A dos años del estallido social que arrinconó a Lenin Moreno cuando intento liberar los precios de los combustibles, hoy vuelven las protestas y el malestar social tras la presentación de una serie de proyectos de ley que impulsan una reforma laboral y tributaria que afectan a sectores población a la par que hay un alza en el precio de los combustibles. Desde la CONAIE señalan la maniobra política para avanzar en las reformas y contener la protesta que se viene.

El alza en el precio de combustible, que se ajusta cada mes por un sistema de bandas que se aplica desde el gobierno anterior, fue la principal causa del paro de agricultores que duró 48hs sobre todo en la zona norte y costera del país que también reclamaron un mantenimiento de precios en la producción agrícola. Se destacaron los cortes de ruta de los agricultores de arroz del cantón Santa Lucía – Guayasy agricultores del Carchi.

Mientras el ex banquero y actual Presidente, Guillermo Lasso, declaró, el lunes pasado, el estado de excepción por sesenta días ante lo que consideró a la situación del país de una «grave conmoción interna» debido al «aumento de la actividad delictiva». Inmediatamente comenzaron a caer las críticas de las fuerzas políticas opositoras. El líder de la CONAIE, Leonidas Iza expresó, «El combate a la delincuencia no se resuelve poniendo más militares en las calles… Este estado de excepción busca desarticular las movilizaciones y dar paso a los proyectos de ley del Presidente».

Hace unas semanas la Asamblea Legislativa rechazó el proyecto enviado por el Ejecutivo «Ley de Oportunidades Laborales» debido a los reformas laborales y cargas impositivas. La fuerzas aliadas a Lasso en la Asamblea están en franca minoría. El Presidente amenazó con disolver el Parlamento si no tratan la iniciativa que nuevamente presentó dividida en dos y en carácter urgente facultado por el estado de excepción.

Hace unos días con la revelación periodística de la documentación internacional de los Padora Papers, salió a la luz que Lasso estuvo vinculado a 14 sociedades offshore, de las cuales 11 estarían inactivas. Mientras una comisión de fiscalización del Congreso investiga las irregularidades del mandatario.

“La situación de estado de excepción es producto de la desesperación política del gobierno por el desplome de los índices de aceptación y legitimidad frente a la población por el caso Pandora Papers. La visión que tiene la ciudadanía frente a la Presidencia en razón a que uno de sus puntos fuertes era la reforma tributaria en la cual agregaba contra la clase media una serie de impuestos y al demostrar que Lasso es un evasor de impuestos y que su fortuna esta en paraísos fiscales ha habido un desplome de su imagen. Esto provocó que busque formas para golpear a la oposición, primero con la declaraciones de que habría un complot para sacarlo de la Presidencia y segundo la declaración de este estado de excepción que es fruto de la desesperación política. Aprovechan una crisis carcelaria son precedentes que ya se cobro más de 130 muertos en los últimos seis meses dentro de las cárceles y un trabajo desde los medios para instalar una sosobra en la población por la falta de “seguridad”. Con esta declaración lo que busca es posicionarse frente a la ciudadanía y segundo tener las condiciones para enviar a la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley de reforma tributaria con carácter urgente que sin un estado de excepción solo podría realizarlo un o por vez. Y tercero, es blindarse a las movilizaciones que viene en camino. Para el día 26 de octubre se ha planteado un paro nacional en donde se juntan varios sectores con la CONAIE para exigir la derogatoria de los decretos que eliminan el subsidio a los combustibles y que a doblado su precio. Estos son los objetivos políticos claros desde esta maniobra del Ejecutivo. Estamos esperando que la Corte constitucional se emita sobre la constitucionalidad de este decreto.

-Teniendo en cuenta las protestas en estos días, ¿crees que puede haber una escalada del conflicto en este estado de excepción a partir del 26 de octubre?

El 26 desde el paro nacional esta planteado hacer un cierre desde las villas y una paralización en todos los territorios y esto no es un hecho aislado sino que responde a todo un trasfondo que se viene haciendo a partir de un frente anti-neoliberal, que es la unidad de varios sectores para frenar la avanzada de estas políticas. Creemos que va a ser el inicio de una movilización que tendrá varios episodios, aunque no creemos que se produzca otro “Octubre” sino que es el inicio de un proceso de movilización constante que ira creciendo a partir de un descontento de un conjunto de políticas internas que se vienen dando.

-¿Cual es la relación del gobierno con el FMI y los acuerdos para el financiamiento?

Bueno, esto es uno de los principales rechazos de los movimientos sociales y la sociedad civil en general. La total entrega que tiene el gobierno hacía el FMI y el cumplir de todos sus requerimientos sacrificando política social pública. Esta es una demanda fuerte porque el país en términos macro-económicos esta cumpliendo con las condiciones del FMI pero a lo interno esta sacrificando a la población.

Fuente: RL