La marcha, por 200 kilómetros, partió del municipio de Caracollo del departamento de Oruro la mañana del martes 23 de noviembre y recorrió nueve departamentos. Luego de siete días, cumplió su última jornada como medida pacífica ante las acciones de desestabilización provocadas durante noviembre por sectores de oposición, la misma que protagonizará el golpe de Estado de 2019.

Autoridades nacionales, militantes del Movimiento Al Socialismo, de la Central Obrera Boliviana, del Pacto de Unidad conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa, además de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, participaron de la marcha.

Los manifestantes –entre ellos miembros de juntas vecinales, gremiales, cocaleros, mineros cooperativistas- ingresaron a la sede de Gobierno, liderados por el presidente y el vicepresidente, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exmandatario Evo Morales; el presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez; el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani,y  los principales dirigentes de las organizaciones sociales de alcance nacional.

“El pueblo quiere tranquilidad, quiere paz, quiere que se respete la democracia y el voto emitido en las urnas, y esta es una llamada de atención a la derecha que con el pueblo no se juega, hay un voto que tiene que respetarse. El pueblo boliviano muestra unidad defendiendo a nuestro Gobierno electo democráticamente. Esta es una llamada de atención a la derecha, con el pueblo no se juega”, publicó Arce en redes sociales.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, destacó que la multitudinaria “Marcha por la Patria” fue resultado de la conciencia del pueblo boliviano para defender la democracia, el voto popular, al gobierno del presidente Luis Arce y mantener la estabilidad política, económica y social del país.

“Esta marcha no es pagada, comprada, ni financiada (…) No hemos venido a generar violencia, pero si nos provocan ¡aquí está el pueblo unido!, este pueblo va a defender la patria, la democracia, va a defender a Lucho y David, va a defender nuestro proceso de cambio y va a defender su voto emitido en las urnas”, expresó el dirigente obrero.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda, señaló que esa marcha también pide y exige justicia por los caídos en las masacres de Senkata, Sacaba, Huayllani y otros puntos del país en noviembre del año 2019, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Un cabildo abierto en la plaza de San Francisco de La Paz reafirmó la demanda de la marcha en busca de paz, unidad y democracia en respeto al 55,11% logrado en las urnas por el Movimiento Al Socialismo en octubre de 2020.

Coincidentmente, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas señaló que durante el golpe de Estado contra Evo Morales hubo acciones de racismo y discriminación, quema de la wiphala en “un acto de venganza e incitación al odio” y “financiamiento a grupos paramilitares que actuaron en cooperación con las fuerzas de seguridad”.

 El relator del comité, Claude Heller, aseguró en la sesión que se realizó en Ginebra que “los hechos de discriminación racial se expresaron en acciones conjuntas de militares y policías y la represión y el lenguaje racista y antindígena se dirigieron en contra de la población movilizada, que en su mayoría era indígena, obrera y campesina. La gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre de 2019 pertenecía a este segmento de la población”.

Fuente: Rebelion