El actuar del Estado chileno a nivel ejecutivo, legislativo y judicial, según distintos especialistas, ha sido dispar frente al proceder de sus agentes policiales y militares, respecto a las manifestaciones de protesta social, protegiendo a los primeros y criminalizando a los segundos.

Para el especialista, con esta represión injustificada —puesto que no había delito según la ley— lo que se impone es "la necesidad política". Un requerimiento que se formalizó ese viernes 18 de octubre del 2019, cuando el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick dijo: "Vamos a aplicar la ley de seguridad interior del Estado".

A lo largo del siglo XX en Chile hubo varios episodios de agitación social, desde las protestas salitreras de inicios de ese siglo, rebeliones campesinas en los años 30 o la revuelta urbana del 2 de abril de 1957, para cuya represión y contención jurídico-penal no bastaron las leyes disponibles provenientes del Código Penal de 1874. Por esa razón, el Estado se proveyó de leyes especiales como la Ley de Seguridad del Estado N° 12.927 de 1958, aún vigente, que fue modificada en dictadura y en democracia y que se aplicó masivamente desde el 18 de octubre de 2019.

"El Estado se dio cuenta de que el Código Penal por sí solo no servía para reprimir más intensamente estos contextos de rebelión masiva, y por eso se inventan las leyes de Seguridad Interior del Estado porque sancionan delitos que de otro modo no existirían, o les agrava las penas a delitos existentes, como en el caso de este profesor que imputaron por daño a un torniquete. Si lo hubiera imputado el Código Penal normal ni se hubiera discutido su prisión preventiva, pero con la Ley de Seguridad del Estado quedó en prisión preventiva", puntualizó el jurista.

Esto contrasta con los delitos que cometen los agentes de Estado, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como les llama la normativa internacional.

"Ahí se ve claramente una colisión entre dos formas de entender esto, jurídica y políticamente, porque a la luz del derecho internacional de los derechos humanos se trata de delitos cometidos por agentes del Estado, es decir violaciones de derechos humanos", explica Cortés.

Sin embargo, lo que predomina en la cultura de muchos tribunales, y de los legisladores, afirma Cortés, es una mirada comprensiva, de considerarlos "como excesos individuales y no como una política de Estado".

Además, los legisladores, frente a la protesta social, generan leyes específicas de castigo y criminalización, que por un lado tipifican nuevos delitos o agravan las penas, como las leyes antibarricadas y antisaqueos aprobadas en enero del 2020.

"A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, a nadie, aunque me obliguen", afirmaba el general Mario Rozas, exdirector de Carabineros, en una arenga a su personal, el 13 de noviembre del 2019, en el contexto de las violaciones a de los derechos humanos durante el estallido social. Nueve días después, el 22 de noviembre, el General Enrique Bassaletti, jefe de zona este de la Región Metropolitana, comparaba el uso de escopetas antimotines con la quimioterapia: "Se mata células buenas y células malas".

Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, comenta a Sputnik que hasta 2016 los delitos cometidos por Carabineros eran vistos por la justicia militar, lo cual provocó una disparidad a la hora de investigar y aplicar sentencias en el caso de los agentes del Estado y en particular en la Policía militarizada chilena.

"A ojos de Amnistía Internacional y otras organizaciones ligadas a los derechos humanos, esto propiciaba la impunidad de los acusados, toda vez que los tribunales militares estaban integrados por algunos funcionarios no letrados y por miembros de la misma institución a la que pertenecía el imputado", señala en una columna de opinión la también abogada de la Universidad de Chile.

La entidad internacional de derechos humanos plasmó esta situación en un informe de 2016, titulado No sabía que existían dos justicias. Jurisdicción militar y violencia policial en Chile. El documento mostró que del total de casos ingresados en 2005, 2008, 2011 y 2014 por "violencias innecesarias" —delito por el que se persigue el uso excesivo de la fuerza policial—, solo un 0,3% terminó como causa fallada, lo que corresponde a 14 casos de 4.551; mientras que la gran mayoría, el 96,5%, terminó en sobreseimiento definitivo o temporal.

