Por Marco Teruggi.

Desde Cali

“Necesitamos vencer el miedo y llenar de esperanza este país”, dice Francia Márquez, dirigente social colombiana y precandidata presidencial en el Pacto Histórico para las elecciones del 2022. Habla desde Cali, la ciudad con mayor población desplazada forzadamente por la violencia armada, fue epicentro del reciente estallido y de las represiones estatales y paraestatales. Allí se vivió lo que llama una “cacería” contra los jóvenes que protestaban, ordenada por el presidente de Iván Duque y quien dirige el partido de gobierno, Álvaro Uribe.

“La gente está cansada de no ver cambios en este país y están dispuestos a cambiar como sea, el estallido es el acumulado de luchas históricas, de resistencias de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, de las mujeres, de la juventud, que ahora no están dispuestos a seguir perdiendo lo poco que nos ha quedado, y que están dispuestos a cambiar lo que haya que cambiar para que la vida sea posible en este país, porque aquí hay una fractura muy fuerte sobre el valor de la vida, la vida no importa”, explica Márquez, quien en el 2018 recibió el Premio Medioambiental Goldman por su lucha por la defensa del medio ambiente.

El estallido de abril estuvo antecedido de grandes movilizaciones: “ya la gente en el 2019 estaba en la calle, y eso menguó con la pandemia, nos encerraron a todos sin ninguna garantía, con hambre, desolación, y ya pues fue la desesperación de nos están matando, no para la violencia, el hambre también nos mata, nos mata la pandemia, entonces qué más no queda, salir a la calle y luchar”.

El crecimiento de las protestas desde el 2019 ocurrió en paralelo con el incremento de masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales, campesinos, indígenas, ex integrantes de la guerrilla de las FARC que, solo en el 2021 se llevaron la vida de 378 personas. Cali y el departamento vecino del Cauca son algunos de los territorios de mayor impacto de esa violencia, en particular sobre las poblaciones más humildes, que fueron quienes encabezaron el estallido y sobre quiénes el gobierno desplegó la represión y una persecución “racializada”, como afirma Márquez.

La violencia uribista

“Hemos tenido un gobierno que hizo triza los sueños y las posibilidades de vivir en paz en este país, a pesar que desde los territorios gritamos con ese grito desgarrador que sale del dolor que significa ver y vivir todo el tiempo en medio de la violencia, los bombardeos, el reclutamiento, de la muerte que baña a los territorios de sangre, estas voces fueron silenciadas por este gobierno infame que no le importó esos gritos desesperados que decían permítannos vivir en paz, ya está bueno, no queremos poner más muertos, además porque quienes hemos puesto los muertos somos la gente empobrecida, negra, indígena, campesina, mestiza, peleando una guerra que no es nuestra, no nos pertenece”, afirma Márquez.

Ese mismo gobierno, como parte del uribismo que se opuso a los Acuerdos de Paz firmados entre las FARC y el presidente Juan Manuel Santos en el 2016, optó por una política centralmente represiva ante el estallido. “Desde que inició el paro el gobierno usó el concepto de vandalismo, de criminales, de terroristas, y esos conceptos tienen implicaciones en el accionar político, en la fuerza y en la justicia, y es que cuando se señala de terroristas a jóvenes, a pueblos que se manifiestan eso es ponerles la lápida encima, es condenarlos a la muerte, porque el terrorismo se combate con las armas del Estado, y eso fue lo que pasó”.

“Aquí el perfilamiento racial se vio, fue duro, la forma en la cual violentaban a los jóvenes negros en las movilizaciones, cómo violentaban estos territorios racializados en Cali era con sevicia, fue un tratamiento de guerra, las agresiones físicas contra los jóvenes fueron terribles, ejemplarizantes, como para que no se vuelvan a atrever”.

La violencia planificada y ejecutada por el gobierno dejó un mensaje: “la élite colombiana puso en evidencia que está dispuesta a hacer lo que sea por no perder el poder”. Y de lo que se trata en este momento es, según Márquez, de lograr disputar el poder, lo que pasa por una alternativa electoral de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 2022.

El Pacto Histórico

“Necesitamos un gobierno que tenga voluntad política, dispuesto a parar la guerra, buscar salidas para frenar el narcotráfico, las economías ilegales que ayudan y contribuyen a incendiar la violencia en este país, que esté dispuesto a frenar el extractivismo que despoja y desplaza a la gente, daña el territorio y el medio ambiente, que esté dispuesto a frenar el racismo, el patriarcado que daña los derechos y violenta a las mujeres. Un gobierno que esté dispuesto a cambiar es lo que va a permitir un cambio, de resto aquí la muerte no se va detener y vamos a seguir poniendo muertos y más muertos”, explica Márquez.

La apuesta de un conjunto de actores de izquierda, progresistas y de centro es lograr construir una unidad que logre una victoria en el 2022, algo que se expresa en el Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro. “Intentamos aglutinar el mayor número de personas, la mayor fuerza para ganar las elecciones legislativas y presidenciales, y para escoger un candidato haremos una consulta que será en marzo, que implica que el país defina cuál de todos los que estamos ahí debe ser el candidato y la candidata presidencial”. En esa primaria participará Francia Márquez, con su movimiento Soy porque Somos, que “reivindica las luchas del pueblo afrodescendiente”.

“No va a ser fácil, aquí los jóvenes y la gente no creen en la política representativa, porque la política que aquí hemos conocido es la de la muerte, la de jugar con la necesidad de la gente, es la política del miedo, de obtener las ganancias a partir de la sangre derramada, aquí se genera conflicto, se sostiene el conflicto y se vota para que no haya paz manteniendo la violencia para después vender seguridad en elecciones, y eso es lo que conocemos, crecimos viendo esa política, no hemos visto otra. Esperamos que cómo ha habido gente masivamente en la calle haya un despertar”, explica Márquez.

El objetivo con el Pacto Histórico es “construir un programa, todos estamos proponiendo líneas programáticas, y desde mi punto de vista ese programa debe ser un mandato que se construya en asambleas permanentes, en espacios participativos, que tenga una legitimidad del pueblo que está en las calles movilizado, de las gentes oprimidas que siempre han sufrido en este país”.

Aún falta varios meses para las elecciones, en un contexto donde todos en Colombia afirman que las protestas pueden regresar en cualquier momento. El país vive un escenario de crisis, agudización de la violencia estatal y paraestatal, donde las élites han mostrado, como afirma Márquez, estar dispuestas -como históricamente lo han estado- a todo, y, a su vez, “hay tanto cansancio que la gente está dispuesta a hacer un cambio incluso con su vida”.

Página12