En las últimas semanas, la ofensiva israelí contra el activismo palestino ha dado un paso más. El pasado 19 de octubre de 2021, el ministro de defensa israelí, Benny Gantz, emitió una orden militar que cataloga a seis organizaciones de la sociedad civil palestina como organizaciones terroristas: Addameer, Defensa de Niñas y Niños Internacional – Palestina, Unión de Comités de Trabajo Agrícola, Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, Unión de Comités de Mujeres Palestinas y Al Haq, que además trabaja como consultora para Naciones Unidas.

La indignación internacional contra Israel se extiende hasta el ámbito de la cultura: más de 100 personas han firmado un manifiesto exigiendo la retirada de esta catalogación. Entre los firmantes destacan directores de cine como Ken Loach o Alfonso Cuarón, actrices de la talla de Susan Sarandon, escritores como Irvine Welsh o Naomi Klein o músicos como Roger Waters.

Estas organizaciones representan algunas de las principales asociaciones humanitarias de Cisjordania. Han sido críticas tanto con Israel como con la Autoridad Palestina, y promueven acusaciones por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional contra altos funcionarios militares y civiles de Israel. Entre ellos se encuentra el propio Gantz, que en 2014 fue el general israelí que dirigió la Operación Margen Protector, causando muerte y destrucción sin precedentes en la Franja de Gaza.

Conviene recordar que aquél fue un conflicto que, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados (OCHA) causó la muerte de 2.205 personas palestinas, de las que 1.563 eran civiles, y 538 menores de edad, a las que hay que sumar los enormes daños en infraestructuras públicas y civiles palestinas que, entre otros graves problemas, dejaron a más de 100.000 personas sin hogar. Al otro lado, en Israel, 71 personas, seis de ellas civiles, perdieron la vida debido al lanzamiento de cohetes por parte de las milicias palestinas. En aquella guerra ambos bandos cometieron importantísimas violaciones del derecho internacional que están siendo investigadas como presuntos crímenes de guerra. Con esta ofensiva contra la sociedad civil palestina, el entonces Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel, máximo dirigente de la Operación Margen Protector y actual ministro de defensa israelí, Benny Gantz, estaría tratando de silenciar a quienes, amparados por el Derecho Internacional, pueden legítimamente denunciarle ante la Corte Penal Internacional.

Por su parte, el estado israelí argumenta que las entidades citadas apoyan y financian al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), calificado como organización terrorista, tanto por Israel, como por Estados Unidos y la Unión Europea. El FPLP es ciertamente una organización minoritaria, pero atendiendo a las acusaciones israelíes ésta parece una deidad omnipresente.

No es la primera vez, ni tampoco será la última, que Israel opta por esta táctica para silenciar voces y actuaciones críticas e incómodas para la ocupación israelí: este mismo verano, empleando exactamente el mismo manual, las autoridades israelíes cerraron la ONG Comités de Trabajo para la Salud, organización en la que trabaja Juana Ruíz Sánchez, ciudadana con nacionalidad española detenida el pasado mes de abril, recientemente declarada culpable por una jueza castrense israelí de trabajar y recaudar fondos para una organización ilegal y cuya condena será anunciada próximamente.

Las pruebas concluyentes que puedan sostener las acusaciones terroristas contra las seis organizaciones civiles palestinas brillan por su ausencia: el informe elaborado al respecto por el servicio de inteligencia interior israelí, el Shin Bet, se basa casi en su totalidad en interrogatorios a dos contables que habían sido despedidos en 2019 de una de las organizaciones por malversación de fondos. El objetivo del informe era conseguir convencer a los gobiernos europeos para dejar de financiar programas de cooperación en palestina. En otras palabras, y según Sahar Francis, directora de Addameer: “en realidad, dado que la información de que dispone Israel no es suficiente para incriminarnos, ha declarado a las organizaciones terroristas”.

Vigilancia y persecución online

La gravedad de la situación no termina aquí. El 21 de octubre, la ONG Front Line Defenders (FLD) publicó una investigación técnica, verificada más tarde por Amnistía Internacional, en la que se demostraba que seis defensores palestinos de derechos humanos habían sufrido un hackeo de sus teléfonos móviles utilizando el software Pegasus de la compañía israelí NSO Group.

