La Superintendencia de Sociedades anunció que tomaría control de la filial de Pequiven para "subsanar una situación crítica", mientras que Venezuela denuncia que cualquier acción constituye un "robo" por parte de Bogotá.
Uno de los mayores temores del Estado venezolano parece estar cerca de hacerse realidad. Esta semana, en medio de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición liderada por el exdiputado Juan Guaidó, Colombia hizo un polémico anuncio: la toma de control de la empresa Monómeros.
Monómeros, propiedad del estado venezolano y filial de Pequiven, fue una de las primeras que cayó en manos de Guaidó después de su autoproclamación como "presidente interino" de Venezuela, en 2019. La jugada fue relativamente fácil porque la empresa se encuentra en Colombia, uno de los primeros países que salió a reconocer al exdiputado como mandatario.
Desde entonces, la empresa había estado en manos de Guaidó y la directiva tomó controvertidas decisiones, sin que hubiese ninguna objeción pública por parte de las autoridades colombianas. Pero en víspera de la nueva ronda de negociaciones entre el Gobierno y la oposición venezolana (que ha puesto como punto prioritario la recuperación de los activos confiscados al Estado en el extranjero), la administración de Iván Duque anunció la toma de control de la filial, "tras identificarse situaciones susceptibles de mejora, en sus procesos económicos, jurídicos y administrativos".
Como era de esperarse, el anuncio no fue bien recibido por Caracas. El lunes, a la salida de la reunión con la oposición, el jefe negociador de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, reiteró que la filial pertenece al Estado venezolano y que "cualquier posición, actuación o iniciativa que haya tomado el Gobierno de Duque no puede calificar de ninguna otra manera que no sea de un robo flagrante".
"No tengan duda de que la mesa de diálogo va a ser un escenario donde nosotros traeremos ese y otros elementos de violación flagrante del ordenamiento jurídico internacional", agregó el político.
El martes, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado para alertar que Colombia había "asaltado de manera flagrante" un activo que no le pertenece, por lo que la acción constituye un "oprobioso robo". Además, se anunció que Caracas emprenderá acciones legales para que Monómeros "sea devuelta a su legítimo dueño, que es el pueblo venezolano".
El punto clave de esta movida tiene mucho que ver con el diálogo emprendido entre el Gobierno y la oposición venezolana en México, con la mediación de Noruega, ya que la recuperación de los activos en el extranjero –entre los que se encuentra Monómeros– es un asunto decisivo en la agenda de negociación entre las partes.
Por eso, aunque la comunidad internacional ha celebrado el acercamiento entre el chavismo y la oposición, el presidente Iván Duque no está contento. El martes, después de que se anunciara la intervención de Monómeros, el mandatario colombiano escribió un par de tuits en contra de la mesa de negociación en México.
Duque, que insistió en llamar "Gobierno interino" a la oposición liderada por Guaidó y "dictadura" a la administración del presidente Nicolás Maduro, consideró que "cualquier acuerdo" que no implique la salida del chavismo del poder "será una tragedia continental que solo fomentará el éxodo y la miseria".
Ante ese duro posicionamiento, el Gobierno venezolano acusó a Duque de pretender "torpedear el diálogo" y reiteró que "los acuerdos parciales firmados en México van en contravía de su retórica guerrerista, agresiva y solitaria". Además, tras la acción de Colombia contra Monómeros, Maduro ha ordenado que el "asalto a un bien del pueblo de Venezuela" se incluya "de manera perentoria" en la mesa de negociación.
Monómeros se ubica en el lugar 128 de las 1.000 empresas más grandes de ese país. En su ramo es considerada una de las ocho primeras de la región Caribe.
Mientras tanto, en Colombia ya ni siquiera se habla de que la medida se haya emprendido sobre un bien de Venezuela. Es más, en una entrevista con El Heraldo, el Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, César Lorduy, aseguró que su país debía hacer "grandes esfuerzos" para "proteger a Monómeros sobre la amenaza de lo que podría ocurrir por el escenario de México".
"Monómeros es un activo estratégico que debe ser objeto de protección y que debe ser rodearla", agregó Lorduy.
La empresa de capital venezolano es una de las 'joyas' del entramado industrial porque de ella depende buena parte de la seguridad alimentaria de Colombia, ya que allí se producen los fertilizantes que requiere el sector agropecuario. Al año, la compañía tiene la capacidad para producir 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra a gran escala.
De hecho, se le atribuye el 46 % de la distribución de fertilizantes en Colombia y la cobertura de más de 70 % de la demanda de agroquímicos que necesitan los cultivadores de papa, café y palma.
Además, la empresa genera millonarias utilidades en divisas anualmente. Según medios locales, el año pasado Monómeros obtuvo ganancias netas de unos 32.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a 8,3 millones de dólares, y que suponen un crecimiento de 224 % con respecto a lo facturado en 2019.
Lo que no se dice es que ese salto exponencial fue porque antes de que Guaidó se apropiara de Monómeros ilegalmente, la compañía estaba al 50 % de su capacidad debido a las medidas coercitivas unilaterales promovidas por la misma oposición contra los activos del Estado: "Estamos trabajando duro para que estas sanciones se liberen", declaró Jon Bilbao en ese entonces, después de su nombramiento ilegítimo al frente de la filial de Pequiven.
De acuerdo a datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, Monómeros se ubica en el lugar 128 de las 1.000 empresas más grandes de ese país. En su ramo es considerada una de las ocho primeras de la región Caribe.