Todos enfrentan cargos por millonarios cohechos y asociación ilícita. Se trata del general (r) Manuel Valdés Pinochet, exjefe nacional de Tránsito y Carreteras; el coronel Ricardo Barriga Benavides, jefe de la prefectura Maipo y al cabo Sergio Ulloa Domínguez, ambos dados de baja.
Por Jorge Molina Sanhueza
Todos enfrentan cargos por millonarios cohechos y asociación ilícita. Se trata del general (r) Manuel Valdés Pinochet, exjefe nacional de Tránsito y Carreteras; el coronel Ricardo Barriga Benavides, jefe de la prefectura Maipo y al cabo Sergio Ulloa Domínguez, ambos dados de baja. El último de la lista es el comandante, también separado de la institución, Marco Meneses Vergara que fungió como jefe de gabinete -entre 2019 y 2020- de la Secretaría General de Carabineros. Un cargo clave desde el cual emitía órdenes a distintas unidades para aumentar el retiro de vehículos favoreciendo a la empresa ACN, cuyos socios también están imputados. Una suma de hechos donde confluyen narcos, un testaferro que blanqueaba capitales de la droga, un homicida, oficiales de unidades de comunas como Huechuraba, Puente Alto, Pudahuel, entre muchas otras. Hay propiedades a nombre de familiares para evitar que fueran detectadas, autos millonarios y montos que aún faltan por determinar. La organización criminal verde oliva, hasta ahora, es más grande de lo que se pensaba.
El fiscal de la Zona Occidente, Eduardo Baeza, formalizó por delitos de cohecho agravado y asociación ilícita al general (r) de Carabineros Manuel Valdés Pinochet, exjefe nacional de Tránsito y Carreteras ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.
Lo anterior, en el marco de una investigación por millonarios pagos de coimas -semanales o mensuales- hechos por la empresa de grúas ACN, con los que conseguía que los autos retirados de circulación fueran enviados al aparcadero de su propiedad en San Bernardo.
Se suman el coronel Ricardo Barriga Benavides, jefe de la prefectura Maipo y al cabo Sergio Ulloa Domínguez, ambos dados de baja.
El último de la lista, es el comandante, también separado de la institución, Marco Meneses Vergara que fungió como jefe de gabinete -entre 2019 y 2020- de la Secretaría General de Carabineros. Este organismo administrativo tiene como función establecer el nexo entre la máxima autoridad policial y otros estamentos internos, instituciones y autoridades del Estado, ONG ‘s, entre otros. En suma, un cargo clave desde el cual Meneses Vergara emitía órdenes a distintas unidades para aumentar el retiro de vehículos. Aprovechaba que por reglamento, los oficios debían llevar un pie de firma que ningún uniformado osaría desobedecer: “Por orden del general director”.
El relato detallado de los hechos consta en la presentación de 61 páginas que preparó el perseguidor Baeza y presentada al tribunal.
A todos se les impuso el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de contactarse.
El general Valdés Pinochet, además, es indagado por el fiscal regional de Punta Arenas, por su presunta participación en lavado de activos en la Mutualidad de Carabineros (Mutucar).
No son los únicos imputados y formalizados en el caso. Lo están también los socios de ACN José María Williamson Poblete y el excabo de Carabineros Francisco Cortez Lovera. Ambos lo están por soborno agravado y asociación ilícita respectivamente, pero a este último se le agregó el lavado de dinero. La firma habría obtenido como ganancias más de 200 millones.
Le siguen con ilícitos similares el coronel en retiro Ismael Cid Riffo con más de 40 millones cobrados en cohecho y el capitán (r) Sebastián Pazo Rodway, quienes actuaron como reclutadores de otros uniformados en la organización, algunos de alto rango, donde aún faltan miembros que deberán enfrentar la justicia. Para aparentar una situación de solvencia y que “se pondrían” con dinero, realizaban almuerzos en hoteles de la Zona Oriente de la capital.
Se trata de una indagatoria donde confluyen narcos, un testaferro que blanqueaba capitales de la droga, un homicida, oficiales de unidades de Huechuraba, Puente Alto, Pudahuel. Hay propiedades a nombre de familiares para evitar que fueran detectadas, autos millonarios y montos que aún faltan por determinar. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), también es parte, como querellante en esta historia que revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
El arrastre
Williamson Poblete tiene un pasado como testaferro. Fue condenado por lavar dinero del narco a 3 años y un día de presidio, de acuerdo a un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El blanqueo lo realizó a través de una empresa de fachada del rubro radiotaxis que nunca generó movimientos financieros y adquirió otros tipo de bienes a su nombre. El traficante era su suegro.
Cortez Lovera, en tanto, fue formalizado por robo con intimidación a un apicultor de Colina. Estuvo preso por más de un año, pero fue absuelto por un tribunal oral. Como fuera, recibió la baja institucional.
