La University of East Anglia ha expresado que era nación que se enorgullecía de ser pionera en el reconocimiento de libertades civiles y sociales y en la protección de los derechos humanos; sin embargo, viene impulsando y aplicando desde hace décadas una serie de medidas que con toda ponen en peligro precisamente esas libertades y derechos. Propuestas tales como suspender los juicios con jurado; introducir los arrestos domiciliarios; ampliar el uso de órdenes de comportamiento “antisocial”; y limitar la libertad de expresión en temas como la religión y la raza, es decir un retroceso de casi cuatro siglos (quizás ocho si se retrocede a la Carta Magna) de desarrollo nacional.

Hoy es observado por Amnistía Internacional AI que nació en Londres en 1962, por un grupo de abogados que exigían el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas, al no ser escuchadas protestas individuales ni a nivel nacional. Ha emitido un informe desfavorable para su propio país, por el incumplimiento consecutivo de los derechos humanos. A pesar de que este organismo internacional ha recibido fuertes críticas por emitir opiniones sesgadas sin sustento, en caso de Corea del Norte, Cuba, Irán, Venezuela entre otros países que no aceptan la imposición de agendas internacionales; sin embargo, en el corazón de su país no pueden ocultar sus deficiencias en el cumplimiento de derechos. Estas inobservancias las especifican principalmente en las siguientes áreas:

Derecho a la salud

Los índices de mortalidad por COVID-19 de Reino Unido fueron uno de los más elevados de Europa. El personal sanitario y otros trabajadores esenciales denunciaron escasez de equipos de protección individual y la falta de pruebas diagnósticas periódicas, de esta forma las autoridades vulneraron el derecho a la salud y a la vida, sobre todo de las personas mayores que vivían en residencias quienes no pudieron ser trasladadas a los hospitales.

Una investigación oficial concluyó que la COVID-19 estaba afectando de manera desproporcionada a las personas negras y asiáticas. El gobierno hizo oídos sordos a la petición de más de 70 organizaciones de que iniciara inmediatamente una indagación pública independiente sobre su gestión de la pandemia.

Discriminación

En 2020 se publicó el resultado de un examen del llamado “escándalo Windrush”. Reveló graves deficiencias en el trato las personas del Caribe y de otros países de sus ex colonias asentadas en Reino Unido con ciudadanía británica, con el riesgo de que sus descendientes pierdan su residencia y expulsarlos demostrando así el racismo arraigado en las leyes y políticas de inmigración y reconocimiento de la nacionalidad.

Los datos sobre sanciones impuestas por incumplir las medidas de confinamiento por la COVID-19 revelaron que se había multado desproporcionadamente a personas negras y asiáticas, por lo que se demuestra la discriminación en el ejercicio de las facultades policiales y uso de armas letales contra ellas.

Libertad de reunión

La policía ha empleado fuerza excesiva contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter en Londres, que incluyó la contención de personas en un espacio reducido (“encapsulamiento”) y el uso de caballos para dispersar a la multitud.  La policía emitió aproximadamente 70 sanciones e inició investigaciones penales hacia los organizadores. Además, se ha comprobado extralimitaciones del Estado con una imposición de penas por delitos de supuesto “terrorismo” que incluía la eliminación de derechos básicos de los prisioneros retenidos sin pruebas.

Personas refugiadas y migrantes

El gobierno, durante la crisis sanitaria continuó recluyendo a personas en centros de detención de inmigrantes a fin de expulsarlas de Reino Unido pese a que esta medida eleva el riesgo de infección y dificulta procesos de refugio legal. La población migrante está totalmente desprotegida en cuando al derecho de acceder a empleo, prestaciones sociales, vivienda y atención a la salud, incluso ha suspendido todo acceso a las ayudas públicas. Las políticas y prácticas migratorias también impidieron a niños y niñas al derecho a obtener el reconocimiento a la nacionalidad británica. En particular, se vieron afectados por ello los hijos e hijas de ciudadanos de la Unión Europea debido a la pérdida del derecho de libre circulación en Reino Unido.

Derechos de las mujeres

Durante la pandemia de COVID-19 hubo un incremento de las denuncias de violencia de género en el ámbito familiar. El gobierno no disponía de un plan totalmente coordinado para abordar este riesgo inminente, ni tampoco proporcionó financiación emergente y oportuna para suplir los servicios básicos, mucho menos en la atención de mujeres de minorías étnicas.

Transferencias irresponsables de armas

En julio del 2020, Reino Unido reanudó la concesión de licencias de exportación de material militar a Arabia Saudí, que había suspendido en cumplimiento de una sentencia judicial de junio de 2019. También se le solicitó que suspendiera la exportación de material para el control de multitudes, como gas lacrimógeno y balas de goma, ignorando todas las advertencias.

Impunidad

El gobierno propuso una nueva ley que restringiría gravemente los procesamientos por delitos cometidos por soldados británicos en el extranjero, entre ellos la tortura y malos tratos, así como otros crímenes de derecho internacional.

Libertad de expresión

En el caso de Julián Assange, pese a que no hubo extradición a Estados Unidos, bloquearon todo tipo de concesiones y diálogo permaneciendo detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh por la publicación de documentos en el marco de su trabajo en Wikileaks, razón por la que el gobierno británico es responsable por deteriorar su salud mental y su detención es 'una amenaza a la Libertad de Prensa y a los Periodistas en Europa', según la misma Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa quien solicita su liberación inmediata.

ABNA