Además, "quedan algunas instituciones del Código de Justicia militar que todavía se aplican a Carabineros. Primero todos los instructivos, el manual de operaciones de Carabineros es secreto porque así lo establece el Código de Justicia militar. Y segundo, y esto es importante para comparar con la otra justicia, [un efectivo de] Carabineros cuando es encarcelado por prisión preventiva, no la cumple en las cárceles comunes y corrientes, sino en recintos especiales, por lo general algunos cuarteles que se acondicionan para ese efecto", señala.

Esta disparidad de trato entre el proceder de los agentes estatales y las manifestaciones de protesta social son respaldadas con cifras, especialmente el periodo de protestas masivas durante la revuelta social, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, y que son reafirmadas por Piquer.

 

"Las causas por delitos cometidos en el marco del estallido social (desórdenes, saqueos, incendios, porte y lanzamiento de bombas molotov y similares) llegaron a poco más de 40.000. De estas, a mayo de 2021, ya había 4.771 sentencias condenatorias, es decir, entre el 11 y el 12%", señala.

Por otra parte, la fiscalía había recibido 8.600 denuncias por violaciones a derechos humanos, en lo que el organismo llama causas de "violencia institucional" cometidas por agentes del Estado. De ellas, 43% fueron cerradas sin encontrar responsables, y al mes de julio de este año, solo en tres casos se había dictado condena: los tres fallos fueron de penas de cumplimiento en libertad, y sin prisión preventiva previa. Hoy alcanzan siete condenas, según detalla Julio Cortés.

Para el académico y magíster en Derecho Penal existe una justicia de clase, donde los sectores pobres son estigmatizados y perjudicados, y donde los jueces más conscientes, más progresistas son sancionados, como el caso del juez Daniel Urrutia, quien, en el contexto de la pandemia de COVID-19, cambió la medida cautelar de prisión a varios manifestantes de la revuelta para descomprimir las cárceles, porque era una medida que no se condecía con las eventuales penas.

"Ese clasismo permea casi todo el sistema judicial, no solo los tribunales, sino también, como se vio en este caso, la designación del fiscal nacional. O fiscales que han sobreseído causas importantes —financiamiento de la política— y después ya se van de la fiscalía, pasan al sector privado", sostiene.

A las pocas condenas de agentes del Estado por delitos de lesa humanidad, hay que sumar que la Contraloría General de la República (CGR) formuló cargos contra seis generales de Carabineros y después recomendó sancionar a tres de ellos por su manejo del estallido.

 

"A la fecha, las sanciones propuestas por la CGR no han sido aplicadas por el general director, pese a que existen dos generales inspectores que fueron ascendidos durante la sustanciación del procedimiento disciplinario", dijo el contralor Jorge Bermúdez ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de las actuaciones de las Policías durante la revuelta social.

Para Julio Cortés, esta es la verdadera protección de la institucionalidad, "porque que algunos peones tengan que caer es como inevitable y se trata que sean los menos posibles, que no se los lleve a las cárceles comunes y corrientes".

Esto es evidente, si se considera que los últimos tres generales directores de Carabineros que hubo antes del segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) hoy están siendo investigados por corrupción, dos de ellos en prisión preventiva en sus cuarteles —Gustavo González (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018)—, y Eduardo Gordon (2008-2011), quien será formalizado —informado en audiencia pública sobre los delitos que le imputan— en diciembre.

Frente a este actuar del Estado, el cientista político, máster en Ciencias Económicas y Filosofía y académico de la Universidad de Chile Rafael Agacino cree que la cuestión es más profunda y compleja, y se cuestiona sobre dónde actualmente reside el poder, y qué sucede si el poder político real se desplaza más allá y fuera del Estado.

"El poder efectivo reside cada vez menos en el Parlamento o el Ejecutivo y cada vez más en los edificios corporativos de los grupos económicos y sus think tanks. Se trata de poderes fácticos no formalmente políticos pero que, por efecto de una fuerte centralización de capital facilitado por un ciclo largo de acumulación, no pueden sino expresarse como poder político", explica a Suptnik.

En sus palabras, "un régimen político debilitado, que pierde su capacidad de maniobra vía clientelismo frente a las luchas sociales, por default, tiende a fortalecer sus dispositivos y formas policíacas de control del orden".

Para Agacino, cuando el Estado "es capturado por las grandes corporaciones, tiende a convertirse en un cuasi cascarón jurídico-político dirigido desde fuera por un poder dual burgués comandado por la tecnoburocracia y sus políticas".