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Falsos positivos en Colombia: Ejecuciones extrajudiciales en manos del ejército

Por Camilo Amaya para Sputnik.

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Friday 17 de Dec.

Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, habló con Sputnik e hizo una reconstrucción de la batalla para lograr que altos mandos de la Brigada 30 del Ejército reconocieran las ejecuciones extrajudiciales realizadas en la región del Catatumbo, al nororiente de Colombia, entre 2006 y 2008.

Villamil Rodríguez bajaba todos los fines de semana hasta El Tarra, municipio de Norte de Santander, muy cerca de la frontera con Venezuela y del Parque Nacional Catatumbo Barí en plena cordillera oriental. Lo hacía para comprar los enseres de la semana, pues arriba, en la zona rural, era poco lo que se podía conseguir. El 6 de octubre de 2007, Rodríguez fue detenido en un retén del Ejército a las afueras del pueblo. Le pidieron su documento de identidad y le dijeron que estaban reclutando a jóvenes para enlistarse. Pero hubo algo que le llamó la atención: era el único al que no dejaban ir. A otros les hicieron una revisión y tras una corta charla los dejaron seguir por su camino. Eso pasó a las tres de la tarde.

Ya a las nueve de la noche, Rodríguez empezó a sospechar del comportamiento de los militares y de cómo el trato amable ahora era escueto y, en algunos instantes, impetuoso. No le devolvieron su documento y, por el contrario, lo trasladaron a un paraje rural a unos cuantos metros. Allí lo esposaron y luego lo amarraron a un árbol. De un momento a otro sintió una luz en el rostro y vio las ráfagas de fusil. Quizá la oscuridad o el afán de los militares por quitarle la vida lo salvaron, pues todas las balas fueron a parar en uno de sus brazos.

Aguantando el dolor y la sensación de ardor, Rodríguez no se inmutó, se quedó quieto y simuló estar muerto. Vino un aguacero bíblico, como suelen ser en esa zona nororiental de Colombia, y mientras que los soldados se resguardaron de la lluvia, Rodríguez, como pudo, se escapó. "Ya le tenían armado todo un montaje judicial para hacerlo pasar como guerrillero. El agua le salvó la vida a este joven de 20 años, que al día siguiente y luego de la ayuda de unos vecinos, llegó al pueblo para contar todo. Y ahí aumentó el escándalo".

Las palabras son de Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, una organización defensora de los derechos humanos que ha hecho seguimiento de las ejecuciones extrajudiciales, mejor conocidas como falsos positivos, en la región del Catatumbo entre 2006 y 2008. "Apenas me enteré del caso de Villamil Rodríguez viajé a Cúcuta y después a Ocaña para hablar con él, para decirle que Minga quería apoyarlo en los procesos penales y administrativos, que queríamos brindale ayuda humanitaria".

El panorama que encontró Sánchez fue conmovedor: un joven analfabeto, unos padres que no entendían por qué a su hijo lo quería matar el Ejército y un esquema de seguridad a las afueras del hospital como si se tratase de un guerrillero peligroso, de una persona a la que ya se le había abierto un proceso por rebelión y terrorismo.

"Duró un año detenido hasta que pudimos demostrar la verdad, que el Ejército, más exactamente la Brigada Móvil 15 al mando del coronel Santiago Herrera —hoy pagando una pena por los falsos positivos—, lo quería hacer pasar como una baja insurgente en un combate que nunca existió", resalta Sánchez.

Un resarcimiento a la memoria de las víctimas

El pasado 11 de diciembre, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 22 de los 26 miembros del Ejército imputados por los falsos positivos ocurridos en el país reconocieron su responsabilidad en el asesinato de 120 personas en la región del Catatumbo (Norte de Santander) y 127 en la Costa Caribe colombiana, a quienes dieron como bajas enemigas en combate. El general Paulino Coronado fue el miembro de más alto rango en aceptar los cargos.

"Es un hecho muy importante para las familias de las víctimas y para quienes luchamos por la defensa de los DDHH. Esto ayudará a desestigmatizar a los campesinos del Catatumbo, que lo único que hacen es trabajar la tierra, que no tienen nada que ver con la guerra que se ha librado en esa zona del país y que pagaron con la vida de sus seres queridos una deuda que no era suya", apunta Sánchez.

Más allá de las medidas restaurativas que tendrán que ponerse en marcha, este reconocimiento ratifica la existencia de una política criminal que existió en las Fuerzas Militares y la falta de control de las tropas de algunos altos mandos, como la presión de otros para obtener resultados —entiéndase como resultados enemigos muertos en combate— a como diera lugar. "Es una ganancia lo hecho por el general Coronado, el decir sí. No como sucedió con el general Mario Montoya, quien inculpó a sus soldados por estos crímenes y se lavó las manos", agrega Sánchez.

