Las causas judiciales contra el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, comenzaron a avanzar una vez que dejó el poder y ahora, después de su primer procesamiento, debe enfrentar otras investigaciones sobre tráfico de armas a Bolivia, la quiebra del Correo argentino y presiones a empresarios mediáticos opositores y a jueces y fiscales.

La víspera, el juez Martín Bava procesó al exmandatario al acusarlo de presunto espionaje en contra de los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que se hundió en noviembre de 2017. Además, le impuso una multa de casi un millón de dólares y le prohibió salir del país.

Desde Chile, en donde se encuentra realizando una gira para apoyar al candidato ultraderechista a la presidencia, José Antonio Kast, Macri atribuyó la decisión judicial a una "venganza" y "persecución política" en su contra promovida por el Gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Es la misma respuesta que el expresidente ha ofrecido en el resto de las causas que se tramitan en diferentes tribunales.

Una de las más graves es la que investiga el contrabando de armas que se realizó a Bolivia en noviembre de 2019 durante el golpe de Estado sufrido por el expresidente Evo Morales.

Contrabando agravado

El pasado 8 de julio, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, denunció que el Gobierno de Macri mandó armamento a Jeanine Áñez, quien se autoproclamó como presidenta después de la salida forzada de Morales.

Como prueba presentó una carta en la que el general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, quien hoy está procesado por sedición, le agradece al entonces embajador argentino, Normando Álvarez García, el envío de "material bélico" consistente en 40.000 cartuchos, 18 gases lacrimógenos y 71 granadas de gas.

La misiva está fechada el 13 de noviembre de 2019, tres días después del golpe contra Morales y cuando Áñez ya había asumido el cargo con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Al iniciarse la causa, se descubrió que el Gobierno argentino envió sin autorización más material, ya que al final incluyó 70.000 cartuchos anti-tumultos, 100 gases pimienta y 661 granadas de gas. También había chalecos antibala, cascos, visores nocturnos, binoculares, ametralladoras, fusiles y detectores de metales.

Las cifras entre lo que se pidió y autorizó en Argentina y lo que se reportó y entregó en Bolivia no coinciden. Tampoco las versiones de los exfuncionarios, que primero negaron cualquier envío de armas y luego, ante las evidencias, insistieron en que eran para proteger a la Embajada de Argentina en La Paz.

El fiscal Claudio Navas ya imputó a Macri; al exjefe de Gabinete, Marcos Peña; y a los exministros de Defensa, Oscar Aguad; Seguridad, Patricia Bullrich y Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; y el excomandante de la Gendarmería, Gerardo Otero, entre otros exfuncionarios.

Correo Argentino

El juez Ariel Lijo está a cargo de una de las causas más sensibles para Macri porque involucra a su familia.

Se trata de la deuda que el Grupo Macri arrastra desde hace dos décadas por el pago del canon del Correo Argentino y que, si culmina con un fallo judicial adverso, puede implicar un millonario descalabro a la fortuna familiar y cargos penales contra exfuncionarios de su Gobierno, ya que se investigan los delitos de "administración fraudulenta" y "negociaciones incompatibles con la función pública".

El caso comenzó en 1997, cuando el expresidente Carlos Menem le otorgó la concesión del servicio postal al Grupo Macri, que en 2001 entró en cesación de pagos, lo que derivó en una denuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa contra los empresarios.

En 2003, el fallecido expresidente Néstor Kirchner rescindió la concesión e inició una causa para reclamar la totalidad de la deuda, pero la negociación se paralizó por completo.

Recién a principios de 2017, cuando Macri ya era presidente, una investigación periodística reveló que su entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, había negociado el pago de esa deuda de la familia con el Estado.

El acuerdo, que se firmó en secreto en junio de 2016, apenas seis meses después de que Macri asumiera como presidente, permitía que la empresa pagara alrededor de 37 millones de dólares por la deuda, pero, al investigar el caso, la fiscal Gabriela Boquín consideró que esta cifra en realidad representaba una condonación, ya que implicaba una rebaja del 98,8 % de la deuda original dado el tiempo transcurrido (16 años).

Un análisis técnico ordenado por la fiscal concluyó que, en valores actualizados, la deuda real equivalía a 4.277 millones de pesos (unos 285 millones de dólares de ese año) y crecía hasta los 70.000 millones de pesos porque ese sería el monto en 2033, periodo en el que, según el acuerdo firmado por el Gobierno macrista, se pagaría la última cuota acordada.

El escándalo obligó a Macri a suspender el acuerdo, pero el pago de la deuda quedó irresuelto. En 2020, cuando ya había dejado el poder, la justicia intervino Correo Argentino y peritos judiciales comprobaron que el acuerdo pactado en 2016 había sido un intento de perjudicar al Estado y concluyeron que la familia Macri debía 5.000 millones de pesos (unos 50 millones de dólares a cotización oficial actual).

La empresa ofreció cubrir 1.110 millones de pesos, es decir, una quinta parte, en un solo pago, lo que fue rechazado por Carlos Zannini, quien, como Procurador del Tesoro, representa al Estado.

En julio pasado, el Grupo Macri sufrió un duro revés cuando la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra del Correo Argentino, pero una semana después revirtió la medida en respuesta a una apelación de la empresa. La tensión política que genera la causa es permanente.

Intimidaciones

Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo denunciaron que Macri los asedió, presionó y extorsionó para que vendieran sus medios de comunicación y otras empresas a amigos del expresidente.

De acuerdo con su acusación, la negativa a ceder a las demandas del macrismo les costó la cárcel, ya que ambos empresarios fueron detenidos por una supuesta y multimillonaria evasión fiscal que derivó en la quiebra de la firma Oil Combustibles, la cual fue levantada una vez que quedaron libres en octubre de 2019. 

Además, se ha comprobado que López y De Sousa fueron espiados mientras estuvieron en prisión, y que sus amigos, abogados y familiares también fueron víctimas de intervenciones telefónicas ilegales porque no estaban autorizadas por ningún juez.

Por esta causa, la jueza María Servini de Cubría ya pidió la captura internacional de Fabián Rodríguez Simón, uno de los principales asesores judiciales de Macri y quien está prófugo.

El resto de los imputados son el expresidente, su exasesor José Torello, el extitular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad y el empresario Nicolás Caputo.

Macri también está imputado en la llamada "causa de la mesa judicial", a través de la cual la jueza María Eugenia Capuchetti investiga las supuestas presiones que ejerció durante su Gobierno, junto con varios exfuncionarios y asesores, en contra de jueces y fiscales.

La jueza Ana Figueroa, por ejemplo, ha denunciado que fue presionada para dictar sentencia en un proceso que afectaba al pasado Gobierno de Fernández de Kirchner. En el mismo sentido, el juez Alejo Ramos Padilla sufrió apremios en una investigación por espionaje ilegal, en tanto que la exprocuradora Alejandra Gils Carbó detalló el acoso sufrido por el macrismo que culminó con su renuncia al cargo.

Fuente: RT