Cuando este martes, 2 de marzo, se cumplen cinco años del asesinato de la luchadora medioambiental hondureña Berta Cáceres, organizaciones de la sociedad civil del país centroamericano protagonizan una jornada de conmemoración y lucha por la justicia.

Berta Cáceres, quien fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en La Esperanza, Intibucá, por liderar una campaña para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica con financiación internacional en un río sagrado para el pueblo lenca, su comunidad de origen.

Desde entonces, siete personas fueron declaradas culpables y condenadas el 2 de diciembre de 2019 por su asesinato; sin embargo, solo una persona, David Castillo Mejía, está acusada hasta ahora de ser el «autor intelectual» de su asesinato, a pesar de que un informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) señala a otras personas que podrían haber participado en la planificación del crimen. Castillo Mejía era el gerente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), encargada del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

De acuerdo al Copinh, el cual antes y después del asesinato de Berta Cáceres ha denunciado amenazas por parte de las hidroeléctricos y fuerzas paramilitares; los abogados de David Castillo han adoptado medidas dilatorias en reiteradas ocasiones, las cuales han provocado retrasos en el proceso judicial hasta la fecha.

Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han solicitado de manera reiterada a las autoridades hondureñas que garanticen los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación para la familia de Berta Cáceres y a las personas que integran el Copinh.

La familia de Berta Cáceres denunció, en agosto de 2020, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras preparaba un complot para liberar a David Castillo, trama que no prosperó por la presión de las organizaciones hondureñas; aunque trascendió que en la audiencia de revisión de medidas, la defensa del imputado se ofreció pagar una fianza por el equivalente de 165.000 dólares que tenían como garante al banco Bac-Credomatic; lo cual, a juicio de Bertha Zúñiga, viene a demostrar «la clara vinculación que existe entre la familia Atala y el asesinato de la lideresa, al ser Jacobo Atala dueño de la institución financiera».

El abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California, Joseph Berra, afirma que la ambientalista hondureña vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco: «aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección».

El jurista afirmó, de igual manera, que «desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes indígenas y afrodescendientes han sido asesinadas en Honduras […] estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos».