Siguiendo su doctrina del enemigo interno, el gobierno busca presentar a la opinión pública resultados en cuanto a la caída o persecución de colectivos sociales y humanitarios. Esto muchas veces se traduce en la privación de la libertad y tranquilidad para líderes y lideresas sociales que día a día luchan porque Colombia sea un país para la vida digna.

Erika Prieto es una lideresa social, defensora de Derechos Humanos, feminista y animalista del Congreso de los Pueblos -CDP-. Su movimiento es perseguido incansablemente por el actual Gobierno Nacional, el cual fabrica montajes judiciales que buscan desarticular a la organización golpeando a sus líderes y lideresas más visibles. Pero no es una persecución nueva, datos de la Fiscalía declaran que al CDP se le investiga y persigue desde el 2010, año de su fundación.

El caso contra Érika Prieto está en curso desde marzo del presente año. A ella y a otros integrantes de su movimiento les imputaron una orden de captura y allanamiento por supuesta rebelión. El pasado viernes 10 de diciembre, Prieto se presentó voluntariamente a las afueras del Búnker de la Fiscalía General de la Nación para entregarse y poner fin a la persecución que el Gobierno ha instaurado en su contra.

La jueza que analizó la imputación de cargos en la audiencia de control de garantías, una semana después de la presentación de esta lideresa, consideró que Prieto no es el peligro que está diciendo la Fiscalía y que en el manejo de las pruebas, el ente acusatorio cometió un “concierto de necesades” que siembran la duda sobre si Érika es realmente esa persona que están diciendo. Hoy, la lideresa afronta en libertad su proceso judicial.

Casos como este han sido noticia en lo corrido que va del 2021. El último montaje de la Fiscalía fue contra Jimmy Moreno, vocero nacional del CdP, quien hace unos meses fue capturado en la ciudad de Popayán y también acusado de supuesta rebelión. Pero días después salió libre, pues la jueza de control de garantías que analizó su caso consideró que Moreno no es un peligro sino que es un defensor de las comunidades.

El Congreso de los Pueblos ha denunciado que “desde el 2002 hasta la actualidad el Estado ha encarcelado más de 150 liderazgos sociales y mantiene más de 400 procesos penales vigentes”. Asimismo, lideresas y líderes campesinos que hacen parte del Coordinador Nacional Agrario -CNA- (organización que también integra el CDP), han sido criminalizados y perseguidos constantemente por el Gobierno Nacional, el cual les impone el estigma de guerrilleros y priva a muchos de ellos de su libertad. Aunque luego en los juicios se demuestre la inocencia de estas personas, el proceso pone en riesgo sus nombres frente al país entero.

Carteles con frases como “Preso es quien no lucha” y “Ser líder social no es delito” son parte del acompañamiento de las comunidades a los líderes y lideresas sociales perseguidas por pensar diferente y ser contrainformación a las políticas narcoparamilitares del Gobierno. Según la Defensoría del Pueblo, 130 líderes y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este 2021.

Fuente: Nodal