Las denunciantes exigen al juez Rafael Martín Martínez que fije fecha y hora para proseguir con la sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y sus exministros.
El pasado 11 de enero, el Poder Judicial suspendió la audiencia de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y sus exministros Mariano Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros exfuncionarios. ¿El motivo? La falta de traductores de las distintas variantes del quechua de las denunciantes víctimas de esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista.
Ante ello, las denunciantes exigen al Juez Rafael Martín Martínez que fije fecha y hora para proseguir con la audiencia de sustentación de cargos. Las víctimas mostraron su indignación porque el Poder Judicial sabía que eran quechuahablantes y porque ya anteriormente abogados de DEMUS habían advertido la necesidad de intérpretes para el adecuado desarrollo de la audiencia.
“Basta de impunidad! Sabían que muchas éramos quechuahablantes, el juez y fiscal tenían que haber previsto traductoras oficiales, es nuestro derecho. Es una burla que los abogados fujimoristas defiendan nuestros derechos” dijo Rute Zuñiga (Cusco), presidenta de la Asociación de mujeres peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas (AMPAEF).
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Por su parte, Inés Condori, presidenta de la Asociación de Víctimas de Chumbivilcas, manifestó su rechazó a «que el abogado (César) Nakazaki utilice nuestro derecho a traducción para dilatar la audiencia y pretenda excluir a Fujimori del proceso penal».
María Elena Carbajal, presidenta de AVEF Lima y Callao, recordó que no es la primera vez que Fujimori alega problemas de salud para evadir la justicia y tratar de quedar impune como pasó con el indulto que la presión ciudadana logró revertir.
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Por otro lado, las denunciantes se refirieron al hecho de que el abogado de Fujimori lo excusó recurriendo a las normas del Tratado de Extradición Perú – Chile y al nuevo Código Procesal Penal: el acusado puede asistir o no a las audiencias, siempre y cuando se mantenga la presencia del representante legal.
Al respecto, María Esther Mogollón, coordinadora del Grupo de seguimiento a las reparaciones en Esterilizaciones Forzadas, señaló que “Fujimori no puede ser un denunciado ausente
«Exigimos se agilice la solicitud de extradición por esta causa que afectó a miles de mujeres que llevan luchando más de 25 años por verdad, justicia y reparaciones integrales”, dijo Mogollón.
Los abogados de DEMUS, María Ysabel Cedano y Milton Campos, abogados de DEMUS en los casos de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, víctimas mortales de las esterilizaciones forzadas, exigieron al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan con la debida diligencia reforzadas para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos.
Según la Defensoría del Pueblo, entre los años 1996 y 2001 se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en todo el país. El cálculo estimado de mujeres esterilizadas de manera forzada supera las 2,000 víctimas.
FUENTE: La Mula.pe