Madres y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de civiles pidieron este martes que los 10 militares, entre ellos un general, y un civil imputados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por el caso de los “falsos positivos” “reconozcan sus delitos”.
Madres y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de civiles pidieron este martes que los 10 militares, entre ellos un general, y un civil imputados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por el caso de los “falsos positivos” “reconozcan sus delitos”.
“Para nosotros es una gran satisfacción estar escuchando esta determinación que está dando la JEP y yo creo que más claras no pueden estar las cosas”, dijo a Efe la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo.
En la primera decisión sobre el Caso 3, que corresponde a “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, la JEP imputó el martes a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un civil por “crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
La JEP acusa a los militares y al civil de supuesta “participación determinante” en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, Norte de Santander, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008.
Los “falsos positivos” es como se conoce de forma popular en Colombia a uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano en el que militares ofrecían trabajo a jóvenes, sobre todo de clases bajas, para llevárselos a otras partes del país y asesinarlos, y presentarlos como bajas en combate y así conseguir incentivos y premios de sus superiores y del Gobierno.
“Creería que estas once personas que están siendo imputadas no pueden seguir negando estos hechos. Son hechos muy claros, ha sido un trabajo bastante riguroso que ha hecho la JEP que hoy está dando estos excelentes resultados y la aspiración que tenemos es que ellos reconozcan estos crímenes y podamos conocer la verdad de todo esto”, aseguró Castillo.
Castillo reclama conocer la verdad sobre la muerte de su hermano Jaime Castillo, quien fue presentado como “guerrillero dado de baja en combate” el 12 de agosto de 2008, en Ocaña, departamento de Norte de Santander, y la de “todos los ‘falsos positivos'”.
Recalcó que más allá de que haya una condena ejemplar lo que las personas agrupadas en Mafapo buscan es conocer, finalmente, “quién dio la orden de cometer todos estos crímenes”.
“Una condena en la cárcel no nos va a devolver a nuestros familiares pero es importante que se conozca todo lo que ocurrió con los ‘falsos positivos'”, dijo esta madre colombiana, que subraya que con el trabajo realizado por la JEP los “militares no pueden seguir negando (…) nosotros necesitamos tenerlos de frente y que reconozcan estos hechos”.
En su auto publicado hoy, la JEP subrayó que estos jóvenes fueron asesinados en “estado de indefensión” por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate “real” alguno, y resaltó que los crímenes “no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de contar cuerpos, sin la política de incentivos y sin la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate” .
ASOCIACIÓN CRIMINAL
Según la Sala de Reconocimiento de la JEP, los comandantes y miembros más importantes del Estado Mayor de la Brigada Móvil 15 y del Batallón de Infantería 15 “General Francisco de Paula Santander” “se asociaron con otros oficiales, suboficiales y soldados, con objetivos compartidos y un plan criminal común, que idearon y llevaron a cabo distribuyéndose las tareas entre sí y aprovechando sus posiciones de mando”.
La JEP puntualizó que luego de analizar documentos oficiales encontró que los implicados destruyeron pruebas una vez iniciadas las investigaciones y que también compraron y alteraron testimonios y declaraciones.
En el auto, de casi 300 páginas, la JEP recopila cómo los jóvenes eran reclutados bajo premisas de “un trabajo bien remunerado” en municipios como Soacha, llevados al convulso Catatumbo y de ahí en algunos casos les ofrecían “trago” o “drogas”, no les dejaban contactar con alguien y eran entregados a una “unidad militar ejecutora”.
De ahí había un “plan criminal”, donde miembros del pelotón se ofrecían voluntariamente o eran elegidos por consenso o por orden directa de un superior para ejecutar a los jóvenes, ponerles armas compradas en el mercado negro y uniformes de la guerrilla, además de encubrir el asesinato desde un punto judicial.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó, este martes 6 de julio, el auto de imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas por su responsabilidad en los llamados “falsos positivos”, en hechos ocurridos en Catatumbo (Norte de Santander). Entre los imputados están un general, seis oficiales y tres suboficiales del Ejército Nacional, así como un tercero civil.
Los imputados serían los responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 120 personas que luego fueron presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, casos que se presentaron entre enero de 2007 y agosto de 2008. Estas personas deberán responder por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
“Los imputados, identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son el brigadier general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN”, informó la JEP.
Asimismo, por haber contribuido en la ejecución de estas conductas, la JEP también imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña, el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.
Dos modalidades
La JEP estableció que las 120 víctimas identificadas en este caso fueron asesinadas por miembros de la fuerza pública, cuando se encontraban en estado de indefensión, “sin que mediara combate real alguno”. Asimismo, indicaron que las víctimas fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales y seleccionadas a partir de procesos irregulares de inteligencia.
