Veinte años después, los Estados Unidos y el mundo están mucho peor a causa de esta incapacidad de liderazgo. Ya es hora de pasar página en dos décadas de guerra interminable con una misión vaga y siempre cambiante. Si bien esto ha de comenzar con la eliminación de las autorizaciones de 2001 y 2002 para el uso de la fuerza militar en los textos legales, también precisará de cambios decisivos en nuestros procesos de decisión de política exterior y de asignación de recursos.

Poco después de los atentados, el presidente Bush envió al Congreso un cheque en blanco de 60 palabras que le concedía a él o a cualquier otro presidente autoridad para hacer la guerra contra los enemigos que eligieran. Se trataba de una resolución de gran alcance, conocida como autorización para el uso de la fuerza militar de 2001, o AUMF de 2001. Fui el único voto en el Congreso en contra de la autorización, pues temía que fuese demasiado amplia, al otorgar al presidente poder sin fin para recurrir a la fuerza militar en cualquier lugar en contra de cualquiera.

El coste humano ha sido elevado: un número incalculable de víctimas civiles en el extranjero, dos generaciones de soldados estadounidenses enviados a luchar sin ningún objetivo ni supervisión claras, y miles de tropas nuestras y de otro personal muertos, heridos y traumatizados en combate.

Ya sólo la guerra de Afganistán ha costado más de 2.6 billones de dolares a los contribuyentes y ha matado a más de 238,000 personas. La AUMF de 2002, que autorizó la guerra contra Irak basándose en afirmaciones falsas sobre armas de destrucción masiva, ha costado 1.9 billones de dólares y se estima que causó la muerte de unas 288.000 personas. En conjunto, estas dos AUMF han sido utilizadas por tres presidentes sucesivos para entrar en guerra en al menos siete países -desde Yemen hasta Libia y Níger- contra una lista de adversarios cada vez mayor que el Congreso nunca previó ni pretendió. Las administraciones de Bush, Obama y Trump han identificado además ante el Congreso despliegues antiterroristas listos para el combate en otros 14 países por lo menos, lo que indica que las AUMF podrían justificar también el combate armado en esos lugares. Sólo 56 de los actuales miembros de la Cámara de Representantes y 16 senadores estuvieron presentes en la votación de 2001, lo que supone una burla del principio constitucional de que únicamente los representantes elegidos por el pueblo en el Congreso pueden enviar a nuestro país a la guerra.

El resultado actual es un estado de guerra perpetuo y un complejo militar-industrial en constante expansión, que consume todos los años una cantidad cada vez mayor de nuestros recursos. El gasto del Pentágono desde el 11-S (ajustado a la inflación) ha aumentado casi un 50%. Cada hora, los contribuyentes pagan 32 milllones de dólares por el coste total de las guerras libradas desde 2001, y estas guerras no han dado más seguridad a los norteamericanos ni han traído democracia ni estabilidad a Oriente Medio. Por el contrario, han desestabilizado aún más la región y no muestran signos de terminar o lograr ninguno de los objetivos declarados desde hace tiempo.

Además, muchas de estas acciones se ocultaron en lo esencial al pueblo estadounidense mediante el uso de fondos de una cuenta destinada a acontecimientos imprevistos, denominada de operaciones de contingencia en el extranjero. El Congreso asignó casi 1,9 billones de dólares a esta cuenta, lo que permitió continuar con acciones militares y guerras en varios países, exentas de las normas presupuestarias del Congreso. Afortunadamente, el presidente Biden puso fin a esta práctica presupuestaria este año. Pero dos décadas de dependencia de fuentes de financiación de emergencia y contingencia han dado lugar a una menor supervisión, menos transparencia y mayores niveles de despilfarro.

Ya es hora de poner fin a estas guerras eternas. Con una coalición de socios, aliados y defensores, tanto dentro como fuera del Congreso, por fin estamos a punto de pasar la página de este estado de librar guerras perpetuas.

Para empezar, he trabajado con mis colegas, sobre una base bipartidista, para instar al presidente Biden a retirar las tropas de Afganistán de forma rápida y eficaz. Él atendió nuestros llamamientos y emprendió una operación de evacuación de una escala sin precedentes, al tiempo que mantuvo nuestro compromiso de acabar con la ocupación militar antes del 11 de septiembre. La mal definida AUMF permitió que la guerra de Afganistán se prolongase durante dos décadas, aun después de que hubiéramos llevado a cabo la ostensible misión de eliminar la amenaza que suponía Al Qaeda para los Estados Unidos. Los retos de nuestra evacuación, y el hecho de que los talibanes pudieran recuperar el control de Afganistán a pesar de nuestra guerra de 20 años, no hacen más que subrayar por qué el Congreso no debería autorizar compromisos militares indefinidos.

