En 1818, dos comisionados: José María del Real, por Colombia y Luis López Méndez, por Venezuela, llegaron a Londres para intentar conseguir recursos para las campañas de la independencia. Por sobre las dificultades surgidas, ambos obraron a su antojo. Pero en 1820, llegó a Londres Francisco Antonio Zea, (Vicepresidente de la ya fundada Gran Colombia), como Enviado Extraordinario, Ministro Plenipotenciario y Agente Fiscal, con facultades ilimitadas para conseguir los recursos urgidos. A pesar de ello, López M. desobedeció las expresas órdenes para que regresara, desconoció a Zea, y, además, continuó negociando como si aún fuera representante del gobierno colombiano.

El 27 de febrero de 1821, López M. suscribió un oneroso contrato de compra-venta con Jaime Mackintosh para la provisión de buques, armamento, vestuario y equipos militares para 10.000 individuos de tropa. La factura ascendió a £.186.475 (libras esterlinas) contra la cual López M. entregó vales (llamados «debentures»), que el vendedor recibió con el 60% de descuento. Se fijó en £.15 el precio de cada vestuario con su equipo correspondiente.

Cuando los materiales bélicos llegaron a Cartagena (abril, 1822) el Vicepresidente Francisco de Paula Santander se negó a recibirlos, por el sobreprecio que tenían. Entonces, se presentó en Bogotá un Sr. Marshall, apoderado de Mackintosh y propuso al gobierno recibir el equipo a un precio tasado por peritos. Pero Mackintosh desaprobó la transacción. En cambio, Simón Bolívar, bien por guardar el honor de Colombia, bien por su palabra empeñada, pero requerido de recursos bélicos, tuvo que aceptar el que resultaba ruinoso y hasta ilegítimo contrato López-Mackintosh. También fue enviado a Londres el Ministro José López Revenga, quien, al no acceder a las exigencias de Mackintosh, fue demandado y hasta reducido arbitrariamente a prisión.

La de López Méndez fue así la primera irresponsabilidad histórica relacionada con el origen de «deuda inglesa» o «deuda de la Independencia». La segunda la cometió el propio Zea. Autorizado a contratar un empréstito por el máximo de 5 millones de libras, Zea también actuó como renegociador e inexplicablemente reconoció como acreedores a un sinnúmero de reclamantes de dudosos derechos, a quienes entregó vales. Además, el 13 de marzo de 1822 negoció con Charles Herring, William Graham y John Ditto Powles un nuevo crédito por £.2 millones, con el 20% de descuento y el interés del 6%, pero reconociendo («redimiendo»), al mismo tiempo, los vales que con tanta «ligereza y facilidad» había entregado antes, si bien ni extinguió ni recibió los vales de la deuda Mackintosh.

La Asamblea de Colombia (1823), indignada por las actuaciones de López Méndez y de Zea, desconoció las negociaciones realizadas, sobre todo porque, al momento de efectuarlas, ninguno de los dos personajes mantenía la representación oficial del gobierno, pues la de López M. cesó legalmente con el nombramiento de Zea y la de éste por disposición de Bolívar (octubre de 1821), que desgraciadamente no se conoció oportunamente. Al mismo tiempo, la Asamblea facultó al Ejecutivo a obtener un nuevo préstamo hasta por 30 millones de pesos.

Acreditado por Colombia como Ministro Plenipotenciario, el nuevo enviado, Manuel José Hurtado, buscó arreglar en Londres los embrollados y pendientes asuntos crediticios, logrando (1824) un canje de vales con Herring, Graham y Powles y al año siguiente con Mackintosh, de manera que fueron reconocidas deudas e intereses, aunque otra vez más en condiciones gravosas. Una comisión paralela, integrada por Manuel A. Arrublas y Francisco Montoya, adquirió un nuevo empréstito de la casa B. A. Goldschmidt y Cía, de Londres. En total se consiguieron £.4.750.000 (£.1 = $.5 pesos). La quiebra de B.A. Goldschmidt y Cía. (1826) volvió a complicar los asuntos. Pero finalmente, en mayo del mismo año, el Congreso de la Gran Colombia reconoció las contrataciones de Zea y las negociadas por Arrublas y Montoya.

En 1830 la Gran Colombia soñada por Bolívar se desintegró. Surgió, entonces, la necesidad de distribuir sus pasadas deudas. Coincidiendo con la iniciativa de Venezuela y Colombia, en 1832 el Congreso del nuevo Estado del Ecuador aprobó la concurrencia de un delegado para resolver el problema. Pero el gobierno de Juan José Flores tenía otras prioridades de índole política. En consecuencia, no envió delegado alguno al encuentro de Plenipotenciarios. El 23 de diciembre de 1834 y como únicos delegados asistentes a Bogotá, Lino de Pombo, por Colombia y Santos Michelena, por Venezuela, suscribieron la Convención que distribuyó la deuda grancolombiana así:

La ausencia de delegado ecuatoriano fue la tercera y la mayor en la cadena de las irresponsabilidades históricas. A consecuencia de ello, el Congreso del Ecuador, mediante Decreto del 13 de abril de 1837, reconoció y aprobó (sin «beneficio de inventario») lo resuelto por la Convención Pombo-Michelena.

Entre 1834 y 1854 el Ecuador nada pagó por la «deuda de la Independencia». Llegó, entonces, la cuarta irresponsabilidad. Por Decreto del 24 de noviembre de 1854 el Congreso reconoció £.1.824.000 a favor de los tenedores, en los nuevos «Bonos Ecuatorianos de la Deuda Extranjera Consolidada» y en «Bonos Ecuatorianos Provisionales». El pago se garantizó con derechos aduaneros, patrimonios fiscales, terrenos baldíos, rentas alternativas y hasta con la acreencia del país sobre parte de la antigua deuda del Perú. Esa «deuda de la independencia» solo logró cancelarse ¡en 1974…! Dos años después se inició una nueva deuda externa.

Por Juan Paz y Miño Cepeda para HistoriayPresente.