Por Sergio Hernández-Ranera Sánchez para Sputnik.
La justicia británica rechazó extraditar a Julian Assange a EEUU alegando un riesgo para su salud. Pero el fallo atiende a la desconfianza en el sistema carcelario estadounidense antes que a una defensa de la libertad de prensa, opinan los expertos consultados, para quienes su recurso puede no prosperar "porque el efecto ya está conseguido".
Mientras la Fiscalía del Reino Unido, en representación de la justicia estadounidense, prepara un recurso contra tal decisión, la jueza Vanessa Baraitser todavía debe fallar sobre la concesión de su libertad condicional, que solicita la defensa.
Pero en su sentencia de 132 folios de extensión, la magistrada de la corte penal del distrito de Old Bailey, en Londres, considera demostrado que las condiciones de confinamiento severo en las que probablemente sería encerrado el australiano en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, incrementarían ostensiblemente el riesgo de que se suicide, habida cuenta del deterioro de su salud mental. Es decir, en su dictamen, Baraitser no ha discutido los argumentos de la parte estadounidense, basados en la interpretación de la Ley de Espionaje de 1917 que castiga la revelación de secretos de Estado, aunque tales argumentos puedan confrontar directamente con la libertad de prensa y de expresión que protege la propia Constitución de EEUU. Tampoco se ha cuestionado que tales secretos fueran en realidad crímenes de guerra.
Así, el dictamen de Vanessa Baraitser desestima buena parte de la argumentación de la defensa de Assange, basada en el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la ciudadanía a recibir información veraz, y centra su contenido en razones de tipo humanitario.
"Más que una defensa de la libertad de expresión, lo que muestra la decisión de la jueza es una desconfianza en las condiciones carcelarias de EEUU, en su sistema judicial y en su respeto a los derechos humanos", explica a Sputnik el periodista y ensayista Pascual Serrano, que lamenta que Baraitser no haya referido que las acciones de Julian Assange "deberían enmarcarse en la libertad de expresión y, por tanto, ser consideradas lícitas y legales".
"Queda seguir luchando porque eso se reconozca y porque se decrete la libertad de Assange, puesto que no tiene ningún cargo pendiente en el Reino Unido ni es reclamado por ningún otro país".
Ya en 2019, mediante un escrito dirigido a varios medios de comunicación, Nils Melzer, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, alertó de que con el caso Assange se estaba sentando "un precedente legal" que en el futuro podría igualmente aplicarse a las revelaciones de otros medios.
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El efecto disuasorio sobre periodistas o personas que tengan la posibilidad de difundir información clasificada acerca de actuaciones ilegales de algún Gobierno es una de las interpretaciones que se hacen sobre la peripecia y encarcelamiento de Julian Assange. También puede ser la consecuencia que se infiere del contenido de la sentencia dictada por la justicia británica.
Pero más allá de esta interpretación, Pascual Serrano ofrece una lectura más. "Del mismo modo [la sentencia] muestra que el prestigio y la influencia de EEUU en la comunidad internacional están cayendo en picado". A lo largo de los casi 10 años que dura la peripecia de Assange, no todos los medios de comunicación se han mostrado unánimes en su apoyo al australiano y su causa, continúa habiendo disparidad de criterio, también mostrada por la mayor o menor atención que dedican a su caso. "Los medios de comunicación se alinearán no en función de posiciones éticas respecto a la libertad de expresión, sino en función de servidumbres respecto a los poderes en conflicto", afirma Serrano.
"Es decir, los que se plieguen a los intereses de quienes en EEUU quieren encarcelar a Assange, no pedirán su libertad. Y quienes no se vean subordinados a este país, la exigirán. En estas situaciones es cuando se aprecia qué medio es libre o no".
La impresión de José Luis Mazón, abogado con amplia experiencia en casos de temática humanitaria, algunos de los cuales elevó al Tribunal de Estrasburgo, es que el recurso no prosperará y que Assange finalmente no será extraditado, si bien admite que es "una corazonada". "Creo que han decidido soltarlo, porque el efecto Assange está ya conseguido: meter miedo. Para el propio estado profundo de EEUU era peligroso que Assange continuase así. Es un pacto de mucha altura, pero coincide con el beneficio de los derechos humanos", declara a Sputnik.
