En otro final de año trágico, Brasil vuelve a lamentar su Black Lives Matter cotidiano. La población negra representa el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales con resultado de muerte.

«El racismo entierra cuerpos negros todos los días», señala el último informe de la Rede de Observatórios da Segurança: El color de la violencia policial: la bala no falla su objetivo. Es el mismo racismo que enseña a los policías brasileños cuál debe ser el destino final del proyectil. Para eso, como refleja el estudio, «no hay vacuna».

Las últimas semanas de 2020 han vuelto a ser la prueba pura y dura del trágico modus operandi de la Policía Militar brasileña. A finales de noviembre llegó el caso del artista plástico y grafitero Wellington Copido Benfati, conocido comoNegovila (de 40 años), asesinado en São Paulo por un policía militar fuera de servicio tras una pelea nocturna. Emily Victoria (de 4 años) y Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos (7 años), fueron enterradas hace unos días en Duque de Caxias, tras morir tiroteadas en una acción policial a la puerta de su casa. El pasado fin de semana la Policía Militar de Río de Janeiro acabó con la vida de Edson Arguinez Júnior (20 años) y Jhordan Luiz Natividade (17 años), en elúltimo caso mediático de la polémica corporación hasta la fecha.

Edson y Jhordan circulaban en una motocicleta la madrugada del pasado sábado 12 de diciembre por la calle Margem Esquerda, en el barrio Vila Mercedes, del municipio de Belford Roxo, cuando dos policías militares les abordaron derribándoles en marcha con un disparo. Una vez en el suelo los policías agredieron a los jóvenes, les esposaron, requisaron la moto y se los llevaron detenidos. Horas después, Edson y Jhordan fueron encontrados, asesinados y arrojados a una cuneta, con señales de ejecución sumaria.

La constancia en las actuaciones de la Policía Militar «evidencia un patrón de banalización de la muerte«, comenta en conversación con Público Fábio Amado, coordinador del núcleo de derechos humanos de la Defensoría Pública de Río de Janeiro. En su opinión, la tradicional estrategia llevada a cabo en el ámbito de la seguridad pública «antepone el enfrentamiento en detrimento de la inteligencia», y es la demostración más cruda del «racismo estructural e institucional, fruto del propio proceso de construcción del país».

Jonas Di Andrade, activista y comunicador social en Voz das Comunidades, considera a los muertos «víctimas de la violencia del Estado en Río de Janeiro». Para él, «es un proyecto de exterminio, un genocidio». No es nuevo, nace en la República Velha, a finales del siglo XIX, con las tesis eugenistas del blanqueamiento de la población brasileña. Luana Tolentino, historiadora, escritora y activista del movimiento feminista negro, comparte el análisis: «El asesinato de la juventud negra es un proyecto de Estado, un proyecto político».

La Policía Militar se emplea «no para proteger, sino para violentar», censura Di Andrade. «Basan su necropolítica en una guerra contra las drogas, su excusa para ir matando a la población negra». Una guerra, por otra parte, falsa y absurda, ya que causa más daño del que ha causado, causa y causaría la propia droga.

A estas alturas, cuando hace tiempo ya que se superó el punto de no retorno, es complejo diseñar soluciones capaces de hacer justicia y capaces de reparar. El primer paso que daría Fábio Amado, desde la Defensoría Pública de Río de Janeiro, sería implantar una «política pública basada en la reducción deletalidad policial, y diseñada con la participación de instituciones, organizaciones y también de la población. Con transparencia y construcción colectiva, con metas y recursos disponibles». Después vendría el fortalecimiento del peritaje judicial, y el establecimiento de protocolos que regularan de forma efectiva las operaciones policiales en las favelas. Se supone que se habían adoptado durante la pandemia, tras resolución del Tribunal Supremo, pero no se están cumpliendo.

Luana Toletino comenzaría por aplicar «cambios en la estructura de poder de este país: hace más de quinientos años que los que mandan son los mismos. Hay mayoría blanca en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial». El segundo paso que daría Tolentino es el de desnaturalizar estas muertes. «La prensa contribuye en la naturalización». Como esos casos en los que las noticias insinúan que los ejecutados podrían estar implicados en el tráfico de drogas, o como cuando se culpa de los fallecimientos a las balas perdidas.

