Este 5 de mayo Pablo Hasél va a declarar en los juzgados de Palma de Mallorca en calidad de investigado, por una denuncia de la Fiscalía promovida por la organización fascista Actúa Baleares, una filial de VOX, que goza de simpatías entre los fiscales insulares.

La justicia penal española hace tiempo que se parece a un juego de trileros. Todo cabe en el Código Penal y cualquier persona medianamente influyente puede obtener el respaldo de un fiscal amigo, y promover una acusación que por absurda que parezca, en España puede prosperar.

Siempre hay alguna forma de encajar una conducta en algún delito, porque en España la persecución ideológica es cuestión de echarle imaginación.

El 12 de octubre de 2019 Pablo Hasél participaba en el festival de Música Urbana Reivindicativa (MUR Festival) y concluyó su intervención quemando la bandera de la monarquía española.

Actua Baleares es una plataforma política promovida por el empresario Jorge Campos, referente del llamado «Círculo Balear» y protagonista de la canción que mandó al exilio a Josep Valtonyc «Circo balear», y es ahora la entidad que ha dirigido una denuncia contra Pablo Hasél por aquella quema.

No es nada nuevo que los fascistas tengan en el poder judicial a sus mejores amigos, pero en este caso ha quedado en evidencia la magistral inventiva penal de los fiscales españoles, sobre todo a la hora de inventar delitos.

La quema de banderas en España es legal desde marzo de 2018, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado por las penas a los activistas catalanes Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats, condenados a 15 meses de prisión por la Audiencia Nacional en 2008 por otra quema anterior. El Tribunal de Estrasburgo entendió esta acción como un libre ejercicio de la libertad de expresión.

Pero ante esto, la fiscalía mallorquina ha sacado de la chistera una acusación de «delito de odio» por estos hechos, ya que vincula la protesta de Hasél con un ataque al puesto de la Guardia Civil de la localidad de Sineu la noche del 13 al 14 de octubre, ya que la actitud de Hasél era «enaltecedora».

El concierto se celebró en la localidad de Felanitx, a 30 kilómetros de Sineu, pero da igual, porque todo está relacionado. Ya no hay manera de saber cuál va a ser la próxima acusación, y como decía Kafka en «El Proceso«: «La sentencia no se pronuncia de una vez, el procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia.»

Bonus track: El fiscal que denuncia a Pablo Hasél, José Díaz Cappa, que tiene su propia página web, es un perspicaz agente del Ministerio Público, que ha detectado raudamente la «conexión» de la quema de banderas de Hasél con un «ataque» a un puesto de la Guardia Civil a 30 km de distancia, pero que sin embargo no tuvo esa agilidad visual cuando, siendo Fiscal Coordinador de Menores de Baleares, había entre los menores tutelados de esta Comunidad una trama de explotación sexual desde al menos el año 2015. No tuvo tiempo suficiente.

Por Diego Herchhoren para Mpr21.