El uso espontáneo de divisas le ha dado un ligero respiro a los venezolanos, pero el acceso a esos recursos en moneda extranjera sigue siendo esquivo para gran parte de la clase trabajadora.

La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del parlamento venezolano tiene en su poder una propuesta que busca dar un giro a la crisis económica que sufre el país, con una hiperinflación sostenida por años y un férreo bloqueo financiero impuesto por EE.UU. y la Unión Europea (UE).

La propuesta fue llevada al parlamento hace dos semanas por el diputado Tony Boza quien, junto a otros economistas, pide indexar la economía, es decir, establecer un índice de referencia.

La indexación es una técnica aplicada para la economía que se encarga de ajustar pagos fijados a una tasa permanente, con el propósito de mantener el poder adquisitivo en medio de un proceso de inflación.

Hasta ahora, la crisis es calificada por las autoridades venezolanas como el resultado de una "guerra económica" que se fundamenta en el boicot a la moneda local: el Bolívar, a través de un sistema cambiario popularmente conocido como "paralelo", que promedia su valor con respecto al dólar en un mercado no oficial. En medio de ese escenario, ¿de qué trata la propuesta legislativa?

"Mecanismo de perturbación"

En entrevista con este medio, Boza explicó su visión de cómo opera la utilización del dólar para boicotear la economía venezolana y de qué manera la propuesta de indexación pudiera frenar ese impacto hiperinflacionario.

Para ese análisis, lo primero que aclara es que el promedio "paralelo" es utilizado en Venezuela como referencia para transacciones de particulares y de comercio privado, y suele ser sumamente volátil.

"La manipulación externa de la tasa de cambio no obedece a ningún criterio de oferta y demanda del juego económico formal. Lo han declarado actores de la administración estadounidense: la tasa de cambio ha sido utilizada como un mecanismo de perturbación contra la economía, que obedece a asuntos políticos y geopolíticos", dice Boza.

Por su parte, el Banco Central de Venezuela (BCV) no promedia una tasa de cambio oficial porque no subasta dólares debido a políticas de control cambiario y al hecho de que los ingresos del país cayeron casi 100 % desde que se recrudecieron las medidas coercitivas unilaterales. Estas sanciones se dirigen principalmente contra la industria petrolera, principal fuente de captación de divisas del Estado.

Lo que hace el BCV es publicar, a través de redes sociales, el promedio diario ponderado por la banca en sus transacciones con divisas, un indicador que suele ser similar y hasta superior al paralelo, y que en la cotidianidad se ha empezado a usar para fijar o "indexar" precios en algunos comercios, así como en oficinas del Estado que realizan trámites.

¿Qué plantea la propuesta?

La economía venezolana parece haber tomado un ligero respiro a partir del uso espontáneo de monedas extranjeras (dólares y euros), que realizan algunos sectores privilegiados de la ciudadanía. Sin embargo, el acceso a esos billetes es bastante restringido y esquivo para sectores como jubilados, pensionados y trabajadores públicos, que perdieron abruptamente su poder adquisitivo, antes valorado en unos 400 dólares mensuales y ahora minimizado a 1 o 2 dólares al mes.

Esta distorsión es la que buscaría ser modificada mediante la indexación, afirman los defensores del proyecto. "Lo que estamos planteando es que sean los salarios de la administración pública y de los pensionados, más el cálculo del presupuesto público, los que estén bajo una fórmula indexatoria que se parezca a la que ha venido aplicando el Estado venezolano de distintas formas", sostiene Boza.

El parlamentario considera que ese proceso de indexación se daría como una adecuación al proceso hiperinflacionario, es decir, que todas las transacciones lleven el mismo ritmo de la inflación para que el poder adquisitivo no caiga.

Según su planteamiento, esto permitirá que cuando sea formulado el presupuesto de la nación por el Ejecutivo, los recursos previstos no pierdan su capacidad adquisitiva y puedan servir para ejecutar proyectos, comprar, pagar nóminas, entre otros compromisos que permiten motorizar la economía.

Tony Boza, economista y diputado del parlamento venezolano

"En Venezuela, el presupuesto se calcula en el mes de noviembre y se aprueba en diciembre. Cuando llega enero, febrero o marzo [del siguiente año] para su ejecución, ya el presupuesto, aunque sigue siendo el mismo en valores nominales [cantidades en bolívares], en valores reales ha perdido la mitad o una tercera parte de su valor debido a la inflación [calculada en dólares]".

Reactivar la economía

La propuesta indexatoria, asegura Boza, sería una vía de arranque para mover el golpeado aparato productivo del país. "Es un mecanismo que va a favorecer a la industria nacional y a los empresarios, porque va a preservar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo cual garantiza la demanda agregada suficiente para que la economía sea reactivada", dice.

El parlamentario afirma que al indexar la economía, se conseguiría un equilibro entre los distintos factores que intervienen en el proceso productivo, es decir, los capitales financiero, industrial, comercial y la fuerza de trabajo.

"La fuerza de trabajo también tiene que ser retribuida de manera equitativa, justa y equilibrada, que permita garantizar una demanda agregada suficiente para que la economía pueda ser relanzada", apunta.

