La alta comisionada de la Oficina de la ONU enfatizó que existe una deuda del Estado colombiano con las comunidades del departamento.
La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia advirtió este jueves que la situación humanitaria en el departamento del Chocó es alarmante ante el aumento de la violencia.
Durante una rueda de prensa con representantes de la iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales (ONG), la alta comisionada del ente, Juliette de Rivero, destacó la relevancia de darle voz a las comunidades que deben enfrentar las acciones violentas en la zona.
“Debemos dar la voz de alarma de la situación porque es algo que las comunidades nos han pedido. Nos lo han pedido las madres de jóvenes reclutados en los últimos meses, las madres de niños que se han suicidado. Nos lo han pedido mujeres víctimas de violencia sexual”, dijo.
Según la oficina de la ONU, unas 5.000 personas tuvieron que desplazarse en el Chocó por la violencia durante este 2021, mientras que más de 30.000 se encuentran confinadas.
Rivero enfatizó que "existe una deuda del Estado y es importante que se expanda la presencia estatal en todas sus dimensiones”, pues estas comunidades también deben lidiar con limitaciones en sus necesidades básicas.
La ONU, citando cifras oficiales, informó que "el 74 por ciento de la población del Chocó no tiene acceso a agua potable".
Por su parte, el monseñor Juan Carlos Barreto, de la Diócesis de Quibdo en Chocó, declaró que "en la misiones humanitarias pudo observarse que la crisis que vive la población del Chocó y el occidente de Antioquia tiene hoy el carácter de una emergencia compleja que desborda la capacidad de respuesta de los organismos humanitarios nacionales e internacionales"
Barreto acotó que, ante esta situación, "el Estado colombiano y el Gobierno actual permanecen indiferentes y sin empatía social".
El monseñor recordó que, tras 11 misiones humanitarias a los departamentos de Choco (siete) y Antioquia (cuatro), la crisis evidenciada en estas zonas ha sido denunciada en varias oportunidades por la iglesia, las organizaciones etnicoterritoriales, las ONG de derechos humanos y organismos humanitarios.
La crisis, según Barreto, se puede comprobar "en algunas constantes como control territorial por parte de los grupos armados ilegales, asesinatos selectivos, amenazas a líderes y comunidades, limitación de la movilidad y la productividad".
"Hay abandono estatal en todos los niveles e instancias, pues el Estado colombiano no garantiza derechos básicos en materia de salud, educación, vivienda digna, productividad, seguridad alimentaria y servicios públicos. En estas circunstancias se puede afirmar que el Estado colombiano es el principal victimario en estos territorios", advirtió el monseñor.
Esta situación se suma a la ola de violencia que vive el país suramericano que, de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2021 ha registrado 88 masacres, más de 150 líderes sociales asesinados y más de 1.260 desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 en La Habana, Cuba.