La Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) publicó un comunicado de rechazo, repudio e incredulidad a las declaraciones de Keiko Fujimori sobre su supuesta solidaridad ante las denuncias de mujeres esterilizadas forzosamente durante el gobierno de su padre Alberto Fujimori.

Luego de la multitudinaria marcha #KeikoNoVa del sábado 22 de mayo y a pocas horas del primer debate electoral de la segunda vuelta, Keiko Fujimori manifestó en una entrevista al diario Perú21 que le “duele lo que estas mujeres han denunciado y eso se tiene que investigar y sancionar a los responsables”. Sin embargo, mediante un comunicado, la asociación de Víctimas expresó indignada que no cree en las palabras de la candidata, pues considera que tras ver que “está perdiendo en las encuestas y desesperada vuelve a burlarse de nosotras, haciendo ofrecimientos que no cumplirá”.

Pronunciamiento publicado el 23 de mayo en las redes sociales de la AMPAEF. 

Como también lo ha hecho en otras oportunidades, durante la entrevista, Keiko Fujimori defendió a su padre y sus exministros de salud Marino Costa Baüer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es virtual congresista por su partido Fuerza Popular. “Hubo un programa de salud reproductiva y planificación familiar. La política de Estado buscaba dar la información a hombres y mujeres para decir cuántos y cuándo tener a sus hijos, pero ha habido hechos condenables en los que se señala que habría habido intervenciones sin el consentimiento de estas personas”, justificó en la entrevista.

No obstante, la candidata no reconoce los cargos ni las 182 pruebas de acusación fiscal, recolectadas desde el 2002, contra Alberto Fujimori y sus exministros. Para la abogada de Demus, María Ysabel Cedano, sería una estrategia para que no se abra el juicio.

“Aún no estamos en un juicio, sino en las audiencias de la sustentación del caso por el Ministerio Público, quien es la institución encargada de presentar evidencia para identificar posibles víctimas y autores. Quien decide y sanciona es el Poder Judicial. Nos preocupa que los abogados de los denunciados, sigan repitiendo lo mismo, demorándose y que vayan a hacer que se archive de nuevo el caso, como pasó en el 2016”, denunció.

Negación de las esterilizaciones forzadas

Ya el pasado viernes 14 de mayo, Fujimori negó que durante el gobierno de su padre Alberto Fujimori se realizaran esterilizaciones forzadas, hecho por el cual actualmente él y sus exministros están afrontando una audiencia de sustentación del caso como autores mediatos. “En el caso del proceso que se está llevando sobre las mal llamadas esterilizaciones forzadas, ese es un plan de planificación familiar, son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años y se han archivado en cuatro oportunidades”, declaró.

No obstante, Cedano acusa que el caso se archivó anteriormente en medio de irregularidades mediante la cooptación del Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo cual se llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, explica: “Las esterilizaciones fueron archivadas como delitos comunes que ya prescribieron y se sancionó a los responsables inmediatos. Ahora, en las audiencias, el abogado de Fujimori, César Nakasaki, y los otros abogados no han negado que se cometieran delitos y violaciones a los DD. HH., ni que fuera una política. Sus argumentos son que o los delitos han prescrito o que no son responsabilidad de Fujimori y los otros, pero esa defensa no tiene sustento porque fue una política de Estado y porque son crímenes de lesa humanidad, es decir, son delitos imprescriptibles”.

La estrategia del abogado de su padre, es la misma defensa que argumenta Keiko Fujimori. El domingo 16 de mayo manifestó que hubo una mala interpretación de sus palabras. En entrevista con Canal N, señaló que ella no estaba negando la existencia de las esterilizaciones forzadas, sino que insistió en que: “Los hechos aislados denunciados no eran una política de Estado. Hay denuncias al respecto y esto se tiene que investigar. Las responsabilidades individuales, si es que las hubiera, tiene que caer todo el peso de la ley».

Ante la insistencia de supuestas responsabilidades individuales, Cedano recuerda: “Hay evidencias de que el exministro Costa Baüer le informaba a Fujimori sobre las cuotas de las esterilizaciones. Además, en el 2003, ante la CIDH, el Estado peruano suscribió un acuerdo de solución amistosa en el que reconoce que ha vulnerado derechos humanos de forma masiva, compulsiva y sistemática en el marco de una política y un programa”. Por lo que no se trataría de acciones aisladas, sino de una política nacional con conocimiento y aval de los más altos mandos. Finalmente, añade: “Los fujimoristas y Keiko son negacionistas, buscan la impunidad”.

La AMPAEF denuncia en su comunicado a Alberto Fujimori como el principal culpable de este crimen de lesa humanidad y a Keiko como aliada de su padre, a quien busca indultar en caso llegase al poder. Además, señalan que, más allá de los resultados del proceso judicial, es responsabilidad del Estado repararlas. Violeta Bermúdez, jefa de la Presidencia de Ministros, anunció el pasado 19 de mayo que se reunirá con las organizaciones de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas para completar el registro de las víctimas que se trasferirá a la siguiente gestión gubernamental dentro de la agenda de obligaciones y compromisos asumidos por el Estado en materia de violación de derechos humanos.

Por Andrea Morales Salazar para Wayka.pe.

Resumen Latinoamericano