Las mujeres denunciantes invocan a la ciudadanía a votar con memoria el próximo 11 de abril en las elecciones presidenciales. Señalan con preocupación la candidatura de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del exdictador Alberto Fujimori. En los últimos días, Keiko viene usando la imagen de su padre como parte de su campaña electoral.

Las víctimas de las esterilizaciones forzadas señalan que Fujimori se refiere a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura fujimorista «como supuestas acciones que contribuyeron al desarrollo económico del país, lo que es falso, y evidencia de ello es que se encuentra privado de su libertad».

Recuerdan que el exdictador fue condenado a 25 años de prisión por los casos de La Cantuta, Barrios Altos, entre otros delitos como corrupción y peculado, y que Fujimori aún debe responder por los 1,307 casos de esterilizadas forzadas ejecutadas durante su gobierno como parte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Nacional 1996 – 2000.

Esperan justicia

Tras más de 20 años de los casos de las esterilizaciones forzadas, en marzo de este año iniciaron las audiencias de sustentación de cargos contra Fujimori, sus exministros Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros funcionarios involucrados.

“El juez Rafael Martín Martínez debe abrir investigación judicial. Esta debe hacerse de forma rápida y concluir en que se trató de un crimen de lesa humanidad y con ello, se acuse a todos los autores para que vayan a juicio, que las víctimas llevan esperando más de 20 años”, dijo María Ysabel Cedano, abogada de Demus y coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF).

Hoy día también se recuerda a Mamérita Mestanza Chávez y Celia Ramos, ambas víctimas de una política que las esterilizó sin su consentimiento, violando sus libertades y derechos reproductivos y causándoles la muerte. Un 5 de abril, hace 23 años, le ligaron las trompas a Mestanza bajo amenaza por ser pobre, indígena, quechuahablante, campesina y tener 7 hijas e hijos. Un 3 de abril de 1997, se le practicó este mismo procedimiento a Ramos, que provocó su muerte. Sus hijas están luchando por justicia en sede nacional e internacional.

Derecho a reparaciones

Con relación a las reparaciones integrales, este año el Congreso promulgó la modificatoria de la Ley PIR (Plan Integral de Reparaciones) Ley N° 31119 que reconoce, después de casi dos décadas, a las víctimas de violencia sexual en sus diversas formas entre 1980 y 2000 que conforme derechos humanos incluyen los casos de esterilizaciones forzadas.

“Pese a la aprobación de la Ley 31119, se continúa vulnerando el derecho a las reparaciones integrales para las víctimas. Las hijas e hijos de Mamérita Mestanza Chávez, exigen acceso al programa de reparaciones para todas las víctimas y que el Estado peruano cumpla con la reparación en educación», señaló Milton Campos, abogado de Demus.

Campos señaló que el hijo menor de Mamérita, Almanzor Salazar, terminó hace 2 años la secundaria y no ha accedido a una educación brindada por el Estado, pese a que fue uno de los compromisos suscritos en el Acuerdo de Solución Amistosa en el 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A puertas de las elecciones generales 2021, todavía hay muchos obstáculos para que las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno incluidas las víctimas de esterilizaciones forzadas obtengan justicia.

“Solicitamos a las y los candidatos incluir en sus planes de gobierno una agenda de derechos humanos, que permita garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de esterilizaciones forzada. El REVIESFO debe garantizar servicios para que logren justicia y la Ley 31119 debe cumplirse. El MINJUS y el Consejo de reparación deben asumir su responsabilidad”, dijo Cedano, abogada de Demus.

FUENTE: La Mula