieron. Hubo lágrimas por el gas lacrimógeno, y no precisamente en los ojos de los manifestantes, sino en todo aquel que se cruzara con las manifestaciones. Eso no fue complicado, pues durante las protestas de abril llegaron a haber 33 puntos de aglomeración, o mejor, 33 puntos de batalla campal entre las autoridades y los jóvenes.

A medida que en las otras ciudades los ánimos se calmaron, Cali se mantuvo, de hecho aumentó. Y se hizo común ver camionetas de vidrios polarizados paseando por toda la ciudad y hombres armados sin ser militares y policías.
Las casa vecinas a las protestas se convirtieron en puestos de salud improvisados, las gentes, por primera vez, se unieron al unísono contra el Gobierno. Ya no eran solo los estudiantes, o los taxistas, o los profesores y sindicalistas, cada uno por su lado. Fue un pueblo junto, un pueblo cansado y agobiado demandando mejoras.
Eso, y los días que se mantuvieron las marchas en Cali hicieron de la capital de la salsa —como comúnmente se conoce— la capital de la protesta, la capital del aguante y la cuna del estallido, un hecho sin precedentes en la historia moderna del país.

El balance de las protestas

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), del 28 de abril al 14 de julio de 2021, 80 civiles y tres uniformados murieron en el marco de las protestas. Las cifras oficiales distan mucho de las organizaciones de derechos humanos. Para junio, cuando se hablaba de 47 fallecimientos, la Fiscalía solo reconocía 24.

Igual ocurrió con los registros de desaparecidos, una de las denuncias constantes que se escucharon en redes sociales durante las jornadas de protestas. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada habló de 379 desaparecidos, Indepaz y Temblores —otra organización dedicada a denunciar la represión policial—, contó más de 500. En cambio, desde el Ministerio de Defensa, el número no llegaba a los 150.
En el informe sobre la visita especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), se le criticó al Estado la inconsistencia en las cifras presentadas por las diferentes entidades y las grandes diferencias de los números oficiales con relación a los de la sociedad civil.
Otra de las críticas de la CIDH al Estado fue lo que consideró una respuesta excesiva y sostenida de la Fuerza Pública para tratar de apaciguar las manifestaciones. A eso le agregó que hubo contenido de violencia de género y étnico-racial por parte del Estado y de representantes políticos contra la protesta pacífica, especialmente de figuras del Centro Democrático, partido al que pertenece el presidente Duque.
 

Entre las recomendaciones que el organismo interamericano entregó al Gobierno, están la de separar la Policía y el Esmad del Ministerio de Defensa, reparar a familiares y víctimas, no usar el traslado por protección que el Código de Policía contempla en casos excepcionales, que la investigación y juzgamiento de las violaciones de derechos humanos queden en manos de la justicia ordinaria y no militar, entre otras.
Aunque por lo general Bogotá es la ciudad que termina con el peor saldo en el marco de las manifestaciones, este paro nacional también significó la descentralización de la protesta, pues Cali, capital del Valle del Cauca —al suroccidente del país—, concentró en mayor medida el descontento ciudadano y cargó con la mayoría de los muertos, 45, de acuerdo con Indepaz.

La Primera Línea

Al igual que en las movilizaciones de Chile de 2019, en Colombia también se introdujo el concepto de la Primera Línea en el paro nacional que también se vivió en ese mismo año. Estos grupos de jóvenes, que se organizaron de forma orgánica para ser un escudo de protección para la ciudadanía ante posibles represalias de la Fuerza Pública, empezaron a tomar fuerza y voz.

En Colombia no solo se puede hablar de una Primera Línea, pues los jóvenes de cada ciudad se han organizado independientemente. "Fue un llamado común de las nuevas generaciones, que nos unimos para defender el derecho constitucional a la protesta. Si bien cada Primera Línea tuvo sus particularidades, dependiendo la ciudad, el mensaje fue el mismo: no más opresión contra el pueblo y no más decisiones a la ligera por parte de los gobernantes", resalta a quien llamaremos Daniel —pidió guardar su nombre por seguridad—, uno de los líderes de la Primera Línea de Siloé, comuna ubicada al oriente de Cali y que fue una de las afectadas durante las revueltas.
Esos jóvenes que conforman la Primera Línea representan la masa de personas que salieron a movilizarse durante el paro nacional. No respondían a los llamados de estructuras organizadas, como el Comité del Paro, que reúne a las centrales sindicales, obreras, estudiantiles y de profesorado, y que nació a raíz del paro nacional de 2019 y que tomó la vocería de los reclamos de la ciudadanía, y mucho menos, como lo sugirió el Gobierno, a grupos armados ilegales. Los jóvenes salieron porque son jóvenes y fueron los más afectados por el desempleo. El 23% no estaba activo laboralmente en el primer trimestre del año.
Aunque trataron de organizarse políticamente con miras a participar en las elecciones que tendrá Colombia en 2022, esa idea se desdibujó desde que se convirtieron en objetivos de la Fiscalía, al ser señalados de terrorismo, daño en bien ajeno y tentativa de homicidio.
 

Por lo menos en Bogotá el ente acusador ha capturado a 13 integrantes de la primera línea y 17 en Cali. Todos se encuentran en la cárcel con medida preventiva de aseguramiento mientras se desarrolla la investigación de los casos. Ahora, según expertos, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cualquier ciudadano que cubra su rostro para proteger su identidad o, simplemente, para no aspirar los gases que lanzan los escuadrones antidisturbios podrá ser objeto de judicialización.
Estas son más medidas restrictivas para el desarrollo del derecho fundamental a la protesta pacífica que promueve un gobierno de extrema derecha. Por eso los jóvenes son conscientes de que ahora la gran movilización que deben hacer es hacia las urnas el 29 de mayo de 2022, cuando Colombia elegirá nuevo presidente y cuando el uribismo, que está organizado como el partido Centro Democrático, quizá se encuentre en el ocaso de sus ideas.
 

Fuente: Sputnik