Por esa misma razón, no basta con retirar nuestras fuerzas. Debemos refrenar el poder ejecutivo y evitar que abusen de él más administraciones, ya sean demócratas o republicanas. Como parte de mi papel dentro del comité de redacción del programa del Partido Demócrata, abogué con éxito por incluir la derogación de las AUMF de 2001 y 2002 en el programa del Partido Demócrata. En una votación histórica por 268 contra 161, la Cámara de Representantes aprobó mi legislación para derogar la AUMF de 2002 en junio, y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó 14 a 8 en agosto por hacer lo propio, y ambas votaciones gozaron de apoyo bipartidista. También he pedido al Congreso que aborde la obsoleta AUMF de 2001. Cualquier autorización nueva para el uso de la fuerza militar debe incluir salvaguardas que protejan de la extralimitación - entre ellas un objetivo de misión claro y específicamente definido, requisitos de información para incrementar la transparencia y la responsabilidad, y una cláusula de caducidad o un calendario, de acuerdo con el cual el Congreso debe revisar la autorización-, entre otras disposiciones.

El Congreso debe reclamar su deber constitucional de supervisar los asuntos de guerra y paz. Además de derogar estas AUMF, también nos hace falta revisar los decretos más generales que rigen los poderes de guerra para que el Congreso pueda refrenar más eficazmente las guerras libradas por la presidencia, un proyecto que están acometiendo seriamente mis colegas, los representantes Jim McGovern (demócrata por Massachusetts) y Gregory Meeks (demócrata por Nueva York). Pero tenemos que ir más allá de lo que es simplemente cambiar la ley. Tenemos que cambiar nuestro enfoque del mundo y dejar de encuadrar todo desafío como algo que requiere como respuesta la fuerza militar. Cuando utilizamos el marco de la guerra para analizar el desafío del terrorismo, limitamos artificialmente las soluciones disponibles, desplazando los enfoques políticos y diplomáticos que son los que ofrecen las únicas soluciones duraderas reales para la seguridad de los Estados Unidos.

Ayudar a construir un mundo equitativo que valore la inclusión y los derechos humanos no hará desaparecer el terrorismo. Pero reduciría drásticamente el espacio de actuación de los grupos terroristas y debilitaría los agravios reales que éstos explotan. Y no sólo eso, sino que una política exterior estadounidense basada en el apoyo al desarrollo y los derechos humanos nos permitiría seguir una estrategia proactiva en consonancia con los valores progresistas, en lugar de una política en la que los Estados Unidos se encuentren constantemente en una posición defensiva militarizada.

Un nuevo enfoque de política exterior requiere una reasignación significativa de nuestros recursos para hacer frente a las amenazas, muy reales e inmediatas, a las que nos enfrentamos. El mundo sigue enfrentándose a una pandemia global. Cientos de millones de personas viven en pobreza extrema, y muchas más se ven expulsadas de la clase media a causa de la Covid-19. Y la crisis climática se cierne sobre nosotros, amenazando todos los avances del progreso humano que hemos conseguido en las últimas décadas. Resulta inaceptable seguir invirtiendo miles de millones de dólares en el Pentágono cuando los verdaderos retos a los que nos enfrentamos requieren soluciones diplomáticas y de desarrollo.

Un enfoque nuevo y mejor requiere también dar poder a nuestros organismos civiles de política exterior para que establezcan el orden del día. A lo largo de demasiados años, hemos subcontratado nuestra política exterior al Pentágono. Los abrumadores recursos humanos y financieros que el Pentágono aporta a la toma de decisiones en materia de política exterior desplazan a un segundo plano con demasiada frecuencia las cuestiones diplomáticas o de desarrollo. Reequilibrar el acento de nuestra política exterior nos dará la oportunidad de explorar soluciones que podrían ser a la vez más humanas y más duraderas.

El presidente tiene su papel en la corrección de los errores de los últimos 20 años. Pero, en última instancia, es el Congreso el que debe dar un paso adelante. Durante dos décadas, el Congreso no ha sabido ejercer la función que le encomienda la Constitución de llevar a cabo una supervisión adecuada, de tomar las decisiones apropiadas sobre presupuestos y asignación de recursos, y -lo que es más importante- de desempeñar el papel singular que la Constitución nos asigna a la hora de tomar decisiones sobre guerra y paz. El pueblo norteamericano ha dejado clara su preferencia por dejar atrás la guerra interminable. El Congreso debe escuchar su voz y actuar.

[Este artículo se ha publicado conjuntamente con el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York como parte de serie que investiga nuevos enfoques de la seguridad nacional 20 años después del 11-S.]