No, las balas no se pierden. Saben muy bien hacia dónde se dirigen. Tienen muy claro, como define Jonas Di Andrade, «el color, la clase, el género, el territorio y hasta el código postal«: la población negra representa el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales con resultado de muerte en Brasil. «Consideran que las personas que allí viven no son humanas, por eso la violencia está justificada», denuncia el comunicador de Voz das Comunidades.

La respuesta de la población negra ante la masacre diaria

Ante el ensañamiento del día a día, pedir manifestaciones a la altura, protestas contundentes, es pedir demasiado. La primera reacción, tan lógica como otra cualquiera, es acostumbrarse a la pena de muerte que la Policía Militar instauró hace tiempo por su cuenta y riesgo en las favelas, o al tiroteo cotidiano que adoptó el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel –hoy apartado de su cargo por desvío de recursos en la secretaría de salud–. El brasileño medio cena con noticias como las de la Sala Roja de la tortura delEjército Brasileño y ni se despeina.

«La población negra, desgraciadamente, ha sido masacrada, muchos lo naturalizan, sobre todo en las favelas de las periferias, porque estas muertes son algo muy recurrente», se lamenta Jonas Di Andrade: «No llevan la indignación dentro, no lo valoran como genocidio». El comunicador comunitario asegura entender, en parte, a ese sector de la población, que en muchas ocasiones bastante tiene con seguir en pie en los márgenes de la decencia y de la dignidad: sin agua, sin saneamiento básico, sin comida.

Comparar la respuesta frente al racismo policial de la población negra en Brasil con la respuesta en Estados Unidos es injusto, defiende Luana Tolentino: «La población negra brasileña está tan agredida, tan violentada, que acaba entrando en un estado de resignación. Piensan que realmente esto es así, que estas cosas pasan«.

Casi todo está recubierto por el incalculable daño que ha producido en Brasil el mito de la democracia racial, la leyenda de que aquí se vivía en armonía, la mentira que se repitió y se imprimió incansablemente hasta acabar adherida al fenotipo. Como dice el antropólogo brasileño-congolés Kabengele Munanga, la miscigenación, el proceso forzoso de blanqueamiento, «le ha robado al movimiento negro brasileño la máxima de que la unión hace la fuerza, al separar a los negros de los mestizos, y al alienar el proceso de identidad de ambos». A pesar de todo, «si hoy tenemos en Brasil políticas públicas como el sistema de cuotas raciales o las leyes del combate al racismo», puntualiza Tolentino, «es gracias al movimiento negro«.

Respuesta oficial de la Policía Militar de Río ante los dos últimos asesinatos

«En cuanto el comando de la corporación tuvo conocimiento de los hechos, se adoptaron de inmediato todas las medidas pertinentes», ha respondido la Policía Militar de Río de Janeiro cuando el diario Público le ha solicitado su versión sobre las muertes de Edson y Jhordan, en Belford Roxo. «Los dos policías citados en la posible acción fueron identificados y prestaron declaración en la 3ª Comisaría de la Policía Judicial Militar. Las armas de los militares, tanto las de la corporación como las particulares, fueron recogidas y presentadas ante la Comisaría de Homicidios de la Baixada Fluminense». Aclara la institución que «los policías han sido detenidos y conducidos a la Unidad Prisional de la Policía Militar del estado de Río de Janeiro».

Los cuerpos sin vida de los dos jóvenes fueron encontrados en un barrio bajo el dominio de milicias paramilitares, a tres kilómetros de donde fueron detenidos por los dos policías militares. En el coche patrulla había restos de sangre. El portavoz de la corporación, Ivan Blaz, califica la actitud de los agentes como «muy grave». Ha declarado para los medios de comunicación que: «La conducta, la conclusión de esta incidencia, fue absolutamente errada. Y eso está colocando a estos policías en una situación muy difícil. No es posible que esa incidencia fuera simplemente ignorada y nada fuera relatado».

Muy probablemente, el proceso judicial contra los policías quedará estancadoen algún punto del camino. «En Río de Janeiro, el índice de resolución de homicidios en general es muy bajo, en cualquier tipo de práctica delictiva», reconoce Fábio Amado. «No se consigue reprimir ni desmontar las estructuras de muerte». La Policía Militar, además, juzga sus actuaciones de manera interna, por medio de la Justicia Militar, con alto grado de corporativismo y opacidad.