De acuerdo con un reportaje publicado por The Clinic, se alió con Franco Cortez Véliz, un narco y condenado por homicidio que devino junto al exuniformado en empresarios con un aparcadero en Lampa.
En 2012 ganaron millones mensualmente, gracias a que distintas comisarías les enviaban los vehículos sacados de circulación. La fórmula se repetiría años más tarde, cuando Cortez Lovera ingresó como socio en 2017 a la empresa Aparcaderos Custodias Nacionales (ACN). Allí Williamson operaba desde 2016 a través de su hijastra Francisca.
Los oficiales
Todo partió en la Sexta Comisaría de Recoleta, donde el teniente coronel Cid Riffo era el jefe junto al capitán Carlos Fernández Paredes, quienes se relacionaron desde 2015 con Williamson y Cortez para dar rienda suelta a un lucrativo negocio.
Según estableció la Fiscalía Occidente, los oficiales comenzaron a favorecer a la compañía para que los vehículos retirados de circulación fueran trasladados con las grúas de la empresa, enviándolos a su aparcadero ubicado en San Bernardo, algunos de los cuales incluso fueron rematados. Como tapadera, fue creada una Brigada de Tránsito (BT).
La fórmula era ideal, porque dentro de la jurisdicción estaba el concurrido Barrio Bellavista, “lo que se tradujo en la obtención de ingentes ganancias para dicha empresa, tanto por el cobro de tarifas de traslados por grúas como tarifas de bodegaje diario”, detalló el fiscal Baeza.
Operaban con el carabinero Julio Inallado, quien como miembro de la BT ejercía las labores preventivas de tránsito junto a su colega Herny Urrutia. Desde 2017, explica la fiscalía, habrían recibido al menos, más de $2 millones.
Subir la apuesta
Para ampliar el negocio a otras comunas de la Región Metropolitana, el teniente coronel Cid, actuando como intermediario de ACN, tomó contacto con otro oficial de su mismo rango, Marco Meneses Vergara quien se desempeñaba en un cargo clave como jefe de gabinete de la Secretaría General de Carabineros. Aceptando violar la ley y aceptar coimas, explica el fiscal Baeza en su presentación, Meneses Vergara emitió Documentos Electrónicos Ordinarios (DOE), cuyo pie de firma señala: “Por orden del general director”. A la sazón, el cargo lo ocupaba Mario Rozas, sin conocer del ilícito.
Los DOE eran emitidos bajo falsas solicitudes de mayor fiscalización que eran enviadas por concejales, abogados, organizaciones ciudadanas e incluso desde autopistas concesionadas. Ninguna de aquellas presentaciones fue contestada por Meneses Vergara, evitando con ello la trazabilidad de los oficios. Tampoco se las envió para su aprobación a su jefe, el por entonces general, Rodrigo Ramos Ebner.
Como en los otros casos, favorecían a la firma ACN, en vez de que los autos fueran enviados “a dependencias del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación u otros aparcaderos de las Municipalidades” o con las cuales estas últimas “hubieren suscrito acuerdos o convenios al respecto”, añadió Baeza.
Gracias a las gestiones del jefe de gabinete, hubo pagos a los comisarios de la 32 comisaría con jurisdicción en el aeropuerto de Santiago y de la 57. Los dineros, según la fiscalía, fueron gestionados por otro reclutador: el capitán Sebastián Pazo. Este último, de acuerdo a la indagatoria, solo en sus cuentas bancarias aparecen depósitos por más de $6 millones entre 2019 y 2020, porque existe una zona de opacidad con los pagos en negro.
Trabajando para usted
Tan buenos réditos tuvo ACN con su contacto en la Secretaría General de Carabineros, que el socio de la firma, Patricio Lovera, consiguió el 4 de diciembre de 2020 un DOE que le costó millones. Este último no iba dirigido a una comisaría sino a las prefecturas Costa, Norte, Occidente, Rinconada, Maipo, Cordillera, Sur, Oriente y Andes, “solicitando (…) controles vehiculares, aludiendo a requerimientos de autoridades edilicias de diversas municipalidades de la Región Metropolitana, sin que se adjuntaran dichas notas, por ser inexistentes”, relató el fiscal Baeza.
El paso siguiente era reclutar más oficiales y ampliar el giro, según el Ministerio Público. Pero no imaginaban que sus llamadas eran interceptadas por la policía.
Y así ocurrió, porque el 23 de febrero del mismo año, el jefe de la Prefectura Maipo, teniente coronel Ricardo Barriga Benavides, le dijo a Cortez Lovera que crearía una Brigada de Tránsito, a través de la cual había lo que todos los otros. Incluyó a dos carabineros de su confianza.