Estos hechos, según determinó la Sala de Reconocimiento, se dieron en el marco de un patrón macrocriminal que tuvo dos modalidades. La primera era asesinar a hombres jóvenes, de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, la mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales. La segunda, consistió en llevar a la zona, por medio de engaños, a jóvenes provenientes de otras regiones, para luego ser asesinados y presentados como muertos en combates.
El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de JEP, indicó que este auto es de gran trascendencia para la jurisdicción, tal como lo fue el auto que hace un tiempo dictó la sala para el reconocimiento de conductas de la excúpula de las Farc por el delito de secuestro. “En este caso, lo hace en relación con miembros del Ejército Nacional, luego de hacer una sistematización de los informes recibidos de la Fiscalía, la justicia ordinaria, la justicia penal militar, los informes de las víctimas y después de recolectar pruebas”, sostuvo.
Este auto forma parte del caso 03, que trata sobre los “falsos positivos” y que incluye otras zonas del país. Próximamente, anotó la Sala, se harán otras imputaciones por casos ocurridos en Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta.
Es de recordar que en enero pasado la JEP imputó cargos contra el exsecretariado de las Farc en el caso 01, por secuestro.
Al Instituto de Medicina Legal en Villavicencio, en Meta, fueron remitidos este martes los cuerpos de tres mujeres y un hombre en avanzado estado de descomposición, encontrados en límites entre los municipios de Uribe y Mesetas (Meta), según confirmó el medio local Diario Extra del Llano. Los cadáveres corresponderían a las cuatro personas, integrantes de una comisión de restitución de tierras, que desaparecieron en esa misma zona hace más de un mes, el 27 de mayo pasado.
Si bien hasta el momento no ha habido confirmación oficial de las autoridades sobre las identidades de los cuatro cadáveres, la Defensoría del Pueblo le dijo a este diario que no se tiene registro de otras personas desaparecidas en esa zona. A las familias de las personas desaparecidas tampoco les han confirmado hasta ahora que los cuerpos encontrados sean los de sus seres queridos. Igualmente, la Unidad de Restitución de Tierras emitió un comunicado en el que se declaró “a la espera de información oficial sobre el hallazgo de cuerpos sin vida en Mesetas”.
La comisión estaba conformada por las hermanas Yadmil y Sandra Milena Cortés Uribe, reclamantes de tierra; Karen Sulay Garay, funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y Jhon Steven Cogua, conductor de la camioneta de la empresa Servitransportes Andina. De acuerdo con el relato de los familiares, el pasado 27 de mayo partieron hacia la vereda San Isidro, de Mesetas, a un predio sobre el que se adelanta un proceso de restitución de tierras.
Ese día, en horas de la madrugada, las hermanas Cortés Uribe salieron de Granada (Meta) para cumplir con la visita que les había pedido la URT de reconocimiento de linderos y notificación del proceso de restitución en la finca La Ilusión. Ambas aceptaron ir con la intención de que el proceso avanzara, pese a que Sandra Milena, quien asumió el liderazgo familiar en el proceso de restitución, ya había sido amenazada precisamente por reclamar ese predio y contaba con medidas básicas de la Unidad Nacional de Protección.
La familia Cortés Uribe abandonó la finca La Ilusión en 1999, luego de las constantes presiones por parte de la guerrilla de las Farc. En 1996, hombres de ese grupo armado asesinaron al padre de las hoy reclamantes, Luis Eduardo Cortés. Según la viuda Beatriz Uribe, debido a este hecho y las constantes amenazas vendieron forzosamente su terreno y desde entonces se fueron para Granada.
En 2017, decidieron iniciar el proceso de restitución de su finca despojada, para el cual la visita al terreno era fundamental. El día de la desaparición, después de partir desde el casco urbano de Mesetas para la vereda, se reportaron a la altura de Puerto Nariño, a unos 300 metros del cruce que conduce hacia la inspección de La Julia, entre Uribe y Mesetas. Desde entonces, no se volvió a saber nada de las reclamantes, la funcionaria y el conductor, hasta el hallazgo ahora de los cuatro cadáveres que reposan en Medicina Legal.
En esta zona hay una fuerte presencia el frente 40 de las disidencias de las Farc, al mando de quien es conocido como Calarcá, un subalterno de Gentil Duarte. Sin embargo, en los últimos meses la Segunda Marquetalia, también disidente de las Farc, ha llegado a disputarle el territorio a los hombres de Duarte, pues se trata de la región que fue históricamente bastión de Henry Castellanos Garzón, Romaña, hoy integrante de este grupo al mando de Iván Márquez.