La Fiscalía de Colombia acusará de homicidio agravado a tres policías por el asesinato de seis jóvenes durante el paro nacional, confirmó hoy Elmer Montaña, abogado de las familias de las víctimas.
Los acusados son el coronel Edgar Vega Gómez, comandante operativo de Cali, el teniente Néstor Mancilla, comandante de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) y el patrullero Wilson Esparragosa.
Esto tiene que ver con la muerte de varias personas en Siloé, Calipso y Puerto Resistencia, donde incursionaron miembros de la policía y de los GOES disparando sus armas de fuego contra los manifestantes, aseguró.
Los hechos ocurrieron durante las masivas manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque, que comenzaron el 28 de abril pasado y se extendieron por todo el país durante más de dos meses.
Las víctimas, José Ambuila, Kevin Antonio Agudelo, Harold Antonio Rodríguez, Heinar Alexander Lasso, Edwin Villa y Miguel Ángel Pinto, murieron a causa de la violencia policial en los citados barrios de la ciudad de Cali.
«Como abogado de las víctimas reconozco y valoro el trabajo que viene adelantando la Fiscalía de Colombia con el fin de no dejar impunes los homicidios de las personas que fueron asesinadas por miembros de la Policía», expresó Montaña por medio de su cuenta en Twitter.
Pidió, como medidas cautelares, separar de sus funciones a los uniformados para garantizar transparencia en la investigación y evitar que los acusados utilicen su cargo para entorpecer la misma, y que sean llevados prisión preventiva.
El pasado 28 de abril una gran ola de movilizaciones antigubernamentales se extendió por todo el país protagonizadas por trabajadores, líderes sindicales, sociales, estudiantes, maestros, indígenas, políticos, intelectuales, congresistas y otros.
Estas protestas, las mayores de los últimos 70 años en Colombia, fueron atacadas constantemente por la policía, GOES, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y fuerzas militares con saldo de decenas de muertos, abusos sexuales, heridos, desparecidos y detenidos, de acuerdo con denuncia de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos como Temblores ONG.
Juliette de Rivero, la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, reveló que esas protestas fueron ocasionadas por las grandes desigualdades que existen en Colombia.
Además, por la necesidad, sobre todo de los jóvenes, de pedir más oportunidades, más acceso a la educación, al empleo y fue en su mayoría una movilización pacífica, importante, democrática.
También hubo (…) mucha pérdida de vidas humanas por el uso excesivo de la fuerza pública dijo en entrevista con Caracol Radio.