Para lo anterior faltaba solo un documento para operar que el comandante Meneses Vergara demoraba en tramitar. Su colega y también comandante Cid Riffo se impacientó y por WhatsApp le envió un mensaje claro y preciso: “Saca el DOE po’ conchetumadre”. La expresión tuvo efectos.
Barriga por su parte pedía millones a los que llama “el pendrive”. Quería comprarse una casa, revelaron las escuchas telefónicas. También pidió un tablet y cada vez que se coordinaba con ACN, le envía un whatsapp, señalando: “Estamos trabajando para usted”.
El general polilla
Para la organización criminal, el 2020 fue un buen año. Los DOE que llegaban desde el edificio institucional y los nuevos operadores en varias comisarías de distintas prefecturas hacían que ACN ganara dinero y más dinero. El próximo objetivo era un general. Y no cualquiera. Manuel Valdés Pinochet era un alto oficial y mediático por su cargo de jefe de zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial. Era común verlo en noticiarios y matinales dando cuenta de la entrada y salida de vehículos los fines de semanas festivos, los accidentes, muertes e ingentes cantidades de infracciones.
Valdés Pinochet tenía poder. Podía adoptar procedimientos de toda índole: imprevistas toma de alcoholemias con el Senda, fiscalizaciones en días festivos, controles masivos, cortes de tránsito, entre otros, detalló el Ministerio Público. Valdés Pinochet también fue sobornado.
Un hecho ocurrido cuando arreciaba el Covid 19 en Chile, ocurrió el 7 de julio de 2020. Hasta San Bernardo concurrió el general “supuestamente a controlar carreras clandestinas de vehículos”. Fue una simple excusa, señala la formalización, ya que solo buscaba aumentar el retiro de vehículos.
El teniente coronel Barriga, por su parte, seguía haciendo de las suyas en la prefectura Maipo, pero enfrentó un problema el 2 de abril de 2020. La entonces alcaldesa de San Bernardo, la UDI Nora Cuevas, le solicitó “que bajaran los controles y retiro de vehículos (…) ya que el Juzgado de Policía Local estaba solo con 3 funcionarios atendiendo y la gente se ponía agresiva”.
Cortez Lovera, al enterarse de la situación, le escribió por mensajería: “Puta la mina mala onda”. A renglón seguido, le ordenó al prefecto del Maipo buscaran cómo operar en las comunas de Calera de Tango y Buin.
Según la fiscalía, Barriga de esta manera incumplió un dictamen del Director de Orden y Seguridad, el general Enrique Bassaletti, “en el sentido de poner el foco en la prevención de delitos violentos y tráficos de drogas”. Pero hizo caso omiso.
La formalización de cargos menciona al menos a otros 25 funcionarios que aún no están formalizados, mientras se encuentran pendientes alzamientos del secreto bancario de algunos familiares de los imputados que también se habrían prestado para esconder bienes a su nombre.
Por lo pronto, se encuentran en calidad de imputados oficiales de la comisaría de Bajos de Mena en Puente Alto, Huechuraba, Pudahuel, Estación Central, en la Zona Oriente, San Miguel, entre otras.
En cualquier caso, vienen más imputaciones ante la justicia. La organización criminal verde oliva, hasta ahora, es más grande de lo que se pensaba.
La Fiscalía Regional del Biobío formalizará a siete agentes del Estado (un carabinero y seis funcionarios de la Armada) por dos denuncias de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
El primer hecho ocurrió la noche del 26 de noviembre del 2019, cuando una mujer y un hombre -de 24 y 22 años respectivamente- denunciaron una golpiza por parte de un efectivo de Carabineros en el centro de Concepción, específicamente entre las calles Anibal Pinto y Colo Colo, consigna Radio Cooperativa.
El oficial de la policía uniformada será formalizado el 22 de septiembre por el delito de apremios ilegítimos.
El segundo suceso, que pasó el 24 de mayo del año pasado, involucra a Claudio Jarpa (34), de San Pedro de la Paz, y a seis funcionarios de la Armada. Jarpa denunció que una patrulla de infantes de la marina lo golpearon y amenazaron con “hacerlo desaparecer”.
La audiencia de formalización será el 24 de agosto.
Las dos causas contra los agentes del Estado quedaron a cargo del Fiscal Nelson Vigueras. A su vez, las penas que arriesgan los funcionarios van entre los 541 días y los 5 años de privación de libertad.
“Nos gustaría que fueran mucho más los formalizados, a nuestro juicio, de acuerdo a los estados de algunas investigaciones, estaríamos en posición de formalizar más querellas de los que hemos presentado, pero si es un avance y estamos muy conforme con ello”, indicó la directora regional del INDH, Carolina Chang, al citado medio.