Cuando el presidente brasileño Jair Bolsonaro se enfrenta a numerosas denuncias por crímenes contra la humanidad por su desidia en controlar la pandemia de la Covid 19 que ha provocado decenas de miles de muertos, así como por destruir la Amazonía, perseguir a los indígenas, arruinar su habitad e ignorar sus derechos, el mandatario continúa impulsando la privatización en todos los lugares del país.

Las dos últimas medidas tomadas por su administración han causado enorme malestar entre la población, partidos políticos de oposición y hasta en la comunidad internacional debido a la nefasta trascendencia que tienen contra los derechos públicos.

En medio del avance de la pandemia de coronavirus en el país, Bolsonaro lanzó una propuesta para iniciar un proceso de privatización del sistema público de salud, uno de los pilares de la Constitución de 1988.

De esa forma se ordenó el inicio de los estudios sobre alternativas de asociación privada para la construcción y operación de Unidades Básicas de Salud en los Estados, el Distrito Federal (Brasilia) y los Municipios.

El decreto abre paso para que el Sistema Único de Salud (SUS), que atiende a tres de cada cuatro brasileños, sea incluido dentro del Programa de Proyectos de Inversiones (PPI) que asiste al 75 % de la población brasileña. El otro 25 % posee seguros privados.

La mano derecha de Bolsonaro para esas ejecuciones, es el ministro de Economía, Paulo Guedes definido como un ultraliberal graduado en la escuela de Chicago que trabajó para la dictadura chilena de Augusto Pinochet, la cual pone de ejemplo a seguir en Brasil.

Hasta ahora el SUS, creado por la Constitución de 1988 tras la violenta dictadura militar brasileña (1964-1985) ha sido financiado por el Gobierno federal y ejecutado por los diferentes Estados y municipios.

El otro hecho preocupante concerniente al plan integral de privatizaciones del presidente es la apertura de licitaciones para la concesión de parques nacionales a lo largo del país.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) firmó acuerdos con seis estados, Bahía, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Río Grande do Sul y Tocantins con el objetivo de incentivar las concesiones de 26 parques naturales públicos al sector privado.

Importantes espacios de conservación silvestre, como Jalapao, Ibitipoca, Rio Doce y Dois Irmaos, podrán ser administrados por empresas privadas.

El grupo Construcap ya ganó la licitación para los Parques Nacionales, Aparados da Serra y Serra Geral los que administrará durante 30 años e invertirá más de 51 millones de dólares en subsidios e infraestructuras para explotarlos turísticamente.

La concesión transfiere los servicios de seguridad y mantenimiento al sector privado, a cambio de la explotación comercial de la zona, lo cual le permite cobrar derechos de admisión al área de reserva, tiendas de recuerdos, cafeterías, transporte interno de pasajeros en recorridos por los ríos, vuelos panorámicos en helicóptero, administración de centros de visitantes, senderos, sitios de acampada y miradores.

La secretaria del Programa de Asociaciones en Inversiones, Martha Seillier, informó que el gobierno pretende recaudar unos 70 100 millones de dólares mediante privatizaciones y alianzas público-privadas en 2021.

La lista de empresas a privatizar o dar en concesión durante este año se elevan a 115 y en el documento aparecen la Electropaulo que provee la energía a un tercio del país, y Correios, la mayor agencia postal de América latina.

Están estipuladas subastas para otorgar licencias a 24 aeropuertos, entre ellos el de Viracopos, una de las mayores terminales aéreas de cargas del país.
Se suman otras dos subastas para entregar derechos de exploración y explotación de petróleo y gas en áreas marinas.
Desde el golpe parlamentario contra Dilma Roussef en 2015, el entonces presidente interino Michel Temer, aplicó extremas medidas neoliberales que profundizaron las privatizaciones en las ramas de la energía, los hidrocarburos, el transporte, los aeropuertos, la minería y la banca, entre otros.

Bolsonaro, seguidor en supremacía de esa tendencia de capitalismo salvaje, ha elevado esas propuestas las que afectarán a todas las esferas productivas y de servicios en el gigante sudamericano.

Denominado por muchos medios de comunicación como el  “depredador ambiental”, Bolsonaro desde el inicio de su campaña electoral enfatizó que no reconocería ni un centímetro más de tierras indígenas y tras la llegada al poder impulsó la explotación económica de los recursos naturales amazónicos sin regulaciones ni burocracia.

En los primeros seis meses del 2020 el área desbrozada por talas indiscriminadas e incendios en la Amazonía es tres veces más grande que la ciudad de Nueva York y se cuadruplicó con respecto al año anterior. 

En la explotación de los recursos amazónicos se han involucrado empresarios, políticos, individuos con gran capital económico y hasta compañías transnacionales.

Unas 12 millones de hectáreas de tierras públicas, un área del tamaño de Guatemala y El Salvador juntos, han sido ocupadas ilegalmente por esos propietarios privados que desalojan sin contemplación a los nativos de esas zonas.

La arbitraria política de Bolsonaro le ha traído graves consecuencias al pueblo brasileño que deberá aprender y sacar lecciones sobre esta nefasta administración. 

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.