Oposición concreta ingreso de acusación constitucional contra el Presidente y asegura que el caso Dominga “no es un acto aislado de codicia o aprovechamiento del poder para beneficio propio”.
Hemos a toda la oposición unitariamente para hacer la presentación de la acusación constitucional contra el Presidente de la República”. Así partió el diputado Jaime Naranjo (PS) al presentar oficialmente el libelo acusatorio contra Sebastián Piñera, luego de las acusaciones dadas a conocer la semana pasada en el marco de los Pandora Papers, sobre la compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes a su amigo Carlos Alberto Délano.
El ingreso del libelo se hizo a primera hora de hoy, con lo que podría resolverse antes de la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias del 21 de noviembre. La acusación necesita 78 votos en la Cámara Baja para ser aprobada. De ser así, pasaría al Senado, donde requiere de dos tercios (29 votos), y en donde la oposición cuenta con 24.
Acompañado por varios diputados de oposición, Naranjo señaló que “en la antesala de un nuevo aniversario del 18 de octubre, queremos decir que esta acción política unitaria de la oposición sirva como un reconocimiento y un homenaje a todos los que sufrieron las graves violaciones a los derechos humanos y a los sectores más vulnerables de nuestro país que sufren las injusticias sociales”.
“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el Presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio a la probidad. Y en segundo lugar, por comprometer gravmente el honor de la nación”, agregó.
Luego de la firma del documento, el diputado humanista Tomás Hirsch dijo que “podemos asegurar que están los votos de nuestras bancadas de oposición, y el oficialismo (…) debería también apoyarla”. Asimismo, Catalina Pérez (RD) manifestó que “lo mínimo que esperamos es que se frene la tramitación de Dominga. Independiente de eso, hay una serie de actos que han afectado la honra de nuestra nación”.
También habló la diputada de Partido Socialista, Emilia Nuyado: “El llamado es a que todos los diputados de oposición y oficialismo estemos con los votos para que esta acusación prospere”.
Y finalmente, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Ascencio indicó que “esta es una acusación que, de aprobarse, pasa a la historia por el contenido y el fondo (…) Hoy día apostamos a que vamos a tener todos los votos de la oposición. La invitación es a todos los parlamentarios de oficialismo a que se sumen (…) esta acusación se va a ganar acá (en la Cámara)”.
Minutos más tarde, se dio cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados del libelo acusatorio contra el Mandatario y se procedió al sorteo de los cinco integrantes de la comisión revisora, para el que fueron seleccionados Florcita Alarcón, Maya Fernández (PS), Pepe Auth, Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (ex UDI).
En total, fueron 16 los diputados que firmaron la acusación constitucional contra Piñera: Marcelo Díaz (Unir), Félix González (Partido Ecologista), Marcela Hernando (Partido Radical), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Juan Santana (Partido Socialista), Claudia Mix (Comunes), Daniel Núñez (Partido Comunista), Emilia Nuyado (Partido Socialista), Andrea Parra (Partido Por la Democracia), Pamela Jiles (Partido Humanista), Catalina Pérez (Revolución Democrática), Karim Bianchi (comité de independientes), Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social), Gabriel Silber (Democracia Cristiana), Pablo Vidal (Nuevo Trato) y Gonzalo Winter (Convergencia Social).
Vale recordar que esta acusación es paralela a la investigación de oficio que anunció la semana pasada la Fiscalía Nacional, y que también tiene relación con los antecedentes dados a conocer en el marco de los Pandora Papers, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno. La investigación estará en manos de Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, según comunicó Marta Herrera Seguel, Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público.
Los fundamentos
En un documento de 99 páginas, el libelo entrega los fundamentos de la acusación “por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”.
La acusación consta de dos capítulos: el primero señala que “el Presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 n°8 de la Constitución Política de la República”, vale decir los principios de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación.
En tal sentido, señala que el mandatario “intenta eludir el cumplimiento de los deberes constitucionales, toda vez que las circunstancias fácticas descritas dan cuenta de una intención sostenida de favorecer, a través del uso de facultades que entrega el ordenamiento jurídico, a un cierto grupo de interés, ligado de forma íntima al primer mandatario. Eso se aleja de la idea de una conducta intachable y recta o el actuar con preeminencia del interés general por sobre el interés particular”.
El segundo señala que “el Presidente de la República, ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República”, un punto “derivado de las propias actividades estatales con la finalidad de suscribir el tratado de Escazú, el que fue desestimado por el Presidente acusado, como una manifestación del estatus intocable en regulación ambiental y adicionalmente las reglas de la Convención Interamericana contra la corrupción, en materia de prevención de conflictos de interés y la omisión de ciertas actuaciones propias del cargo, pues se han incumplido deberes internacionales, como asimismo, la desoladora imagen del país, y específicamente su primera magistratura en el contexto de los denominados “Pandora Papers”, como es el hecho público y notorio de noticias a nivel mundial”.
Además, concluye que “la deslegitimación del ejercicio del poder del Presidente de la República producto de sus actuaciones que confunden los intereses personales con los intereses del país, afecta y daña de manera muy significativa la seguridad interna y externa de Chile”.
En sus argumentos, el texto defiende “el deber ético de acusar” que cabe sobre los parlamentarios y delinea un perfil del Mandatario, y resalta que “una autoridad que no es honesta mal podría considerarse como una autoridad prudente, esto supone riesgos no solo a la imagen del cargo, sino también al sistema democrático, puesto que el gobernante, como sujeto político, debe velar por no hacer de sus intereses personales algo que afecte al país y sus instituciones”.
