Esta medida se realizó luego de la acusación presentada por las víctimas de los hechos ocurridos los días 15 y 19 de noviembre de 2019.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, presentó este viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un requerimiento acusatorio contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, para que se remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional y se autorice el juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.
Lanchipa añadió que tales hechos, ocurridos tras el golpe de Estado encabezado por Añez, registraron unos 20 muertos y decenas de heridos, siendo calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte.
“En mérito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctuosos producidos en los días 15 y 19 de noviembre de 2019 en el sector del Puente Huayllani, del municipio de Sacaba y la Planta de Senkata, de la ciudad de El Alto, y los antecedentes acumulados, en observancia a los plazos legalmente previstos en la Ley N° 044 de 8 de octubre de 2010, se interpone este requerimiento acusatorio ante el TSJ”, precisó.
Asimismo, agregó que la demanda “se funda en los elementos de convicción recabados bajo los principios de objetividad y transparencia, en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes prevista en la legislación”, y reafirmó el compromiso del Ministerio Público de luchar contra la impunidad y buscar constantemente la justicia.
Ahora será el TSJ quien se encargue de remitir el requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la respectiva autorización de juicio.
El pasado martes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el informe sobre los sucesos de 2019, el cual concluyó que hubo "graves violaciones a los derechos humanos" durante las protestas contra el Gobierno de facto.
Sobre Añez, quien se encuentra en prisión preventiva, pesan otras demandas acusatorias por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo; la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión; y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio, entre otros.