La labor exhaustiva de buscar la verdad

A mediados de 2006, Minga empezó a recibir denuncias de que en el Catatumbo estaban matando campesinos y que luego aparecían como guerrilleros muertos en enfrentamientos con la Fuerza Pública. Uno de los primeros casos se presentó en Teorama, Norte de Santander (nororiente colombiano), en la vereda El Limón. "Fue un adolescente, jornalero, que desapareció y después lo mostraron muerto, con uniforme de guerrillero. Y las familias protestaron porque sabían que el joven era trabajador del campo, que no tenía contacto con grupos al margen de la ley", resalta Sánchez.

Desde entonces las denuncias de la sociedad aumentaron. Y por montones. El patrón se notó tanto que empezó a generar suspicacia y la pregunta no solo de los habitantes de la zona, sino de las asociaciones de derechos humanos. "En 2007 las cosas se salieron de control. Ya no solo era en Teorama, sino en Tibú, en Tarra, en todo lado. Y de a dos o tres homicidios por día".

Sánchez, metódica y solidaria a toda prueba, empezó una investigación minuciosa gracias a un programa que de la vicepresidencia en el que la Fuerza Pública registraba todos los combates a lo largo del país. "Hice un cruce de información: anotaba las denuncias que nos llegaban desde el Catatumbo y me remitía a esta plataforma para ver si en esos días hubo un enfrentamiento con la guerrilla".

El resultado fue obvio: no existían coincidencias. Por ejemplo, llamaban a contar que habían matado a dos campesinos en la vereda La Primavera de San Calixto y por la misma fecha el Ejército no reportaba combates en la zona.

"Ese trabajo me reiteró algo que de por sí ya sabía: siempre hay que creerle a la comunidad. Los campesinos no mienten". La furia de las gentes llegó a tal punto de que se realizaron audiencias improvisadas con la Fuerza Pública, escenarios en los que se tuvo que llamar a la calma para evitar una tragedia, en el que la misma comunidad, cansada de contar los muertos, pedía de maner furibunda que terminara la masacre.

"Recuerdo una que se hizo en el coliseo deportivo de El Tarra. Fue un momento tensionante. Llegaron tres coroneles y nos sentamos a escuchar una a una a las personas. El lugar estaba acordonado por el Ejército y tenía miedo de que una chispa de cualquiera de las partes causara una desgracia. El calor era insoportable, me quedé sola porque el personero local se fue, y tuve que moderar el espacio", recuerda Sánchez.

"—Doctora, ya es suficiente, decían los coroneles.

—No, hay que atender hasta el último reclamo".

Diana Sánchez ha trabajado durante años en la defensa de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables del país

Ese día, del que Sánchez no recuerda la fecha exacta, solo que fue en octubre de 2007, la gente dejó salir todo su dolor, expulsó la rabia que tenía e hizo un llamado para que se abriera un espacio más formal en el que estuvieran presentes los altos mandos del Ejército. "Pensamos que después de eso iban a parar las ejecuciones, pero no".

Ya el 6 de diciembre del mismo año, en el auditorio de Ocaña, Norte de Santander, el General Paulino Coronado, comandante en ese entonces de la Brigada 30, estuvo en la audiencia pública. Desde ese instante los crímenes bajaron porque el Ejército se dio cuenta de que los estaban observando, de que la comunidad internacional estaba al tanto del tema y de que la situación se les había salido de las manos.

Pero eso desencadenó en otra estrategia para seguir respondiendo a las demandas del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que pedía a sangre y fuego resultados en el campo de batalla, a toda costa mostrar bajas.

"Se fueron hasta Soacha [municipio aledaño a Bogotá] para reclutar jóvenes y llevarlos hasta el Catatumbo y hacerlos pasar como guerrilleros. Ya no podían matar a campesinos, por lo tanto, el plan fue traer adolescentes del interior del país para continuar con este macabro accionar. Pero se equivocaron, pensaron que esos chicos no tenían doliente. De ahí nace la organización de las Madres de Soacha", cuenta Sánchez.

Lo sucedido hace unos días en la JEP es una luz para el esclarecimiento de la verdad, para comenzar un camino de justicia, reparación y no repetición, y para dejar atrás la política denominada body count —conteo de cuerpos—, que ejerció presiones en los militares para mostrar resultados en combate a toda costa y que desencadenó en uno de los episodios más sombríos en la historia reciente del país.

Por Camilo Amaya para Sputnik.

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