El derecho a la identidad, verdad, justicia y reparación es inalienable a las personas. En Chile, al menos 25.000 niños fueron secuestrados de sus familias por una red de profesionales médicos, asistentes sociales, operadores judiciales y agentes de las fuerzas represivas, para ser adoptados de forma ilegal en 19 países.

Generalmente, se trata de familias pobres, madres menores de edad, personas "que de alguna forma fueran fácil de vulnerar".

 

Entre los países de recibo se encuentra Dinamarca, cuyas autoridades concluyeron que "no es posible descartar" la utilización de métodos ilegales para las adopciones. También está Suecia, país que acogió a cientos de exiliados latinoamericanos, pero donde llegaron 2.000 niños gracias a las conexiones entre la dictadura pinochetista (1973-1990) y políticos ultraderechistas nórdicos.

Las zonas de donde procedían los niños variaba: a Suecia, por ejemplo, dijo Rodríguez, fueron llevados 1.200 niños, principalmente de la Araucanía y el Bio Bio (sur), generalmente mapuches. A Italia llegaron muchos provenientes de O'Higgins, la sexta región (centro). Los destinos dependían de la "demanda", el período de tiempo y de los profesionales que estaban trabajando en cada región.

En todo el proceso, había "impunidad total", aseguró Rodríguez. Las personas tenían miedo de reclamar un hijo que había fallecido, que le entregaran el cuerpo, porque podían llevarlos detenidos. El miedo "ayudó a esta injusticia". La vocera de Hijos y Madres del Silencio, estima que al menos el 80% de los casos de secuestros y adopción ilegal se dieron durante la dictadura.

Además, Rodríguez señala que "hicieron un mal tremendo, porque esos niños fueron discriminados racialmente" en los países de destino.

La entrega de los menores fue utilizada como propaganda pinochetista, "los usaron para limpiar la imagen que tenían de la dictadura", aseguró la historiadora chilena Karen Alfaro, que en 2020 publicó una investigación sobre el tema.

Al retorno a la democracia, hubo cambios en la legislación de Santiago que afectaron la salida de menores del país; pero la red de profesionales que continuaban prestando servicios a las familias y madres, fue la misma. "No hay certeza de que esto no siga pasando", advirtió Rodríguez.

Rodríguez busca a su hermano o hermana nacida en 1972 en un hospital público. Como a muchas mujeres, a su madre, primeriza, le dijeron que el bebé nació muerto y al otro día le dieron el alta sin documentación que registrara el nacimiento.