Cientos de personas se reunieron en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca exigiendo la liberación del artista catalán.
Protestas en apoyo a Pablo Hasél en Madrid, España, el 20 de marzo de 2021.Juan Medina / Reuters.
Una nueva serie de protestas se realizaron este sábado en distintos puntos del territorio español en apoyo al rapero catalán Pablo Hasél, quien fue encarcelado por enaltecimiento al terrorismo e insultar a la monarquía.
Cientos de personas salieron a las calles de Madrid para manifestarse en contra de la decisión judicial. Las reuniones no fueron autorizadas por el Gobierno y una gran cantidad de contingente policial bloqueó el avance de los manifestantes, quienes se dirigían al centro de la ciudad.
En Barcelona las protestas se desarrollaron de manera similar, con cantos contra la policía española y lemas en apoyo a la liberación de Hasél.
Asimismo, en Palma de Mallorca también se reunieron cerca de 30 personas para manifestarse en contra de las medidas judiciales.
El rapero español permanece en prisión desde el pasado 16 de febrero por una condena inicial de nueve meses y un día, además de una multa de 30.000 euros por el contenido de 64 tuits y una canción de su autoría, que lo vinculan con terrorismo e injurias a la Corona.
El 3 de marzo, mientras se encontraba detenido, Hasél recibió otra querella interpuesta por el partido de ultraderecha Vox por quemar una bandera de España durante la celebración de un festival en las Islas Baleares el 12 de octubre de 2019.
Este tipo de enjuiciamientos no son nuevos en el país y las detenciones se sustentan bajo un marco jurídico que muchas veces ha causado contradicciones.
En España, ciertos reglamentos son conocidos como 'leyes Mordaza' e incluyen la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la reforma del Código Penal en materia de terrorismo, una serie de medidas publicadas en 2015, que para muchos fueron implementadas con el fin de aplacar la contestación ciudadana en las calles.
Las críticas de distintas organizaciones no gubernamentales y fallos como el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2018 en contra de España por el caso de dos jóvenes independentistas que, en 2007, quemaron una fotografía del entonces rey, Juan Carlos I, durante unas protestas, acrecentan las dudas sobre la libertad de expresión y otros derechos civiles en el país ibérico.