El Legislativo ha dado un importante paso en esa dirección promulgando una ley que limita las facultades de Castillo y debilita al mandatario frente a un Parlamento opositor y en buena parte hostil y golpista. Esta ley, que es un ataque directo al presidente, ha sido promulgada cuando en el Congreso sectores radicales de la derecha encabezados por el fujimorismo, complotan para dar un golpe parlamentario. Para eso tienen la ambigua figura de la destitución del presidente por “incapacidad moral”, que puede aplicarse sumariamente en un proceso de pocos días sin necesidad de un juicio político y sin otro argumento que la fuerza de los votos. Se necesitan dos tercios del Congreso unicameral, 87 votos de 130. La derecha golpista todavía no alcanza esos votos, pero trabaja para sumarlos, con apoyo de un sector importante de los medios. La nueva ley le quita opciones al presidente para defender su gobierno.

El sistema político peruano es una combinación de presidencialismo con elementos de los modelos parlamentarios. Además de la posibilidad de destituir al presidente sin pasar por un impeachment, el Parlamento tiene la facultad de interpelar y censurar ministros, obligándolos a renunciar, y todo nuevo gabinete debe recibir el voto de confianza del Congreso, si la confianza le es negada el gabinete cae. El Ejecutivo, como contrapeso a esas facultades parlamentarias, puede pedir una cuestión de confianza si considera que el Congreso obstruye su trabajo y le impide llevar adelante sus políticas, y si el voto de confianza le es negado dos veces queda habilitado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.

La cuestionada ley sacada por la derecha, aprobada por insistencia con 79 votos luego que el Ejecutivo la observara, limita las facultades del gobierno frente al Congreso, prohibiéndole utilizar el pedido del voto de confianza para lo que se considere “facultades del Congreso” y para defender reformas constitucionales. Entre otras limitaciones, ahora el gobierno no podrá utilizar el voto de confianza para defender su propuesta de una reforma constitucional para habilitar un referéndum para elegir una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución heredada de la dictadura de Alberto Fujimori. Se limita la cuestión de confianza que puede pedir el Ejecutivo, pero se mantienen intocables todas las facultades del Congreso frente al gobierno, entre ellas la de destituir al mandatario por “incapacidad moral”. El equilibrio de poderes se ha roto, la cancha ha quedado inclinada a favor del Parlamento, donde la ultraderecha golpista tiene importante fuerza.

“Esta ley implica un debilitamiento de la presidencia, precariza la figura del presidente Castillo, lo hace más frágil. Esto se suma a otros problemas congénitos que tiene el sistema peruano, como el hecho que un presidente puede ser destituido en un proceso exprés de quince días porque aquí no existe juicio político. Esta ley se ha dado para mediatizar al presidente, a la presidencia de la república como institución, para neutralizar al gabinete y toda posibilidad de cambio, y es un aviso de la vacancia (destitución del presidente) que los sectores de la ultraderecha quieren presentar en el Congreso. Al restringir el criterio de amplitud del voto de confianza lo que se hace es empoderar al Parlamento sobre el presidente de la República y eso es una fractura histórica. Hay un fuego cruzado entre el Ejecutivo y el Congreso, con esta ley el Parlamento toma ventaja”, le señaló a Página 12 el abogado y politólogo Juan de la Puente, director del portal de análisis político Pata Amarilla.

“Esta ley -indica De la Puente- ya está teniendo efecto. Mi impresión es que Castillo está gobernando de cara al Parlamento, diría de cara a la enorme influencia que en el Congreso tiene la ultraderecha. La consecuencia de esto podría ser que Castillo tenga gabinetes menos suyos y más interesados en quedar bien con el Parlamento, caer en el juego que postula la derecha que quiere un consenso pero sin cambios, cuando el mandato de las elecciones es que haya consenso y cambio”.

En los últimos años, con estas figuras de la destitución del presidente por “incapacidad moral” y la disolución del Congreso, el país ha estado en permanente inestabilidad política. En el último quinquenio, antes que asuma Castillo en julio pasado, hubo cuatro presidentes y dos Congresos. En diálogo con Página 12, el abogado constitucionalista Luciano López, profesor de la Universidad Católica, opina sobre los efectos de esta ley en este escenario de inestabilidad.

“Si se quisiera dar estabilidad -señala López- se debería eliminar la posibilidad de disolver el Congreso y reemplazarla por la renovación parcial a mitad de mandato como existe en Argentina y otros países, y del otro lado eliminar también la destitución del presidente por incapacidad moral, que no se ha tocado, y establecer un juicio político con todas las garantías para una falta grave. Pero con esta ley no se ha querido dar estabilidad, sino debilitar al presidente. El trasfondo de esta ley es que el Congreso está tratando de neutralizar la posibilidad de su disolución al limitar la cuestión de confianza y está dejando abierta la puerta de la vacancia del presidente por una causal amplia como la incapacidad moral que se presta a la arbitrariedad. La Constitución le da un revolver al Ejecutivo para que le dispare al Parlamento disolviéndolo si se le niega dos veces la confianza, y le da otra pistola al Parlamento con la figura de la vacancia del presidente por incapacidad moral. Esta ley le quita ese revolver al Ejecutivo, pero le deja al Parlamento el revolver para que le dispare al Ejecutivo”.

El gobierno ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que esta norma sea declarada inconstitucional por modificar irregularmente la Constitución. “La Constitución -precisa López- no pone límites a la cuestión de confianza que puede usar el Ejecutivo y así lo ha establecido el TC en dos sentencias, de 2018 y 2019. Esta ley es inconstitucional porque ha hecho una reforma de la Constitución limitando el pedido de confianza a través de una ley ordinaria que no es la vía para reformar la Constitución. Si el TC aprueba esta ley sería por razones políticas y no jurídicas”, señala López. El proceso en el TC, dice el constitucionalista, podría tomar unos cuatro o cinco meses, mientras tanto la ley sigue vigente.

Con un Congreso opositor que limita sus facultades, una derecha golpista con fuerza en el Parlamento y apoyo mediático y en sectores empresariales, y su frente interno dividido, Castillo se enfrenta a un panorama complicado. El analista Juan de la Puente señala que la respuesta del maestro rural y sindicalista que ha llegado a la presidencia debe pasar por movilizar las bases populares que votaron por él.

“Lo primero que puede hacer Castillo, que me parece está comenzando a hacer, es acudir al pueblo. En los últimos días la reacción del presidente ha sido volver a sus bases, viajar por el país, y está dejando que corra la idea que este es un Parlamento abusivo que está obstruyendo su trabajo. El principal sostén del presidente está en las calles, porque la coalición oficialista está muy deteriorada”, dice Juan de la Puente

Fuente: RL