Después de que Airbnb diera marcha atrás en 2019 a la decisión de dejar de ofrecer en su plataforma digital alojamientos en los asentamientos de Cisjordania, el fabricante de helados Ben&Jerry, también estadounidense, anunció el pasado julio que a partir de 2022 excluirá de la venta de sus productos a las colonias judías. La economía ha abierto un nuevo frente en el conflicto palestino-israelí, marcado por más de medio siglo de ocupación. Una investigación hecha pública este miércoles por una coalición de 23 organizaciones árabes y europeas ha desvelado que 672 entidades de crédito europeas financian empresas con negocios en los asentamientos desde hace cerca de cuatro años. Entre los bancos examinados por sus relaciones con 50 empresas que operan en colonias que han sido declaradas ilegales por la ONU figuran los principales bancos españoles. El informe no detalla si la inversión de estas entidades se destina a los proyectos de infraestructuras en los territorios ocupados o si solo financian a empresas que operan en esos territorios.

La publicación en 2020 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una base de datos o lista negra de 112 empresas que hacen negocios en los asentamientos –en su mayoría israelíes y estadounidenses– marcó un giro a la actividad empresarial en territorio palestino bajo ocupación israelí. Grandes fondos de pensiones como el noruego KLP (funcionarios locales) han retirado ya sus inversiones en compañías con vínculos en las colonias.

El analista y activista belga sobre Oriente Próximo Willem Staes es el coordinador de la campaña No inviertas en la ocupación (DBIO, por sus siglas en inglés), lanzada por 23 organizaciones árabes (palestinas y egipcias) y europeas (de Bélgica, Países Bajos, Francia, Irlanda, España, Noruega y Reino Unido), que ha elaborado la investigación desde finales de 2020. “Somos una coalición de grupos que promocionamos los valores de los derechos humanos para tener incidencia política”, explica desde Bruselas en una conversación a través de Zoom, “y que investigan las relaciones entre las empresas con intereses en los asentamientos israelíes, declarados ilegales por el Consejo de Seguridad de la ONU, y las instituciones financieras de la Unión Europea”.

“Para ello hemos elaborado unas recomendaciones enfocadas a qué pueden hacer los Estados europeos ante esta situación y hemos ampliado la base de datos de la ONU”. Además de las 112 empresas analizadas por el Consejo de Derechos Humanos, la coalición DBIO ha incluido otras 18 compañías europeas. “Para identificarlas utilizamos los mismos criterios utilizados por Naciones Unidas sobre actividades que suscitan preocupación en materia de derechos humanos”, aclara Staes.

Entre estas últimas incorporaciones figuran dos firmas españolas: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y el grupo Actividades de Construcción y Servicios (ACS). La primera participa en la ampliación del tren ligero de Jerusalén, en una línea de tranvía que penetra en Jerusalén Este y Cisjordania. La segunda, a través de su filial Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), electrificó la línea férrea de alta velocidad Tel Aviv-Jerusalén, que rebasa la Línea Verde —la divisoria trazada entre Israel y Cisjordania tras el armisticio de 1949— y atraviesan el territorio ocupado por Israel desde 1967 en dos pequeños tramos en el valle de Latrún.

El relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Michael Lynk, destaca que desde la promulgación en 2011 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha elevado la exigencia sobre la implicación del mundo de los negocios. “Esas herramientas emergentes están abriendo puertas a campañas más efectivas para responsabilizar a las empresas a través de un mejor compromiso corporativo y de informes transparentes”, argumenta Lynk en el prefacio del informe. “Pero su aplicación efectiva sigue siendo el talón de Aquiles del derecho internacional humanitario”, reconoce el jurista canadiense.

Fuente: El País