El calvario judicial de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 63 años y que padece una enfermedad crónica, se alarga desde hace más de seis meses ante la justicia militar de Israel. El tribunal castrense de Ofer, en Cisjordania, ha denegado este miércoles la petición de su abogado para que pasara a la situación de arresto domiciliario mientras prosigue el proceso, en el que la trabajadora humanitaria en Palestina ha sido acusada de pertenencia a una “organización ilegal” que desvió fondos a un grupo calificado como terrorista.

El marido de Juana Ruiz, el palestino Elías Rishmawi, aseguró que el juez militar había rechazado la petición de excarcelación “porque ella aún no lleva tanto tiempo en la cárcel” y su situación puede ser revisada “en el futuro”. Precisó que antes de la próxima sesión del juicio, prevista para el 10 de noviembre, la defensa y la Fiscalía tienen previsto reunirse para evaluar un posible acuerdo entre las partes bajo supervisión judicial. Su esposa no estuvo presente en la vista —como ocurrió el 10 de agosto, cuando acudió esposada y con grilletes, y sin contar con un intérprete oficial— y participó en la sesión por vía telemática. “¡Soy inocente!”, fueron las únicas palabras que ha pronunciado en su última comparecencia, según el relato de su marido.

Juana Ruiz ha permanecido entre rejas tras su detención. Una veintena de soldados israelíes irrumpieron en la madrugada del 13 de abril en su casa de Beit Sahur, en las afueras de Belén. Empleada desde hace 28 años en la ONG sanitaria palestina Comités de Trabajo para la Salud (HWC, por sus siglas en inglés), la cooperante se encuentra encarcelada en el penal de Damon, en las montañas que rodean Haifa (costa norte de Israel) junto a decenas de presas palestinas “de seguridad” (nacionalistas). Antes pasó varias semanas de aislamiento en la celda en una cárcel próxima a Tel Aviv, donde fue sometida a largos interrogatorios por agentes del Shin Bet (servicio de seguridad interior).

Su situación fue calificada entonces por fuentes diplomáticas de “presión psicológica y psíquica”. Ruiz tardó más de dos semanas en recibir sus efectos personales tras su detención, como las gafas de lectura, y no se pudo cambiar de ropa con vestimentas propias. La cooperante española debe tomar medicación a causa de una enfermedad crónica y estuvo sumida en un estado depresivo durante varias semanas por el permanente aislamiento al principio de su detención.

También tuvo que firmar documentos en hebreo, lengua que no conoce, sin la presencia de un intérprete. Se trata de la primera vez en tiempos recientes que una persona con ciudadanía exclusiva española recibe el inflexible trato que la justicia militar israelí aplica sistemáticamente desde hace 54 años a los residentes en los territorios ocupados palestinos. Tampoco se conocen precedentes cercanos de ciudadanos europeos que hayan pasado por su mismo calvario judicial.

En su primer contacto con el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se interesó en julio por la situación de la trabajadora humanitaria encarcelada. Albares precisó también en una comparecencia parlamentaria que se iba a implicar personalmente en el asunto, como ya había declarado su predecesora en el cargo, Arancha González Laya. El interés oficial se ha topado, sin embargo, con la lenta marcha del proceso en Israel.

Los inesperados cambios de letrados de la cooperante y el relevo al frente del Consulado General de España en Jerusalén coincidieron también con el desarrollo de la causa, que se complicó tras la detención el pasado julio de la palestina Shatha Odeh, directora ejecutiva de HWC. En la misma redada fueron arrestadas por fuerzas militares otras 10 personas de la ONG en la que trabajaba Juana Ruiz. A todas ellas se les acusa de participar en una red para “introducir ilegalmente fondos en los territorios palestinos”, que fueron desviados hacia el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado terrorista por Israel y la Unión Europea, “mediante fraude, falsificación y engaño” a los donantes de países europeos.

“Acusaciones sin base contra la sociedad civil”

Avigdor Feldman, actual letrado de la cooperante española, considera que el proceso “forma parte de una operación de Israel para acusar sin base a asociaciones de la sociedad civil que realizan tareas humanitarias en los territorios palestinos”. Feldman, fundador de la Asociación de Derechos Civiles de Israel, fue el defensor de Mordejai Vanunu, el técnico nuclear que en 1986 desveló la existencia del programa secreto de armas atómicas de Israel. La familia de Juana Ruiz tuvo que abrir una cuenta de recogida de fondos para sufragar los elevados gastos de la defensa jurídica, según un comunicado difundido por la plataforma de apoyo a Juana Ruiz, integrada por 140 organizaciones en España.

“La investigación del servicio secreto [Shin Bet] presentada ante el tribunal es muy insatisfactoria: acusaciones generales, sin pruebas ni declaraciones de testigos”, argumentó Feldman tras la vista celebrada en agosto en Ofer en presencia de la cooperante. “Algunos de los hechos [que forman parte] de los cargos se produjeron en España, donde este tribunal no tiene jurisdicción”, abundó el letrado en sus alegaciones. “Negamos también que exista conexión entre nuestra cliente y el Frente Popular de Liberación de Palestina. Esta organización fue declarada ilegal en 2020, pero la decisión se hizo efectiva en 2021, y todas las acusaciones son anteriores”, apostilló. Extraterritorialidad e irretroactividad son factores determinantes en la nulidad de la causa, según la defensa. “Mi cliente debe ser excarcelada; no vemos ninguna razón para que siga entre rejas. Puede permanecer en un lugar fuera de la prisión donde ella pueda continuar [en arresto domiciliario] mientras termina el proceso”, argumentó entonces la petición que ahora ha sido rechazada.

La semana pasada, el Ministerio de Defensa de Israel declaró a seis ONG palestinas como organizaciones terroristas. Entre ellas figuran las principales asociaciones defensoras de los derechos humanos en Cisjordania que promueven acusaciones por crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional contra altos cargos militares y civiles del Estado judío. Al igual que Juana Ruiz, están acusadas de apoyar y financiar al proscrito Frente Popular para la Liberación de Palestina, partido de izquierda minoritario. El Departamento de Estado de EE UU y la UE han anunciado que pedirán aclaraciones al Gobierno israelí sobre la decisión, que ha sido rechazada por ONG internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

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Juan Carlos Sanz

Es el corresponsal para Oriente Próximo en Jerusalén desde 2015. Antes fue jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, el Magreb, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid.

Fuente: El País de España