En esa misma línea, advierte que "es imposible" incrementar la producción en el país, "si los niveles de demanda y los niveles adquisitivos de los asalariados siguen siendo tan ínfimos como ocurre en Venezuela, donde un salario formal es de 1 o 2 dólares mensuales".

"Esa demanda tan constreñida no va a permitir un relanzamiento de la economía, por eso también la fórmula que proponemos va a afectar positivamente la recuperación de la demanda agregada, necesaria para el reimpulso de la economía".

¿Cómo se realizaría ese proceso?

La propuesta indexatoria también prevé salidas alternas a situaciones particulares de la economía venezolana, como el alza constante de precios aunque el valor del dólar se deprecie.

El planteamiento es que cuando la inflación esté por encima de la tasa de cambio, la indexación se ajuste con una fórmula que tome como "factor de corrección mensual" el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, aunque la tasa de cambio de divisas esté por debajo del nivel inflacionario (precio de los productos), se aplicará el correctivo del IPC y se garantizará el poder adquisitivo.

"Si compro equis cantidad de productos en un mes, este factor correctivo permitirá que yo -como trabajador- siga comprando la misma cantidad de productos mes tras mes. Esto me garantiza la supervivencia con mi fuerza de trabajo, que es el elemento de producción más fundamental", afirma el diputado.

La indexación se haría entonces basada en "una unidad de medida invariable" o constante, que permita aumentar la cantidad de bolívares al momento del pago y que sería proporcional a una misma cantidad en divisas de forma permanente.

Una propuesta distributiva, no una panacea

Aunque suene bien en el papel, la aplicación de estas medidas no es cuestión de decretos, menos aún cuando con el pasar de los años la dinámica de la economía venezolana -sometida a perturbaciones internas y externas- ha dado al traste con iniciativas del Ejecutivo para lograr la ansiada y postergada recuperación.

De hecho, Boza reconoce que indexar "no es una panacea" porque "no va a resolver algunas cosas", como la falta de divisas en el país. El objetivo, argumenta, es hacer "una propuesta distributiva" que garantice el poder adquisitivo, como ya lo aplican comerciantes e industriales.

"Es un mecanismo distributivo. Lo que se está haciendo es montar todo en el mismo tren de la inflación".

En Venezuela, de facto, prácticamente todo está indexado a la inflación: mercancías, servicios, trabajos independientes, presupuestos de empresas y comercios, y hasta algunos cargos en empresas privadas. La gran falta en ese proceso es el salario de trabajadores públicos, las pensiones y el presupuesto nacional.

"Con la indexación se busca que la proporción de la distribución de la riqueza no siga cambiando, es decir, una proporción más grande para los industriales y los comerciantes; y una proporción más pequeña para los trabajadores. Lo que estamos garantizando es que no se siga deteriorando la distribución de las riquezas".

Boza alega que problemas como la entrada de divisas se resuelven con el aumento de las inversiones internas y externas, la activación de la zonas económicas especiales, y el relanzamiento de la industria petrolera, sector que ya comenzó a indexar los salarios de sus trabajadores.

En paralelo, insiste en la necesidad de implementar mecanismos para indexar cuentas y tributos.

Antecedentes locales y externos

La propuesta legislativa de indexación para Venezuela se sustenta en el estudio de casos como los de Hungría, Grecia, Alemania, Yugoslavia, Brasil y Zimbabwe, así como materiales teóricos publicados por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y publicaciones del economista André Lara Resende.

Estos casos convergen en la idea de la indexación a través de una "unidad de cuenta indexada" o una "moneda indexada", que en el caso de Brasil, por ejemplo, sirvió para poner fin a una década de un proceso hiperinflacionario en la que se aplicaron cinco planes, todos basados en aspectos fiscales y monetarios, que fracasaron uno tras otro.

La respuesta indexatoria, añade Boza, surgió como una respuesta natural de los actores económicos, primero de manera informal y, luego, cuando se comenzaron a ofrecer bienes y servicios con precios fijados al valor de una divisa estable, como ocurre en Venezuela.

También hay precedentes del propio Estado venezolano, que ha dado pasos tanto en la norma como en algunos decretos, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y resoluciones del BCV.

Lo que se busca, dijo Boza, es crear un mecanismo "que permita controlar, manejar y administrar el proceso indexatorio", como ya ocurre con el uso de una unidad de cuenta indexada llamada Unidad de Valor de Crédito Comercial, aprobada por el BCV en 2017.

El TJS sentó precedente, en 2018, cuando estableció que las deudas entre privados se indexarán al momento del pago al mismo valor de divisas en que fue adquirida. También la convención colectiva suscrita entre el Ejecutivo y trabajadores petroleros tiene mecanismos indexatorios.

La propuesta que tiene el parlamento podría utilizar el nombre del petro, aunque no descartan otras opciones. "Se utilizaría como una unidad de medida con un valor invariable en términos de divisas. Pudiera llamarse 'petro indexado' y no tendría nada que ver con su valor en el mercado".

La propuesta aún está en la Comisión de Finanzas y se desconoce si se discutirá en plenaria. "Ya no depende de la voluntad de un diputado, depende del cuerpo. Sin embargo, vamos a seguir impulsándola en todos los escenarios".

Por Orlando Rangel Y. para RT.