Por su parte, la responsable de velar por las garantías fundamentales advierte que los últimos bombardeos israelíes constituyen posibles crímenes de guerra. Un relator asegura que Gaza es la prisión más grande del mundo. Mientras, la ONU solicita 95 millones de dólares para ayuda de emergencia a los palestinos.

El Consejo de Derechos Humanos adoptó hoy una resolución que establece con carácter de urgencia una comisión internacional independiente para que investigue las presuntas violaciones y abusos de las garantías fundamentales en el territorio ocupado palestino, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, cometidas antes y después del 13 de abril de 2021.

El presidente del máximo órgano de derechos humanos nombrará próximamente a los integrantes de la comisión, que deberá reportar sus hallazgos y actividades en la 50ª sesión el Consejo y en la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

El documento se aprobó con 24 votos a favor, 9 en contra y 14 abstenciones en la sesión especial sobre el último episodio del conflicto de larga data entre israelíes y palestinos, celebrada a petición de Pakistán en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica.

El texto dispone, entre otras cosas, que la comisión también indague “todas las causas subyacentes de las tensiones recurrentes, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluida la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa”.

Del mismo modo, el grupo investigador deberá “identificar, cuando sea posible, a los responsables, con miras a asegurar que los perpetradores de violaciones rindan cuentas”.

En la resolución, el Consejo de Derechos Humanos “llama a todos los Estados, organismos internacionales y otros donantes a que movilicen urgentemente el apoyo humanitario para la población civil palestina en el territorio ocupado palestino, incluida Jerusalén Oriental, y a que atiendan sus necesidades imperantes, y exhorta a Israel, la potencia ocupante, a que garantice la ausencia de obstáculos entrega de esa asistencia humanitaria”.

La prisión más grande del mundo

El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, presente en la sesión especial del Consejo, instó una vez más a que la última escalada, la más grave desde 2014, sea investigada por la Corte Penal Internacional.

En ese foro, Michael Lynk describió a Gaza como “la prisión más grande del mundo” y afirmó que ese enclave no es más que una “pequeña franja de tierra, que alberga a más de dos millones de personas bajo ocupación, aislada del mundo exterior por un bloqueo ilegal aéreo, marítimo y terrestre”.

Al respecto, el experto hizo hincapié en que sólo Israel tiene autoridad para determinar “quién y qué entra y sale de la Franja de Gaza”.

“Cuando la violencia intensa regresa a Gaza, como ocurre habitualmente, no hay escapatoria. La prolongación de esta restricción medieval de las libertades básicas durante 14 años es una mancha desgarradora en nuestra humanidad”, acotó.

 
Repetición del pasado

Lynk aseveró que los hechos de este mes en el territorio ocupado palestino no son más que una calamitosa repetición de los ocurridos en 2018, 2014, 2012, 2008-09, 2000, 1987 “y más y más en la trágica historia de los palestinos”, y advirtió que Israel no pondrá fin a su ocupación “si no hay una acción internacional decisiva” que se base en el marco del derecho internacional.

El relator insistió en que la “ocupación de Israel es arraigada y sostenible porque la comunidad internacional nunca ha impuesto un costo significativo a Israel por actuar como una potencia ocupante adquisitiva y desafiante.

Los asentamientos devoran el futuro palestino colectivo

Al hablar de los 2,7 millones de palestinos en Cisjordania, recalcó que viven “en 167 islas de tierra fragmentadas, separadas del mundo y entre sí por puestos de control, muros, asentamientos y carreteras israelíes exclusivas para los colonos. (…) Su futuro colectivo está siendo devorado ante sus ojos por los 240 asentamientos israelíes que se expanden en sus tierras”.

Finalmente, enfatizó la exigencia repetida de las Naciones Unidas a lo largo de los años de que Israel cumpla con sus obligaciones legales internacionales y retire sus asentamientos, detenga sus desalojos, ponga fin a la anexión ilegal y detenga las demoliciones y la expulsión forzosa de palestinos de sus hogares en Jerusalén Oriental.

En vista de que Israel ha ignorado este reclamo, respondiendo de manera desafiante, la comunidad internacional debe recurrir a un nuevo manual diplomático centrado en el derecho internacional que ponga fin a la ocupación israelí, argumentó Lynk.

Crímenes de guerra

También durante la sesión especial, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hizo referencia a los ataques aéreos israelíes en zonas densamente pobladas “provocando un alto nivel de víctimas civiles y heridos, así como la destrucción generalizada de la infraestructura civil”.

