Para el Gobierno Nacional la iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana es necesaria para actualizar normas de Código Penal, el de Procedimiento Penal y el Convivencia permitiendo al Estado nuevas herramientas de lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
Para el Gobierno Nacional la iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana es necesaria para actualizar normas de Código Penal, el de Procedimiento Penal y el Convivencia permitiendo al Estado nuevas herramientas de lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
Diego Molano, Ministro de Defensa, insiste en que uno de los principales objetivos de la ley de Seguridad Ciudadana es permitir que el sistema judicial sea más efectivo.
Uno de los puntos incluidos en la Ley en conciliación establece la figura de “peligro para la comunidad”: Busca que los capturados por algún delito no queden en libertad y para esto, un juez deberá valorar si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años.
La iniciativa también contempla penas de hasta 60 años de prisión para los casos de homicidio de miembros de la fuerza pública y líderes sociales.
Uno de los apartes que más polémica ha producido está referido a la legítima defensa privilegiada, la cual habla de ausencia de responsabilidad penal cuando se esté protegiendo un bien privado. En este sentido, se aprobó que esta se aplicará cuando haya un ingreso violento al lugar de habitación o a vehículos privados.
Mientras el Ejecutivo defiende la importancia de los cambios, sectores de la oposición los han calificado como una amenaza para el derecho a la protesta.
La Ley de Seguridad Ciudadana también busca aumentar penas en delitos callejeros: Pretende sancionar a quienes hayan cometido hurto o instigación a delinquir cuando, por ejemplo, se empleen máscaras o elementos similares o cuando las faltas sean cometidas con armas blancas.
Cárceles: Entidades territoriales podrán acudir a privados para celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en algunas cárceles de sus territorios.
Delitos informáticos: Busca combatir este tipo de faltas, las cuales se han multiplicado en los últimos meses.
Regulación para armas y dispositivos menos letales: Pretende imponer limitaciones para su adquisición y regulación en los permisos que dan las autoridades para el porte.
Sectores de oposición en el Congreso ya anunciaron demandas a la Ley en trámite.