“Casualmente”, tres de los seis defensores pertenecen a las organizaciones que ahora son acusadas de actividades terroristas: Al Haq, Addameer y el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo. Los hackeos se produjeron tanto en 2020 como en 2021, y se hicieron previamente a las acusaciones de vinculación con actividades terroristas.

En los últimos meses nos hemos venido familiarizando con este tipo de vigilancia y cómo el uso de la tecnología también entraña riesgos para los derechos humanos. En julio, el Proyecto Pegasus, una innovadora investigación en la que participaron más de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países, bajo la coordinación de Forbidden Stories y con el apoyo técnico de Amnistía Internacional, denunció cómo el software espía de NSO Group se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo. Según esta investigación, alrededor de 50.000 números de teléfono habrían sido posibles objetivos de vigilancia. Entre ellos hay jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia de Jamal Khashoggi.

El uso de Pegasus contra activistas de derechos humanos palestinos, así como de cualquier parte del mundo, no deja de poner en evidencia la política de derechos humanos de la compañía NSO. La propia compañía asegura que el sistema regulatorio israelí impone suficientes controles de derechos humanos a la venta de la tecnología del Grupo NSO. No obstante, esos supuestos controles no solo no han impedido que el software sea utilizado para abusar de los derechos humanos a nivel internacional, con especial énfasis en Arabia Saudí y México, sino que además en algunos casos ha sido utilizado incluso contra números de teléfono israelíes, algo que la compañía previamente afirmaba que no era posible.

Todas estas incongruencias y contradicciones han terminado derivando en la decisión, de principios de noviembre, del Departamento de Comercio estadounidense de incluir a NSO Group en la “lista negra” de Entidades para Actividades Cibernéticas Maliciosas. La respuesta de la compañía ha sido señalar directamente al Ministerio de Defensa de Israel, afirmando que solo vende sus productos con autorización del mismo y que no se hace responsable del uso que se pueda hacer después de sus sistemas.

Así pues, todas las miradas están puestas en el Ministerio de Defensa de Israel. Contradicciones, exenciones de responsabilidad, falsas afirmaciones para lavar la propia imagen o justificar el comercio de un software malicioso, así como las acusaciones infundadas de terrorismo, conducen, como siempre, a los mismos destinos: la vulneración impunemente sistemática de los derechos humanos y la persecución totalitaria contra los activistas humanitarios.

Y todo ello demuestra del doble discurso de la administración del primer ministro israelí Naftali Bennett respecto al conflicto palestino-israelí. De nada sirven las aparentes buenas intenciones e iniciativas si por el otro lado se persigue ilegítimamente a defensoras y defensores derechos humanos, entre otros graves problemas.

Dos de las seis organizaciones acusadas reciben fondos europeos, por lo que la UE ya ha pedido explicaciones a Israel. También lo ha hecho Estados Unidos. De poco o nada parece servir, ya que Israel, dos semanas después de la emisión de la orden militar, ha extendido la acusación al territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde operan las organizaciones. El riesgo de que terminen siendo clausuradas por esta orden militar se convierte ahora en efectivo.

Esta situación es un ataque más por parte del gobierno israelí al movimiento internacional de los derechos humanos, además de una clara obstaculización del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos. Para Amnistía Internacional y Human Rights Watch, “la comunidad internacional lleva décadas sin cuestionar graves abusos contra los derechos humanos cometidos por Israel, que no ha sufrido consecuencias significativas por ello, todo lo cual ha envalentonado a las autoridades israelíes para actuar con semejante desfachatez. Ahora, la respuesta de la comunidad internacional será la verdadera prueba de su voluntad de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Llevamos décadas colaborando con nuestras entidades asociadas palestinas, y esto nos enorgullece, pues representan lo mejor de la sociedad civil global. Tienen todo nuestro apoyo para impugnar esta indignante decisión”.

Fuente: www.eldiario.es