"Creo que interpretan que ya ha cumplido el castigo y saben que corre riesgo de suicidarse. Y no lo quieren muerto, sino vivo. Porque a los malvados la justicia les interesa cuando coincide con sus intereses, en este caso que Assange no muera en una cárcel americana creando un icono adverso intemporal".
"La decisión de la jueza va en la línea de la jurisprudencia europea más avanzada en materia de derechos humanos", afirma Mazón.
"Estrasburgo prohíbe hacer extradiciones a países donde no se vayan a respetar los derechos suscritos en el convenio, y a países donde se vayan a aplicar cadenas perpetuas no revisables, como EEUU", añade, subrayando la importancia del fallo, dado que, a su juicio, "detrás de la persecución a Assange hay intereses turbios y muy poderosos". "Por eso es muy meritorio. Es como una expresión de justicia divina. Ahora los jueces que tengan un criterio más reacio, tendrán más difícil revocar el dictamen de la jueza. Porque también hay un ambiente mundial y humano de apoyo muy amplio a Assange. Quien esté en contra de la decisión, es que no defiende intereses humanos, sino antihumanos o deshumanizados".
Mazón sostiene que todo un cuerpo jurídico del Derecho Internacional, superior a las justicias nacionales, debe asistir a Assange. "¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Poner al descubierto la corrupción institucional. Hay convenios internacionales ─en la ONU, por ejemplo─ que prohíben perseguir a una persona por denunciar la corrupción. Assange no solo ejerció un derecho, sino que cumplió un deber mundial".
A juicio de Mazón, las garantías de imparcialidad de la justicia británica, "una de las mejores de Europa", se sostienen gracias a un sistema que exige "unas aptitudes éticas y una competencia profesional" casi sin parangón. "Menos en Alemania. Aquí hay que recordar el dicho 'Aún hay jueces honestos en Berlín'", matiza, aludiendo a la frase atribuida a Federico II de Prusia después de que la justicia diera la razón a un molinero y no a él en un litigio que concernía a ambos. "Pues con esta jueza pasa lo mismo: aún quedan jueces en Londres".
El recurso contra la decisión de la magistrada Vanessa Baraitser no tendrá recorrido, afirma Mazón. "No se ha inventado ninguna norma ad hoc para el caso; si hay un riesgo de integridad física para la persona, la extradición no se lleva a cabo. Ella ha hecho una interpretación casuística de una norma general, que existe en el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU y en otros organismos sobre los límites que tiene una extradición. Pero desde el punto de vista de los intereses creados, seguramente hay otra realidad. Espero que estos no triunfen".
Y dado que la sentencia de la jueza Vanessa Baraitser gira en torno al aspecto humanitario. ¿Los crímenes de guerra son un muro contra el que hasta la jurisprudencia en materia de derechos humanos tiene fácil estamparse y no avanzar?
"En los convenios internacionales de lucha contra la corrupción no hay materias excluidas donde se dispense de la denuncia contra la corrupción por parte de instrumentos o instituciones nacionales", explica Mazón. "Eso quizá sirva para el consumo interno en EEUU, pero no tiene por qué tener reflejo en la legislación internacional de derechos humanos. No existen una cláusulas de reserva, precisamente los crímenes de guerra son los más perseguidos".
"Otra cosa es que ese derecho no se aplique, pero en tal caso se infringe", concluye. "Desde el punto de vista de la legitimidad racional y la legitimidad jurídica, un supuesto de crímenes de guerra es un estímulo para que se investigue más, porque significa una mayor crueldad. Si un tribunal es independiente, tiene que aplicar los convenios internacionales, que están por encima de las leyes nacionales. Y es algo tomado de la ley fundamental de Alemania y de una Constitución que se hizo en Italia después de la guerra. Los convenios internacionales son un supraderecho".
Por Sergio Hernández-Ranera Sánchez para Sputnik.