Julian Assange, el activista australiano fundador de WikiLeaks, estos días se enfrenta nuevamente a un nuevo juicio en Londres sobre su posible extradición a Estados Unidos (EEUU).

Se hizo famoso especialmente a partir del año 2010 por sacar a la luz, a través de su organización, numerosos e impactantes documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, entre ellos el vídeo Collateral Murder (Asesinato Colateral), en el que se denunciaban flagrantes crímenes de guerra de las fuerzas armadas de los Estados Unidos (EEUU), una de las primicias periodísticas más destacadas en muchos años. A raíz de estas publicaciones, el gobierno estadounidense inició una investigación sobre WikiLeaks y pidió apoyo a los países aliados para perseguir Assange, por cualquier posible causa penal y en cualquier parte del mundo.

Probablemente atendiendo a esas peticiones, Assange fue acusado pocos meses después por la fiscalía sueca de supuestas agresiones sexuales y violación, todo apunta a qué sin fundamento alguno, ya que las dos presuntas víctimas reconocieron haber tenido con el activista australiano relaciones consentidas. A pesar de la supuesta independencia de la Justicia, no se puede ignorar que en el país nórdico gobernaba entonces un ejecutivo conservador y pro-atlantista, y que era el ejecutivo quien nombraba al fiscal o la fiscal general. A raíz de estas acusaciones y de la orden de búsqueda internacional, Julian Assange, entonces temporalmente en Londres, se entregó a la policía británica a finales de 2010, donde quedó en libertad provisional. Sus abogados hicieron numerosas ofertas para que se desplazara a Suecia a cambio de la garantía de no ser extraditado a EEUU, un aval que no fue nunca concedido, con el argumento de que la administración norteamericana no había realizado ninguna solicitud formal para su entrega por parte del gobierno sueco, todo apunta que una negativa para alargar el proceso y posibilitar finalmente la expulsión forzada. Sin embargo, en el mes de junio de 2012, después de perder el juicio que implicaba aquella extradición, Assange se refugió en la embajada de Ecuador, donde el gobierno progresista de Rafael Correa le concedió asilo diplomático y, posteriormente, la nacionalidad.

En mayo de 2017, y a pesar de las múltiples presiones para que se mantuviera el caso abierto, la fiscalía sueca, entonces con un gobierno socialdemócrata en el país, terminó cerrando el caso por falta de pruebas, quedando anulada la euro-orden de detención contra el activista australiano, aunque el procedimiento se reabriría por un breve periodo dos años más tarde. Pero en abril de 2019, tras cerca de siete años de confinamiento, Assange fue detenido por la policía británica en el interior de la embajada, después de que el nuevo gobierno de Ecuador, bastante más influenciable por los dictados de EEUU, le revocara el asilo y la nacionalidad. El fundador de WikiLeaks se encuentra desde entonces detenido en una prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sur de Londres, por un delito considerado habitualmente leve, como es incumplir las normas de la libertad provisional. Un grave atentado a los derechos fundamentales de Assange, demostrando que se trata de una farsa judicial al servicio de los oscuros intereses de la justicia estadounidense, con un riesgo evidente de ser extraditado a ese país y de ser condenado a una pena de prisión permanente por unos supuestos “crímenes de guerra» que en realidad cometieron las tropas a las órdenes del Pentágono, y que WikiLeaks denunció.

Es realmente inadmisible que, en lugar de investigar y juzgar a los responsables de los crímenes de guerra, cualquier persona que publique un documento denunciando los ataques que han costado la vida a cientos o miles de personas, pueda ser detenido, prácticamente en cualquier parte del mundo, y extraditado a Estados Unidos. Un gravísimo ejemplo de la extraterritorialidad judicial que EEUU pretende aplicar, destinada a evitar futuros desafíos por parte de otros periodistas o investigadores críticos con el imperio (1). Del mismo modo que Edward Snowden y Chelsea Manning, Julian Assange forma parte de un nuevo grupo de disidentes políticos que son perseguidos y acosados, no por regímenes formalmente autoritarios, sino por estados que pretenden ser supuestas «democracias ejemplares». (2)

En esta misma línea, muy crítica con la persecución del activista australiano, Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, consideró que una democracia constitucional, como supuestamente son los Estados Unidos investigaría y castigaría a los criminales de guerra, en lugar de amenazar a la persona que hizo público aquellos crímenes, con hasta 175 años de prisión. Assange tiene derecho a un juicio justo, pero se le ha negado reiteradamente ese derecho: en Suecia, en el Reino Unido y, muy probablemente, en EEUU. Es obvio que se trata, según el relator de la ONU, de un grave caso de persecución política. (3)

Para Amnistía Internacional, que se opone también frontalmente a la posibilidad de que Julian Assange sea extraditado a EEUU, el fundador de WikiLeaks estaría seriamente expuesto a sufrir condiciones inhumanas de encarcelamiento, en un aislamiento total equiparable al maltrato y la tortura. Además, el hecho de haber sido objeto de una campaña de criminalización por parte de las autoridades estadounidenses, perjudicaría claramente su derecho a la presunción de inocencia, lo que supone un riesgo evidente de que no se llegue a celebrar jamás un juicio justo. (4)

Esta situación nos recuerda a los antiguos disidentes soviéticos, como fue el caso de Andréi Sájarov, el prestigioso físico nuclear soviético que fue premio Nobel de la Paz en 1975. Pero el propio Sájarov terminó siendo rehabilitado por Gorbachov, y posteriormente elegido miembro del entonces recientemente creado Congreso de Diputados del Pueblo, en los últimos años de la Unión Soviética. Si Julian Assange fuera un disidente de cualquier estado enfrentado a EEUU y sus aliados, probablemente hace tiempo que se estaría promoviendo una candidatura al Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, o quizás al propio Premio Nobel de la Paz. En todo caso, sólo una fuerte presión internacional puede evitar que termine su vida en una prisión de alta seguridad.

Notas

1. Rafael Poch – En nuestro siglo los grandes disidentes ya son los de Occidente – CTXT Contexto y Acción – 17/04/2019

2. Ignacio Ramonet – Libertad para Julian Assange – Le Monde Diplomatique – Julio 2016

3. Daniel Ryser – Los detalles del caso Assange, según el investigador de la ONU – Entrevista a Nils Meizer – elDiario.es – 26/02/2020

4. Amnistía Internacional – Estados Unidos y Reino Unido deben retirar los cargos y suspender la extradición de Julian Assange – Amnesty.org – 21/02/2020