“Dichos ataques pueden constituir crímenes de guerra si se determina que son indiscriminados y desproporcionados en su impacto sobre civiles y bienes de carácter civil”, recalcó Michelle Bachelet.

La Alta Comisionada dijo que ambas partes tienen derecho a defender a sus ciudadanos y que los palestinos tienen derecho a vivir de manera segura y libre en sus hogares, algo que no han podido experimentar debido al bloqueo israelí.

 
Situación alarmante en Cisjordania

Añadió que el riesgo de desalojos en Sheikh Jarrah y otros barrios de Jerusalén Oriental sigue siendo alto, mientras que la situación en Cisjordania es alarmante, como lo muestran los diez asesinatos de palestinos por las fuerzas de seguridad israelíes el 14 de mayo pasado.

Asimismo, consideró preocupante la situación en Israel, donde se produjeron ataques de turbas contra personas en las ciudades de población mixta de Bat-Yam, Jaffa y Acra, al igual que asaltos a lugares de culto instigados por ambas partes, sin que la policía israelí protegiera a los ciudadanos palestinos.

Bachelet apuntó que el bombardeo de cohetes de Hamas y otros grupos armados hacia Israel también fue “una clara violación del derecho internacional humanitario”.

Para concluir, Bachelet reiteró la urgencia de abordar las causas fundamentales de la violencia entre esos dos pueblos.

Plan humanitario

Por otra parte, la ONU presentó este jueves un plan de emergencia para asistir a los palestinos afectados por la última escalada de violencia, que empezó los primeros días de mayo y costó cerca de 250 vidas palestinas y diez israelíes, así como miles de heridos y gran destrucción material en la Franja de Gaza, donde las condiciones de vida de la población eran ya muy precarias a causa del bloqueo israelí.

La coordinadora humanitaria de las Naciones Unidas para el territorio palestino ocupado y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, solicitó a la comunidad internacional de donantes que aporte 95 millones de dólares para implementar con celeridad el plan en Gaza y Cisjordania durante los próximos tres meses.

Lynn Hastings se refirió a su visita a Gaza inmediatamente después del alto el fuego, donde se reunió con familias que perdieron sus hogares y medios de vida como resultado de los bombardeos israelíes y observó de primera mano los daños a la infraestructura civil que, entre otras cosas, dejaron a 800.000 personas sin acceso regular al agua.

Hastings indicó que las averías provocaron la descarga de las aguas residuales sin tratar al mar, lo que supone riesgos para la salud, al margen de la contaminación que provoca.

Citó también daños a 54 instalaciones educativas, seis hospitales, once centros de atención primaria de la salud y la red eléctrica, detallando que las familias sólo tienen electricidad entre cuatro y seis horas al día. En resumen, los palestinos de Gaza cuentan ahora con menos acceso a los de por sí limitados servicios básicos que existen en ese territorio en un momento en el que los sistemas de salud se encuentran sobrecargados debido a la pandemia de COVID-19.

La ONU desembolsó a principios de esta semana 18 millones de dólares del Fondo Humanitario para el Territorio Palestino Ocupado y 4,5 millones de Fondo para Ayuda de Emergencia. Con esos recursos, el personal de la Organización y las ONG asociadas distribuyen alimentos y agua, y brindan atención médica y otros servicios a la población necesitada; sin embargo, urgen más recursos para satisfacer las grandes carencias humanitarias.

“No debemos fallarles”

Luego de lanzarse el llamamiento, el Secretario General de las Naciones Unidas apeló a los donantes, diciendo que en las últimas semanas, el mundo vio cómo los civiles “soportaban otro ciclo de violencia y destrucción devastadoras”.

“Niños y adultos murieron, miles resultaron heridos. Las familias han visto sus vidas destrozadas. Es nuestro deber ahora ampliar el apoyo a quienes más lo necesitan. No debemos fallarles”, subrayó António Guterres.

Explicó que la ONU está trabajando para garantizar que se mantenga el alto el fuego y que ninguna de las partes cometa acciones que pudieran escalar el conflicto de la forma en que lo hizo este mes.

Una vez más, Guterres abogó por la calma y estabilidad en Israel y el Estado de Palestina para resolver pacíficamente el conflicto y acabar con la ocupación israelí.

“Precisamos un horizonte político prometedor destinado a poner fin a décadas de ocupación militar, estancamiento político, agravios y desesperanza”, puntualizó el Secretario General.

Fuente: ONU Noticias