En este sentido, remarca que “lo que ocupa nuestra atención no es un error puntual o, incluso, un acto aislado de codicia o aprovechamiento del poder para beneficio propio. No, se trata de una conducta que acompaña al señor Piñera desde siempre, conocida por todos, y que ha perjudicado a muchos compatriotas o al país entero”.
Así, saca a colación episodios como el del espionaje a Evelyn Matthei en los ’90 (“el ciudadano que no trepida en organizar una conspiración para denigrar a una compañera de partido, a través de un programa de televisión”), el caso Exalmar, el uso de información privilegiada en la compra de acciones de Lan.
“Aquel ciudadano, hoy en el cargo de Presidente de la República, afirmó que no participó en la venta de la Minera Dominga, siendo el dueño de las acciones respectivas, y que fue una operación efectuada por sus hijos con uno de sus amigos más cercanos, de la cual él “nunca supo” (…) Se trata del Presidente que ahora la Fiscalía Nacional investiga, sobre la base de las recomendaciones de su Unidad Anticorrupción, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno”, dice el texto.
El Colegio de Profesores realizó marchas en las principales ciudades del país, en medio del paro nacional convocado en rechazo al veto que presentó el Gobierno a parte del proyecto que otorga titularidad a los profesores a contrata, entre otros beneficios.
El veto fue rechazado por la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por lo que ahora será turno de la Sala, donde se requieren dos tercios de los votos para su aprobación.
En la región Metropolitana, la manifestación se desarrolló desde Plaza Baquedano hasta el sector de Alameda con Echaurren, donde se instaló un escenario, actividad que se desarrolló sin incidentes.
En la oportunidad, el presidente del Magisterio, Carlos Díaz, pidió la destitución del presidente Sebastián Piñera, a propósito de las revelaciones de los Pandora Papers y su cuestionado negocio con la minera Dominga.
Asimismo, Díaz señaló que se mantendrán atentos y movilizados a la espera de lo que suceda con el veto en el Congreso, para que finalmente sea aprobada la ley de titularidad docente tal como habían aprobado los parlamentarios.
Según los propios convocantes, la marcha en Santiago superó las 50 mil personas, en la primera movilización organizada por el gremio de los docentes tras el inicio de la pandemia.
En ese sentido, indicaron que el paro tuvo una adhesión de más del 90%, indicando que seguirán atentos a cómo evolucionarán las manifestaciones que han convocado, haciendo un llamado al próximo lunes a participar del llamado a movilizarse por el 18 de octubre.
Pero además, desde el Colegio de Profesores Metropolitano, indicaron que si no hay novedades respecto de la promulgación del proyecto de titularidad docente y se aprueba el veto presidencial, no descartan realizar un paro nacional indefinido.
El Gobierno criticó la acusación constitucional presentada este miércoles contra el Presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputadas y Diputados, por su presunta vinculación con la compraventa de la minera Dominga, asegurando que es un trabajo “poco preparado” y que tiene “fines políticos”.
“Este es un fin puramente electoral. Es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional, y la verdad que no habíamos visto en la historia de Chile una premura y una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional”, afirmó el ministro de la Segpres, Juan José Ossa.
La autoridad también acusó que los diputados de oposición buscaron acelerar esta iniciativa para que “se vote en la Sala de la Cámara antes de las elecciones presidenciales” pese a que los asesores “pidieron revisar porque estaba incompleta”, motivo por el que -asegura- no les sorprende este apuro.
“Los invito a leerla, realmente yo no había visto un libelo menos preparado y lo notamos, volaban los asesores, los anexos no estaban digitalizados… Lo importante era presentarlas para que se vote antes de las elecciones, de verdad no habíamos visto un trabajo jurídico tan poco serio”, cuestionó el líder del Segpres.
“Se le hace daño a la institución de la Presidencia”
Por su parte, el vocero Jaime Bellolio señaló que hay candidatos presidenciales que han apoyado esta acusación que se realizó “sin ningún tipo de fundamentos”, asegurando que esto daña “la institución de la Presidencia” y no solamente al Gobierno de Sebastián Piñera.
“Parece sorprendente que haya candidatos presidenciales que quieran infligir un daño a la institución de la Presidencia de esta manera, con una acusación sin ningún tipo de fundamentos, en donde ya hay cosas juzgadas, en donde hay un Tribunal de Garantías, donde está la Corte de Apelaciones, donde luego en la Corte Suprema también interviene, en donde el antecedente nuevo queda reflejado que no lo es tal”, puntualizó el secretario de Estado.
En esta línea, Bellolio advirtió que “lo que se le hace daño no es solamente a este Gobierno, es a la institución de la Presidencia. Y esa puerta, el querer abrir que los presidentes no duren cuatro años, es un golpe durísimo”.
“Es un golpe que la democracia no puede aceptar frente a una acusación que se basa en hechos que no son ciertos, que se basa simplemente en política porque estamos en campaña electoral y porque no quieren permitir a los chilenos que se haga un traspaso de mando republicano y democrático el 11 de marzo del 2022”, puntualizó el vocero de Gobierno.
“Aquí hay una acusación constitucional sin fundamentos presentada por un grupo de parlamentarios de extrema izquierda, que se hace cargo de una falsedad, de que habían cosas nuevas. El artículo 52 número 2 letra A dice que tiene que ser juzgado por hechos de su administración, y esa administración terminó el año 2014. Es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas”, destacó Bellolio.