Lejos de la calma, las organizaciones de derechos humanos sigue relevando atrocidades en Colombia. 

Uno de los puntos más violentos es Cali. 

Allí, se han tomado testimonios que indican que hay grupos de policías y civiles armados matando gente, que se han instalado casa de tortura, hay fosas comunes y 120 personas con desaparición forzosa a manos de las fuerzas gubernamentales. 

Violencia total 

Un grupo de organizaciones de defensa de los derechos humanos en Colombia denunció la desaparición forzada de 120 personas en el marco de las protestas antigubernamentales en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca.

Un informe publicado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, junto a la Corporación Justicia y Dignidad y el Equipo Jurídico Humanitario 21N, recogió distintas denuncias anónimas sobre presuntas detenciones ilegales, ajusticiamientos y desapariciones de los participantes en Cali, epicentro de las protestas en Colombia, por parte de los miembros de la Fuerza Pública.

«En el documento, se le pide a los organismos del Estado que investiguen sobre la información arrojada en estos testimonios que han hecho públicos, y que inicien exploraciones técnicas en el terreno para determinar la presencia de fosas comunes o sitios donde se hayan podido realizar detenciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales», publica la agencia Rt. 

En la capital del Valle del Cauca se han registrado, a través de videos, abusos policiales y acciones de grupos de civiles armados en contra de los manifestantes, al tiempo que distintas grabaciones que han circulado en las redes sociales han alertado sobre la aparición de cuerpos sin vida en el río Cauca, que pasa por ese departamento. 

Si bien la situación más crítica se ha registrado en Cali, los hechos de violencia no solo se han presentado en esa capital. Hasta el momento, organizaciones como Temblores han documentado la muerte de 43 personas «presuntamente por parte de la Policía» en todo el país, a casi un mes de haberse iniciado las protestas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa maneja una cifra nacional de 17 civiles fallecidos en el contexto de las protestas, nueve en proceso de verificación, 19 que no guardarían vínculos con estos hechos y 1.040 civiles heridos en ciudades como Bogotá, Cali, Yumbo, Medellín, Pasto y Popayán. Además, según esta información, dos policías han muerto y 1.065 uniformados están lesionados. 

El contenido del informe 

En el documento se afirma que «se conocieron las primeras versiones» de la supuesta existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo, en el Valle del Cauca, «a donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños» .

Aunque ha habido violencia en ambos municipios, en Yumbo, donde se han mantenido las protestas y bloqueos, distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado sobre los excesos de los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para contener los manifestantes. Hasta ahora se registraron tres personas muertas y unos 50 heridos, de los cuales nueve son policías. 

Desapariciones 

Según este escrito, otra fuente anónima indicó que el pasado 2 de mayo un Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali «fue usado como un centro de operaciones encubiertas» y «algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos» y posteriormente «sacados en camionetas polarizadas».

Otras «dos fuentes», refiere el documento, habrían informado sobre el movimiento de camiones que, al parecer, «usa la policía para su movilidad», donde se habrían llevado a jóvenes del sector Mulaló, en Yumbo.

Al respecto, en este comunicado se sostiene que «en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos».

Un testimonio recogido en el informe asegura que los jóvenes detenidos por los cuerpos policiales, que habrían sido reportados como desaparecidos por su entorno, «habrían sido ajusticiados». Presuntamente, algunos de los «sobrevivientes» fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y «hoy se encuentran aterrorizados y escondidos».

Sobre las denuncias de desapariciones, la ONG Human Rights International publicó en su cuenta de Twitter que un cruce de datos con las organizaciones colombianas Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), así como la Agencia de Comunicación de los Pueblos y la Fiscalía junto a la Defensoría, arrojó que de 1.148 personas reportadas como desaparecidas 148 continúan sin ser ubicadas. 

¿Casas de torturas? 

Las ‘casas de pique’ son los lugares utilizados para torturar, asesinar y desmembrar a personas, que habrían surgido en Buenaventura (Valle del Cauca) en 2014. En estos sitios, grupos irregulares, criminales y paramilitares realizaban este tipo de prácticas criminales. 

En la reciente denuncia de las organizaciones de derechos humanos, se alerta de las supuestas «operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales», que habrían instalado un sitio con estas características «en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín». 

Hace dos semanas, en ese barrio acomodado ubicado en Cali, según quedó registrado en varias grabaciones, un grupo de civiles armados, resguardado por agentes, disparó a plena luz del día contra una caravana de la minga indígena que se trasladaba por el lugar. Tras el ataque, nueve de sus integrantes resultaron heridos. 

¿Qué se le exige al Estado? 

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y las otras organizaciones afirman que las «dinámicas de represión se han ido sofisticando» en casi un mes de protestas, lo que pretendería «evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal».

Por ello, piden a los entes de investigación y de protección del Estado, entre ellos la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), «desarrollar su actividad con base en la información inicial pública».

Entre las peticiones también exponen la necesidad de una «exploración técnica» con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y de la UBPD, con la participación de observadores de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.

De igual modo, solicitan la «adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial» ante «el temor fundado» que tienen los «eventuales testigos de ser victimizados» por parte de los uniformados.

Según esta comisión, los relatos recogidos en el informe «brindan elementos razonables» de «planes criminales sofisticados» donde presuntamente participaría la Policía Nacional. «Dejamos constancia histórica pública de la información recibida», agregan.

Fuente: RL