Retomar los sueños de las mayorías que quedaron inconclusos por el derrocamiento y muerte del presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, es hoy la gran tarea nacional: son anhelos por una democracia real, igualdad, justicia social y derechos ciudadanos que no pueden ser contenidos indefinidamente por los dueños del dinero que aprovechando los privilegios que les dejó la dictadura mantienen en pie un modelo neoliberal que explota a millones de hombres y mujeres vulnerables.

Cuando el presidente constitucional cayó abatido en La Moneda por la conjura militar-empresarial sostenida por el imperio yanqui, hace 48 años, se detuvo un inédito proceso histórico que contaba con la entusiasta adhesión masiva del pueblo y era observado con admiración en el mundo entero. En su lugar se instaló una cruenta dictadura que secuestró, torturó y asesinó a miles de compatriotas junto con demoler un sistema republicano que hasta ahora no ha sido restituido.

Allende siempre dijo que el objetivo de su gobierno era un socialismo adecuado a las características socioeconómicas, políticas y culturales del país. Por eso impulsó un programa de cambios revolucionarios destinado al desarrollo y dignidad de todos, en un intento de hacer de Chile la primera nación llamada a forjar una transición a una sociedad socialista construida de acuerdo a un proyecto democrático pluralista y libertario.

Ese programa empezó a desplegarse en medio de la hostilidad del gran empresariado tocado en sus intereses y la derecha política desplazada por la ciudadanía. El ambiente enrarecido se convirtió pronto en una feroz conspiración – desabastecimiento, mercado negro, atentados, sabotajes – tras la cual estaban los golpistas armados y civiles solapados dependientes de la Casa Blanca que veía cómo un pequeño país sudamericano escapaba de sus dominios.

La nacionalización del cobre fue el principal logro alcanzado por el pueblo (11 de julio de 1971, Día de la Dignidad Nacional). Era un paso gigantesco para la independencia económica de Chile y significaba una potente señal de soberanía frente a las grandes compañías norteamericanas que se habían apoderado del metal rojo. Con ello, se obtenían los recursos necesarios para los indispensables avances sociales que constituían la prioridad del gobierno popular.

Actuando con absoluto respeto a una Constitución burguesa, se avanzó en la estatización de los bancos y en la profundización de la Reforma Agraria, al tiempo que se intervinieron diversas industrias y se creó el área de propiedad social. Paralelamente se dio paso a la redistribución de la renta nacional en beneficio de la masa trabajadora, una de las medidas que urgían en busca de la equidad demandada por décadas.

La clase trabajadora fue pilar fundamental en el gobierno de Allende, que en su primer gabinete ministerial incluyó a cuatro obreros. En su intervención en la ONU en diciembre de 1972 el mandatario chileno dijo: “El progresivo papel de dirección que asumen los trabajadores en el cambio de la estructura de poder, la recuperación nacional de las riquezas básicas, la liberación de nuestra patria de la subordinación a las potencias extranjeras, son la culminación de un largo proceso histórico”.

El paso violento, a sangre y fuego – sin “transición” – desde un régimen democrático, justo, igualitario y de derechos sociales, hacia otro antagónico, excluyente, de sello capitalista, marcado por la concentración de la riqueza por unos pocos, la corrupción y la impunidad, ha sido la experiencia mas traumática de la sociedad chilena a lo largo de su historia. Ha pasado mucho tiempo pero hoy siguen faltando unidad y resolución para romper el cerco antipopular y abrir espacios a un Chile distinto a partir de una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente, lejos de la dictadura mercantil que controla al país y su gente empobrecida.

Con el ejemplo de Allende en la memoria – su trayectoria, su afán incansable por las clases postergadas, sus esfuerzos unitarios, su coraje y consecuencia – es hora de comenzar a estructurar un sólido movimiento alternativo de base popular. Allí se impone la participación prioritaria de las organizaciones de trabajadores, fuerzas sociales, pobladores, estudiantes, mujeres y la nueva generación de políticos jóvenes de manos limpias que aparecen generando expectativas.

El legado patriótico de Allende está enraizado profundamente en quienes comprendieron la magnitud de su mensaje en beneficio del pueblo. Su nombre se proyecta hasta estos días asociado a los cambios radicales abortados por la felonía y la traición, y sus conceptos revolucionarios constituyen un desafío para iniciar la reconstrucción de una democracia plena, por cuya defensa el presidente heroico entregó su vida.

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