El pedido de pertrechos se realizó en momentos en los que se preparaba un segundo golpe de Estado con la participación de mercenarios extranjeros, escuadrones de Policía renegados y turbas de justicieros que buscaban impedir, inclusive con el magnicidio, que Luis Arce asuma la Presidencia. Ese movimiento golpista estuvo dirigido por el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, según denunció la revista The Intercept.

“El Gobierno de facto, a través del viceministro Wilson Santamaría, realizó la solicitud de equipos y armamentos a la embajada americana y a la embajada británica, tres semanas antes de las elecciones generales de 2020”, denunció Ríos.

El 25 de septiembre de 2020, es decir semanas antes de las elecciones generales del 18 de octubre de ese año, Santamaría, al margen de sus competencias legales, dirigió una nota al embajador británico en la cual pide “pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigas, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos que considere importantes destinados a la Policía Boliviana nacional con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano, su territorio y seguridad”.

Según la documentación presentada, en mayo de 2020 se dirigió una carta al representante diplomático de EEUU en Bolivia, Bruce Williamson, encargado de negocios, donde le pide atender un requerimiento “con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio”.

La misiva remitida en original a la embajada de EEUU, añade que se adjunta como anexos “la asignación del equipo, descripción y justificación del mismo”, sin embargo, el detalle de esos añadidos aún no fue encontrado en los archivos del Ministerio de Gobierno.

No se pudo establecer aún si EEUU y Gran Bretaña otorgaron ese armamento y pertrechos, pero solo las solicitudes oficiales de parte del régimen de Áñez “nos da claros indicios de que todo este armamento, este equipamiento y todo lo que solicitaban a otras instancias iba a ser empleado presumiblemente para reprimir al pueblo boliviano y lo que más llama la atención es que se solicitó semanas antes de las elecciones generales de 2020”, dijo el Viceministro.

Estas gestiones para conseguir armamento antes de los comicios, donde Arce acudía como favorito, se suman a los preparativos de un segundo golpe de Estado, con la participación de mercenarios extranjeros, para evitar que el ahora presidente de Bolivia, asuma democráticamente el mando del país.

The Intercept, una organización de noticias galardonada y financiada por el fundador y filántropo de EBay, Pierre Omidyar, difundió el 17 de junio de 2021 un amplio reportaje titulado: “Exministro de Defensa boliviano planeó un segundo golpe con mercenarios estadounidenses”.

La indagación, que incluye documentos y grabaciones de audio de llamadas telefónicas sostenidas por Luis Fernando López Julio y otros actores, desnudó un plan para desplegar a cientos de mercenarios de Estados Unidos con el fin de impedir las elecciones generales recientes o evitar que Luis Arce asuma la presidencia de Bolivia, pese a que ganó los comicios con el 55,11% de apoyo.

“Varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de policías renegados y turbas de justicieros en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder”, indica la pesquisa.

La más larga de las grabaciones es una llamada telefónica de 15 minutos con una persona que The Intercept identificó como Luis Fernando López, a quien en la grabación se refieren como “Señor Ministro”. Otros actores son Joe Pereira, un ex administrador civil del Ejército de los Estados Unidos (…) y «Cyber Rambo», es decir Luis Suárez, un exsargento del ejército estadounidense de origen boliviano.

El texto indica, por ejemplo, en una de las grabaciones filtradas, que una persona identificada como el Ministro de Defensa boliviano, dijo: “Trabajando para evitar la aniquilación de mi país”. Prosigue: “(…) los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, tensos por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia”.

En otra parte del informe, se lee que “(…) varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de Policía renegados y turbas de justicieros, en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder”.

Ese plan incluía la probabilidad de magnicidio.

En octubre de este año, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se identificó a paramilitares que participaron en el intento de magnicidio en Bolivia durante 2020.

Citó el nombre de German Rivera García, quien estuvo en Bolivia en octubre de 2020 y luego estuvo involucrado con el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Hizo mención de otros involucrados como Enrico Galindo Arias, Ronal Ramírez Salamanca, Sam Brown, Ernest H. DeLong, Davion Covell Hart, Joe Pereira y Arcángel Pretel Ortiz, quien fue enlace de la denominada empresa de seguridad CTU (o por sus siglas en inglés Counter Terrorist Unit Federal Academy), con sede en Miami y dirigida por el opositor venezolano, Antonio Emanuel Intriago Valera.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que el rango de pago para los paramilitares era 125.000 dólares, más bonificaciones.

“Estas personas hubieran tenido un contrato anual inicial de 125 mil dólares estadounidenses o 10.416 dólares mensuales (…), existió toda una estrategia armada para evitar el ascenso del presidente Luis Arce y secuestrar nuestra democracia, se detalla los contratos, los montos, los curriculums de las personas involucradas, hasta las armas que pensaban usar para matar bolivianos y bolivianas”, explicó entonces.

Miembros de las FFAA y la Policía Boliviana estaban involucrados en el plan. El objetivo de reclutar a mercenarios era bloquear, a la fuerza, la toma de posesión de Arce.

“Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos filtrados en donde se discute el despliegue masivo de mercenarios durante las elecciones revelan que Bolivia pudo haber visto un nuevo derramamiento de sangre en 2020”, informa el medio norteamericano The Intercept.

En uno de los audios, López indica: “El alto mando militar ya está en conversaciones de apronte”. Hace referencia así a que el entonces comandante de las FFAA, el general Sergio Orellana, es quien “realmente puede generar la operación militar como tal”.

“En Bolivia, hubo un intento de magnicidio y de atentar contra la vida de nuestro presidente, no es coincidencia que quien ahora está detenido en Haití por haber participado en el asesinato de su presidente, haya estado en Bolivia días previos y posteriores a las elecciones y que el señor Fernando López, cuota de (Fernando) Camacho en el gobierno de Añez, haya tenido contactos constantes con este tipo de grupos irregulares y paramilitares mediante empresas terciarizadoras con experiencia en combate en guerras como Irak, Afganistán y otros”, manifestó entonces el Ministro.

Fuente: Abi.bo